Días atrás corrió por redes sociales el señalamiento de que serían privatizadas 600 empresas estatales; no obstante ello, no hubo información oficial respecto al asunto, atendiendo a la consigna “cuando el rio suena piedras trae”, nos adentramos en este tema. 

Intentado responde a la pregunta ¿Cómo sería la privatización en el nuevo modelo económico imperante en el país?, exponemos algunas consideraciones al respecto.

Partimos de que ya hay un referente, en cuanto al posible modelo de privatización, que es el modelo que se aplica a la gasolina desde el año 2018. Este modelo de privatización ha evolucionado, desde sus inicios al día de hoy. Veamos algunos de sus rasgos y las implicaciones que han tenido. 

Ha sido un modelo privatizador caracterizado por la opacidad o poca trasparencia ya que no existen mecanismos legales, ni institucionales, que permitan llevar a cabo procesos de contraloría, para velar por que se cumplan los procesos correspondientes. Nadie al día de hoy puede afirmar con certeza la cantidad de gasolina que se comercializa mensualmente, ni cuanta de la gasolina se suministra a precios internacionales, ni la cantidad de combustible subsidiada mensualmente.

Derivado de lo anterior se han institucionalizado mafias asociadas a la distribución de combustible subsidiado. Estas mafias han involucrado desde los mismos dueños o administradores de las estaciones de combustible hasta individuos que manejan la venta del combustible, por debajo del precio internacional, hasta personas que se dedican a la reventa del combustible subsidiado.

Si en algún momento se mencionaron la cantidad de estaciones de servicio subsidiadas y las que exclusivamente expendían combustible a precios internacionales, al día de hoy, la opinión pública desconoce con certeza cuantas estaciones tienen una naturaleza y cuantas tiene la otra.

Si bien con la instauración de la Pagina Patria el mecanismo de asignación del subsidio de gasolina fue mejorado notablemente para quienes son beneficiarios del subsidio, en comparación a los inicios del modelo, lo que nadie conoce con precisión es cuanto beneficio final recibe el Estado ( como propietario exclusivo) con la venta de cada litro de gasolina en precios internacionales de $0,5 por litro. Ni mencionemos la pregunta ¿qué destino final tienen estos recursos y como benefician a las mayorías?

No faltaran quienes argumenten que la privatización de la gasolina no es comparable a la posible privatización de empresas estatales, por la naturaleza misma de las actividades que en una u otro caso se ejecutan. Quizás no les falte razón a quienes así argumenten. Sin embargo; parece más que  imprescindible que la sociedad asuma con la mayor seriedad posible las alternativas de privatización de empresas que por lo vientos que soplan, en este modelo de crecimiento y prosperidad que se vive, amenaza con arrollarnos.

El relato impuesto de que es impostergable un modelo postpetrolero de desarrollo, que ya no podemos seguir viviendo de la renta petrolera, que ya debemos aprender a vivir sin petróleo, en un país que cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo, debe alertarnos a todos. Especialmente cuando vemos como quienes piden a los trabajadores seguir sacrificándose y recibir ingresos de miseria, llevan vidas de derroche y opulencia que en poco se diferencia de la vida de jeques petroleros.

En un país donde los trabajadores públicos reciben ingresos que están entre los $130 y $150 mensuales y los pensionados no llegan a recibir $60 mensuales, el poder adquisitivo de las mayorías es bajo, es valida y necesaria la pregunta ¿a quien beneficia el hecho de que la gasolina se comercialice en $ 0,50 el litro?.

En la cuarta republica el tema del incremento precio de la gasolina fue incendiario, desde hace 5 años se “privatizo” la gasolina y los beneficiarios mas directos apenas son los dueños de automóviles que reciben mensualmente la asignación de 120 litros de combustible (que pagan a un precio simbólico);  también los transportistas (que reciben combustible subsidiado) pero que recientemente incrementaron la tarifa en 33% sin considerar que los usuarios en su mayoría tienen bajo poder adquisitivo; pero los verdaderos beneficiarios de estas políticas son desconocidos.