Diversos sectores políticos y sociales, reiteradamente, han venido planteando la necesidad, impostergable, de abrir un debate sobre la política económica del gobierno nacional, en tanto que ha sido errática, e insuficientes las respuestas que se han estructurado para enfrentar los factores que perturban la economía nacional, para atender los nudos críticos, como son, la recuperación del trabajo, los salarios y la producción.
A pesar de las medidas que se han tomado, en los últimos dos años, se han profundizado los desequilibrios y asimetrías en el funcionamiento de la economía nacional, persistiendo, el problema de la producción y abastecimiento de los productos básicos para la subsistencia, agravado, por supuesto, por las sanciones y el bloqueo comercial y financiero, lo cual se ha convertido en un elemento central que afecta la calidad de vida de la mayoría de la población en Venezuela. En este sentido, se observa que los sectores populares, y en general, las y los asalariados están siendo golpeados de manera brutal por el alza de los precios de los productos de primera necesidad y paralelamente, tenemos que las y los trabajadores perciben en la actualidad el salario básico y pensiones más bajo del planeta.
En este punto, es necesario destacar que desde agosto del año 2018 hasta el presente, se ha insistido en una política de concertación y negociación de precios con el sector comercial e industrial con la finalidad de ajustar los precios de algunos productos a los precios internacionales, igualmente, en esa oportunidad, se acordó una política de exoneración de impuestos y desgravámenes de importación de todos los bienes de capital, materia prima, insumos, agroinsumos, maquinarias y repuestos, con esto, se buscaba fomentar la producción y fortalecer al sector productivo para que con divisas propias financiaran los procesos de producción. Por otra parte, el gobierno nacional anunció el pago de las nominas a la pequeña y mediana industria, por noventa días, para evitar el impacto que pudiera tener en los precios de bienes y servicios, la medida de anuncio salarial, decretada luego de la reconversión monetaria anunciada en agosto del año 2018. Y además, se acordaron o mejor dicho se indexaron los precios de 25 productos de la cesta básico, precios ajustados, que por lo demás, industriales y comerciantes no respetaron, por el contrario, fueron incrementándolos mensualmente hasta pulverizar el ingreso real de buena parte de la población venezolana. Lo insólito es que a pesar del evidente fracaso de la política de precios acordados, se vuelve a insistir en el año 2020, con la misma política de negociación y acuerdos de precios, esta vez de 27 productos, con los mismos ofrecimientos al sector comercial e industrial, políticas de precios que nadie cumple y, mucho menos se supervisa su acatamiento, ni se sanciona su incumplimiento. Frente a ello, el gobierno nacional mantiene la tendencia a la desalarización del ingreso a través de una política de bonificación del salario que en la lógica capitalista termina remunerando más al capital en detrimento del salario, de manera que la política de precios acordados termina siendo un proceso de indexación de precios que rentabiliza el capital industrial y comercial, en detrimento del poder adquisitivo de las y los asalariados, que es cada vez más precario, hasta el punto de que el ingreso mensual producto del salario y pensiones, adquiere características simbólicas, por su escasa o nula capacidad de adquirir productos elementales para subsistir, mientras que la política de precios acordados establece en la práctica, que los precios se calculan y ajustan en dólares a la tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de Venezuela, Con ello, se logra cierto nivel de abastecimiento de productos, se llenan los anaqueles de bodegones y supermercados, beneficiando, fundamentalmente a sectores privilegiados o que tienen acceso a los dólares que circulan en el mercado, incrementándose, las diferencias y las desigualdades sociales. En tanto que es evidente, las dificultades por la que atraviesa el sistema Clap de distribución de alimentos.
En este sentido, distintas organizaciones políticas integrantes del polo patriótico y movimientos sociales, han advertido sobre las tendencias regresivas que se observa en la instrumentación de la política salarial, por cuanto es descompensatoria y desproporcional con respecto, a los incrementos de precios que sufren los bienes y servicio, lo que se traduce en un vertiginoso deterioro de los niveles de vida de una parte importante de la población venezolana. Es urgente una respuesta contundente frente al eufemismo de la precios acordados se debe imponer también un ajuste real de los ingresos salariales, es inconcebible que todo el peso de la crisis recaiga sobre los sectores más vulnerables, Situación que se agrava por la preeminencia de un sindicalismo colaboracionista, patronal y desclasado, que inmoviliza y paraliza cualquier acción reivindicativa justa y responsable Por lo demás, ésta lucha justa y necesaria, no es incompatible, con la que se está librando en los actuales momentos por la independencia y la soberanía nacional, contra las agresiones y el intervencionismo de EEUU y sus aliados foráneos e internos, Forma parte de la misma lucha. Por eso, sigue más vigente que nunca la histórica consigna de las y los trabajadores exigiendo la indexación salarial así como se han indexados los precios. Sería lo justo y equitativo..
