A 698 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en la finalización de la semana 100 de esta contingencia, y siendo el viernes 11 de febrero de 2022, me permito hacer algunas reflexiones sobre la reforma de la Ley a las Grandes Transacciones Financieras, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional.

El pasado 3 de febrero, el Parlamento Nacional ha sancionado la reforma del decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley a las Grandes Transacciones Financieras. Instrumento jurídico aprobado en el año 2018 por la Asamblea Nacional Constituyente en el marco del denominado Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.

En fecha 9 de febrero de 2022, Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, principal patronal del país, denunciaron "la voracidad fiscal" que a su juicio existe en el país, tras la reforma de este instrumento jurídico.

En una rueda de prensa, el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, expresó la preocupación de la patronal «por algunos elementos que pudieran, de alguna manera, dificultar mucho más» el «camino de la recuperación» que considera que ha iniciado Venezuela.

«Básicamente, nos referimos al tema de la voracidad fiscal que se ha venido expresando con diferentes manifestaciones», subrayó.

Acerca de la Ley de Grandes Transacciones Financieras, advirtió que Fedecámaras no pudo hacer observaciones durante el periodo de consulta previo a su aprobación.

El presidente de la patronal puntualizó que la reforma trae dificultades para el sector bursátil y agrícola e incluye a ciudadanos «naturales» exentos del pago de este tributo en la ley anterior.

«Pensamos que estas leyes siempre deben ser de carácter temporal para atender algunos temas de emergencia en materia fiscal. No entramos a cuestionar si la emergencia es o no existe (…) pero no puede ser de naturaleza permanente, no puede ser con tributos que pueden llegar hasta al 20 %, no puede dejar tanta discrecionalidad para fijar los tributos porque eso trae más incertidumbre», apuntó.

En este sentido, el representante empresarial destacó que, durante 2021, se logró mejorar en cuanto a la certidumbre en la actividad empresarial, y este cambio va en detrimento de tal avance.

Explicó que esta reforma se suma a cambios que se han dado a nivel local con la creación de una serie de ordenanzas en alcaldías «que se han salido inclusive del esquema de ordenación tributaria» y «algunas tasas parafiscales» cobradas por instituciones para «permitir» operaciones empresariales en algunas regiones del país y que, en algunos casos, «pasan los 100.000 dólares».

Además, aunque celebró el acercamiento entre el Gobierno venezolano y el sector bancario, aseguró que se deben tomar otro tipo de medidas, distintas a la reforma tributaria implementada, para promover la recuperación de la moneda nacional.

A estas consideraciones de la principal patronal del país, se sumaron vocerías de la Cámara de Comercio del Distrito Capital, Maracaibo y La Guaira, además de individualidades que, aun cuando reconocen el descenso de la inflación en el país y de la dolarización transaccional producto del asedio y bloqueo contra Venezuela, ahora señalan que esta ley es "contradictoria" y presagian escenarios apocalípticos que van desde la afectación de la operatividad de nuestras operaciones en puertos y aeropuertos, incremento de precios en alimentos, medicamentos, bienes y servicios, hasta supuesta escasez y desconfianza de posibles inversionistas que no traerían sus capitales al país.

Parece mentira, pero desde finales del año 2021 y lo que va del año 2022, el Ejecutivo Nacional ha logrado contener el incremento del tipo de cambio del dólar manteniéndolo estable. No obstante, los precios de los alimentos, medicamentos, bienes y servicios siguen aumentando su precio, y ahora la excusa es la reforma de este instrumento jurídico. Por lo que el argumento esbozado en múltiples artículos por la profesora Pascualina Curcio Curcio de que la manipulación del tipo de cambio de la divisa estadounidense no obedece a las leyes económicas y no soporta un análisis econométrico, sino que es una medida eminentemente política y un arma para presionar un cambio de gobierno en Venezuela.

Importante es que señale en este escrito que el primero en plantearse pechar a los grandes capitales de este país fue Hugo Chávez. Por lo que el Presidente Nicolás Maduro y los diputados del bloque de la Patria lo que buscan con este instrumento es concretar ese anhelo del Comandante Inolvidable aplicando aquello del que el que más ganancias tiene, más debe contribuir al desarrollo del país y debe pagar más.

La reforma de la Ley a las Grandes Transacciones Financieras busca que las transacciones en divisas paguen un impuesto al menos igual o superior al que hoy pagan los débitos en bolívares.

De igual manera, procura dar mayor incentivo y confianza al uso del bolívar, por lo cual se abre la posibilidad de elevar el porcentaje de la alícuota para las transacciones no convencionales con divisas y criptomonedas o criptoactivos.

Pero aún más, esta ley entrará en vigencia a los treinta (30) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta ahora, para el momento en que escribo esta edición de esta columna, no tengo conocimiento que la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras haya sido promulgada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

La mayoría de los analistas económicos coinciden en que desde el año 2019, empezó un proceso de dolarización de facto en la economía venezolana , el cual ha permitido ralentizar la hiperinflación y dinamizar las transacciones comerciales. Dicha dolarización transaccional, ha ayudado a estabilizar la situación económica e incluso, permitir cierto ahorro mediante la apertura de cuentas denominadas en dólares en la banca nacional. Esta realidad, junto con el descenso del encaje legal, el cual persigue la reactivación del crédito, abonan el terreno para que la economía pueda crecer. Pero ahora, de acuerdo a la opinión de estos "sesudos analistas", como les decía Chávez, toda posibilidad de crecimiento estaría ahora en peligro "ante las nuevas medidas tributarias" que el Gobierno Nacional busca implementar.

Lo que nada dicen estos gremios es como a través de esas transacciones producto de esa dolarización de facto, cuanto dejo de percibir el Seniat en recaudación tributaria producto del incremento de las transacciones en divisas, y ante la pérdida del poder adquisitivo del bolívar producto de la manipulación del tipo de cambio del dólar. Pagan menos impuestos producto de la devaluación del bolívar y maximizan su ganancia ante el incremento desmesurado del dólar en su debida oportunidad.

Cabe recordar que el sector privado y algunas empresas del Estado tienen muchos mejores ingresos que la Administración Pública en general debido a que han estado realizando transacciones en divisas convertibles. Esto y las remesas se han convertido en grandes negocios que están generando muchas ganancias a algunos y que pretenden secar al país económicamente, sobre todo esos grandes capitales, y por ello es que se decide la adecuación de esta ley a los tiempos actuales.

Pero no culpo al gremio empresarial que reaccionen de esta manera, puesto que ellos están obedeciendo a las leyes del capital. Y es normal que reaccionen de esta manera.

Ahora, lo que debe nuestro Gobierno y los que de alguna manera nos sentimos identificados con el proyecto socialista y bolivariano es salir a la calle a explicar los alcances de la reforma de esta ley, para desmontar las manipulaciones que desde ya las patronales privadas quieren imponer.

Porque además de ello, estos señores no se van a quedar tranquilos y van a buscar mecanismos para continuar la desestabilización económica. Como el dólar en el mercado paralelo hasta ahora está contenido debido a las mayores intervenciones del BCV en el mercado cambiario producto de las mejoras en el ingreso petrolero del país que permite eso, ahora Fedecámaras con el argumento de la entrada en vigencia de esta ley, continuará incrementando los precios, pero aún más, promoverá la informalización de la economía para así continuar evadiendo impuestos y no pagar al Ejecutivo Nacional. Así que debemos estar atentos y establecer adecuados mecanismos de supervisión y seguimiento para evitar que estos ataques se concreten en contra de la restitución del estado de bienestar y de la calidad de vida de la población venezolana, sobre todo de los sectores más vulnerables.

La pequeña y mediana empresa, los que están fuera y envían remesas a familiares que están dentro del país y en general las personas naturales, nada tienen que temer con respecto a las disposiciones de la LIGTF, porque, de hecho, las disposiciones de la referida normativa los dejan por fuera de regulación de esa norma. Pero parte de la propaganda adversaria tiene que ver con hacer creer a la población que todos son objeto de lo establecido en esa ley.

Sobre todo, cuando el actual Ejecutivo Nacional trata de impulsar y apalancar los nuevos emprendimientos, como respuesta a la nueva economía que debemos construir producto de las políticas de asedio y bloqueo y como parte de la superación del modelo rentista petrolero que ya caducó y no es sostenible en nuestras actuales circunstancias. Si bien es cierto que durante mucho tiempo todavía el petróleo seguirá teniendo un peso importante sobre nuestro PIB, no es menos cierto que debemos echar las bases de la diversificación de nuestra economía para reducir las vulnerabilidades a nuestra soberanía como Estado-Nación.

Este es uno de los debates más interesantes que hay y que considero debemos darlo.

¡Bolívar y Chávez Viven! ¡Y sus luchas y la patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!