“Ya no tengo más voz que la que tiene/ un hombre entre la noche,
sacudido/ por una pesadilla que va y viene”, escribe Aquiles Nazoa
sobre la represión contra los revolucionarios griegos. Contra
pesadilla que va y viene, la voz debe alzarse una y otra vez.
Se sabe que en Venezuela 97,5% de las divisas proviene de las
exportaciones del Estado, única entidad competente para ejercer la
industria petrolera; que el gran y casi único negocio de la burguesía
parasitaria es lograr que el Estado le aporte ese ingreso, al extremo
de que sólo entre 2003 y 2014 fueron transferidos 329.756 millones de
dólares del Tesoro Público a un sector privado cuyas exportaciones no
aportan más del 2,5% de las divisas que nos ingresan.
Para combatir esa situación, sancionó Chávez el DECRETO CON RANGO,
VALOR Y FUERZA DE LEY DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS, el cual
disponía restrictivamente cuáles órganos del Estado podían vender
divisas a los particulares, para qué finalidades, a qué precio, con
cuáles trámites, y las sanciones a ser aplicadas por infracción.
Esa restricción en el otorgamiento de divisas por el Estado fue
siempre considerada fundamental. “Ni un dólar más para los golpistas”,
precisó Chávez al sancionarla. “Si quitamos el control de cambios nos
tumban”, reiteró Aristóbulo Isturiz en 2016.
A pesar de haber sido violado con escandalosa frecuencia, este
Decreto Ley evitó la fuga de 422.669 millones de dólares entre 2003
y 2014 y posibilitó que hasta 2018 conserváramos unos 8.756 millones
de dólares en las reservas, que impedían que el país fuera declarado
en “default” o quiebra.
Comprensiblemente, el candidato opositor Henry Falcón arranca su
campaña presidencial en enero de 2018 con una promesa central: la
sustitución del bolívar por el dólar como signo monetario de
Venezuela.
Incomprensiblemente, en agosto del mismo año el gobierno elimina el
control de cambios, abriendo paso al programa de dolarización
prometido por el perdedor Henry Falcón, a pesar de que tal operación
es imposible.
En primer lugar, el artículo 156 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela pauta que “es de la competencia del Poder
Nacional: 11. La regulación de la banca central, del sistema
monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado
de capitales; la emisión y acuñación de moneda”. Y el artículo 318
pauta que: “La unidad monetaria de la República Bolivariana de
Venezuela es el Bolívar”. Para imponer el dólar como unidad monetaria
habría que reformar la Constitución, y la Asamblea Nacional
Constituyente no será instrumento de esta rotunda pérdida de
soberanía.
Tampoco es posible que el Estado adquiera los dólares necesarios para
utilizarlos como moneda. La masa monetaria de Venezuela era en 2013 de
1.188.000.000.000 de bolívares, un 44.82% del Producto Bruto Interno.
El PBI para 2017 según el FMI sería de 215.307 millones de dólares;
para obtener las divisas equivalentes aproximativamente a un 44,82% de
esa magnitud deberíamos gastar la totalidad de nuestras reservas
internacionales -que a mediados de 2017 totalizaban 9.928 millones de
dólares- y todavía encontrar otros 999.990 millones de dólares en
momentos en que el país confronta problemas de liquidez para
satisfacer compromisos internacionales y realizar importaciones
indispensables.
Aparte del 97,5% de las divisas que produce la explotación de recursos
naturales por el Estado, sólo hay tres fuentes de dólares en
Venezuela: la del moderado ingreso por exportaciones del empresariado,
las remesas de los familiares emigrados, y la legitimación de
capitales provenientes de actividades ilícitas.
Es imposible que el sector privado, el cual aporta apenas 2,50% de las
divisas que ingresan a Venezuela, ingrese la masa de divisas necesaria
para convertir el dólar en unidad monetaria. Dicho sector ha recibido
del sector público unos 700.000 millones de dólares a partir de 1976,
cuando se nacionalizó la industria petrolera, y en el mismo lapso ha
disminuido su inversión en 63%, estimada de acuerdo con la formación
bruta de capital fijo con respecto al PIB. La inmensa mayoría de esos
dólares han sido exportados por sus beneficiarios, los cuales ni los
regresan ni los regresarán al país que se los aportó.
Muchísimo menos factible es que las divisas necesarias para dolarizar
la economía lleguen por vía de las remesas. Según el Banco Mundial, en
2017 los venezolanos recibieron 289 millones de dólares en remesas
desde Estados Unidos, suma que no alcanza al millón diario, apenas el
0,04% del total de remesas estadounidenses de ese año, e
insignificante comparada con lo que recibe Colombia con 5.535
millones de dólares (0,9% del total), Perú con 2,974 millones de
dólares (0,49%), Ecuador con 2.719 millones de dólares (0,45%), Brasil
con 2.660 millones de dólares (0,45%).
Descartadas las anteriores fuentes de captación de divisas, sólo queda
una sobre la cual es mejor no pensar y muchísimo menos no actuar: la
legitimación de capitales proveniente de actividades ilícitas.
Capitales de origen ilegal se aplican a finalidades ilegítimas. En un
país vecino compraron el aparato del Estado hasta sumergirlo en la
parapolítica.
En el nuestro no sólo instalarían y fortalecerían redes
delincuenciales: tratarían de dominar con ellas el sector público y el
privado y finalmente adquirir las empresas estatales que explotan los
recursos naturales, principal fuente de ingresos de Venezuela.
A pesar de la señalada imposibilidad de adoptar el dólar como signo
monetario, todo el que puede abusar de una posición de poder o de una
escasez exige el pago en divisas.
Cada moneda marca fronteras entre una clase social y hasta un país
distintos. El abismo entre el trabajo que se remunera con un bolívar
que cada vez vale menos y bienes que se adquieren con un dólar que
nadie consigue puede tragarse al país.
Hasta ahora Venezuela presentó el menor índice de desigualdad social
de América Latina. Pero no hay igualdad en un país dividido entre una
moneda a la que tiene acceso sólo una minoría y otra con la que la
mayoría no puede comprar nada.
Las soluciones son y serán las mismas: contra la hiperinflación,
volver a poner en vigencia la Ley Orgánica de Precios Justos de 23 de
enero de 2014 y aplicarla esta vez con órganos eficaces e implacables,
y defender el carácter de unidad monetaria única del bolívar
respaldándolo directamente con nuestros valiosos recursos naturales.
Desdichado el país que estando en guerra se deja imponer la moneda por
el enemigo.
