Aquí nadie conocía a Gini, hasta que el comandante Chávez en una de sus educativas intervenciones hizo referencia a un índice que lleva su nombre. Dicho marcador busca reflejar el grado de desigualdad que existe en un determinado país. Así que tan desconocido nos era ese Sr. Gini, como el índice que lleva su nombre. Aunque el abono para el proceso de cambio político de finales de siglo pasado en Venezuela fue la creciente desigualdad en el país.

En ese escenario se comenzó a hablar de la reducción el índice de desigualdad en nuestro país, de tal manera que se afirmó que gracias a la promesa de justicia social realizada en la revolución bolivariana, la brecha entre los que tenían más y los que tenían menos se acortó. La razón fundamental para tal comportamiento era la redistribución de la renta petrolera, que ya no se la apropiaba totalmente la burguesía nacional parasitaria y las transnacionales, sin que eso implicara una transformación de la estructura económica nacional. Ahora grande sectores de la población accedían a los mercados, desde siempre restringidos (Ahora se podía acceder hasta lo suntuoso), así como a servicios provistos por el Estado (hasta el derroche).

Hoy a este señor no lo nombra nadie y menos al índice. La realidad cotidiana nos indica que hoy somos más desiguales. Nuevamente la brecha se volvió ancha y la distancia entre los que más tienen y los que no, vuelve a hacer abismal. Solo que los que quienes más tienen, no lo logran promoviendo la producción, sino en vía de la especulación y de corrupción, de tal manera que vemos empresarios y miembros de castas políticas o el resultado de la alianza entre ambos.

El Estado hoy tiene mucho menos para repartir y mucho se queda en los bolsillos de alguien, antes de llegar algún lado. Los que vivimos del salario, estamos por debajo de la línea de sobrevivencia y eso nos empuja corrompemos o a trabajar más, optar entre un desgaste moral o físico.

Desde la muerte del comandante Chávez las cosas no han sido fáciles en la revolución bolivariana, por un lado la dinámica del liderazgo de ha cambiado y las condiciones geopolíticas también. Ahora estamos en una espiral de medidas coercitivas unilaterales, que limitan los ingresos y por lo tanto la torta a repartir es más limitada. En medio de esto uno se interpela ¿Se puede reducir la brecha con la orientación económica de nuestro gobierno?. Es una respuesta compleja, pero parece indicar que no.

El gobierno bolivariano ha optado por conservar lo que queda de economía, bajo un rumbo con signo liberal. Esto explica la pulverización de los salarios (en contradicción con el articulo 91 de nuestra carta magna[i]) y la creciente relajación de la institucionalidad que protege a los que trabajamos. Dicho esto, no debe haber sorpresas en la ruta, aunque el canto de sirena sea otro.

Los que menos tenemos, contamos con organizaciones débiles para hacer contrapeso y eso nos coloca fuera de las mesas donde se decide. Nuestros debates se centran en retornar a un pasado, que no es posible. El horizonte para los que somos más, es promover la producción, con un aumento en la participación en la riqueza generada; lograr castigo para la especulación y corrupción y defender las conquistas logradas como pueblo. Solo lo lograremos con la movilización organizada y sin perder vista que una revolución que busca el socialismo, no es para hacer cambios cosméticos, sino para atender la raíz de los males.

[i] "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento."