El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprovechó la grave crisis económica, monetaria y social que ha provocado la pandemia de la Covid-19 en la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe, para afianza su control financiero sobre los países de la región que le solicitaron empréstitos.

La cifra resulta desbordante: entre marzo y noviembre de 2020 el Fondo entregó 63 740 millones de dólares y es la región del mundo donde más se concentró el financiamiento de emergencia de ese organismo internacional.

Según informes del propio FMI, seis de cada 10 dólares de los 102 150 millones de dólares que entregó en el año, fueron hacia los países latinoamericanos, los cuales en su mayoría no se concentran en mecanismos de suspensión o alivio de la deuda por considerarse de ingresos medios.

En la región, 21 países obtuvieron un préstamo durante el mes de mayo del pasado año y tres de los estos concentran el 80 %. A Chile le aprobaron 23 930 millones de dólares; a Colombia 16 948 millones y Perú 11 000 millones de dólares, todos por la vía de créditos flexibles.

América Latina fue testigo en los años 80 y 90 del siglo pasado de las duras condiciones que imponía el FMI a cada gobierno de la región que accedía a sus préstamos. En esta ocasión, en el contexto de la pandemia, no se ven los efectos inmediatos pero la historia será otra a medida que avanzan los plazos la flexibilización de los préstamos.

Recientemente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó a organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial (BM) de ser corresponsables de las crisis que hubo en su país en sexenios pasados y agregó que la mayor culpa fue de los “gobiernos serviles”.

Indicó que ellos obligaban a los gobiernos neoliberales mexicanos a firmar las llamadas cartas de intención donde se establecía lo que tenía que hacer el Estado, “una violación flagrante de la autonomía, la soberanía de nuestra nación”.

El FMI y el BM, puntualizó López Obrador, recomendaban a los gobiernos mexicanos privatizar empresas públicas, no aumentar empleos, incrementar el precio de los combustibles como la electricidad y gasolina, directrices que seguían los gobiernos subordinados.

Además de Chile, Colombia y Perú, el Fondo entregó empréstitos mediante el método de financiamiento rápido a Ecuador por 6 000 millones de dólares; República Dominicana, 650 millones; Guatemala, 594 millones; Jamaica, 520 millones; Panamá, 515 millones; Costa Rica, 508 millones; El Salvador, 389 millones; Bolivia, 327 millones; Paraguay, 274 millones y Bahamas, 250 millones. Con menos de 100 millones aparecen, Barbados, Santa Lucía, Granada, San Vicente y las Granadinas y Dominica.

De esta forma y durante el año, el FMI aprovechó la oportunidad que se le abrió con la extensión de la pandemia para reiniciar el endeudamiento de la región, tras un periodo en el que fue rechazado por imponer políticas económicas en detrimento de las grandes mayorías del mundo.

El Centro Latinoamericano de Geopolítica (Celag) asegura que la emergencia mundial supone para los países latinoamericanos una urgente e imprevista necesidad de liquidez externa no solo para enfrentar los gastos relacionados con la pandemia sino también para enfrentar la fuga de capitales que viene ocurriendo en la región.

Pero desafortunadamente, en varias de esas naciones, los gobiernos utilizarán los empréstitos para ayudar a las grandes empresas y negocios a solventar la crisis y no van destinados a resolver los graves problemas de la población.

Tanto el FMI como el Banco Mundial son organismos financieros creados en 1944, durante la reunión celebrada en Bretton Woods, poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Han estado dominadas desde un principio por Estados Unidos y las potencias europeas occidentales, y actúan en contra de los intereses de los pueblos.

Sus programas de ajuste tratan de imponer la confianza de los mercados internacionales de capital en el país deudor. Sin el visto bueno del Fondo, que como censor determina la voluntad y capacidad de un país para pagar el servicio de la deuda, no se abren generalmente las puertas para la entrega de empréstitos.

Para ejercer el control, las naciones que reciben este “beneficio” deben someterse a condicionamientos que van desde recomendaciones no obligatorias hasta inspecciones extremas con imposición de sanciones de carácter forzoso.

Como las naciones están cada vez más endeudadas, son obligadas a seguir las directrices financieras, económicas y sociales que determinen esas instituciones para que paguen los compromisos adquiridos y poder tener accedo a nuevos créditos que se convierten en cifras impagables.

En consecuencia obligan a los gobiernos a impulsar las privatizaciones de empresas y servicios públicos, rebajar los salarios y las jubilaciones, así como aumentar precios del suministro del agua, electricidad y combustibles.

Esas políticas de empréstitos han provocado que si en 2008 de deuda pública interna y externa de Latinoamérica alcanzaba el 40 % del Producto Interno Bruto, once años después, en 2019 ya ascendía al 62 % del PIB.

En conclusiones, los nuevos endeudamientos atenazarán más la soberanía e independencia económica y política de varias de esas naciones si los diferentes gobiernos lo permiten.