La actual ley de minas, dictada en esta V Republica dista mucho de ser una ley de un estado de bienestar social, en donde se adhiere el estado democrático social de derecho y de justicia del articulo 2 constitucional, mucho menos se parece a algo que huela a socialismo; aunque ratificó el principio constitucional de riquezas del subsuelo patrimonio del estado y reconoció a la pequeña minería y a la artesanal, no dista mucho de ser una ley pro burguesa y peor aun neoliberal; ya que legalizó la transacción de los derechos mineros en las bolsas internacionales al darle carácter de derecho real a estos títulos; pero la situación de las minas siguen dentro del mismo estatus de los 90, en plena IV Republica, exceptuando la adjudicación de ciertos sectores para la pequeña minería y la Misión Piar que ha hecho un trabajo de asesoria, subsidio y de reorganización minera con las uñas y sin ningún apoyo de otros entes que deben coadyuvar en esta problemática.
Veamos que había en los 80-90, cuando se firmo las carta de intención con el FMI, en donde las minas de Guayana era uno de los botines a repartir a las empresas transnacionales que son dueñas del mundo, bajo esta óptica se otorgaron una serie de concesiones mineras a grandes grupos económicos, entre ellos a los Cisneros, y dichas concesiones aun siguen vigente, estas concesiones están en el lomito de las minas preciosas de Guayana. Para otorgar estas concesiones, la partidocracia tuvo que desalojar a los mineros que estaban en estos sitios lomitos compulsivamente, al pequeño minero no le tocó otra cosa sino convertirse en una ilegal, y dentro de esa ilegalidad se han aprovechado muchos vivos particulares y del gobierno, antes y ahora.
Que propusimos los Bolivarianos a los mineros en aquella época decadente; 1) Que se conservaría el medio ambiente en las zonas neurálgicas (Como la cuenca del Caroní); esta propuesta, por cierto, desató una histeria en la derecha y nos quiso poner a los mineros en contra, al decir que los bolivarianos íbamos a cerrar las minas. 2) Se hablo de nacionalizar la explotación de los minerales preciosos, por intermedio de empresas estatales, y el estado tendría el monopolio único de su comercialización para acabar con el contrabando y la depredación de la selva de Guayana que produce la extracción de oro y diamante, en donde muchos vivos y criminales enemigos del país se aprovechan; y 3) Por ultimo se propuso derogarle las concesiones mineras que el Puntofijismo le había dado a poderosos grupos económicos y volvían a manos de la nación para ser explotadas unas y otras quedarían en reserva, pero la explotadas se harían por intermedio de empresas del estado o en concesiones a pequeños mineros y habitantes de esas zonas, explotación esta, tutelada por el gobierno, ya sea en cooperativas, comunas o pequeñas empresas. La nueva ley de minas, aprobada en primera discusión, recoge en un 90% lo aquí planteado y seria una muy buena oportunidad los sucesos de La Paragua, para reabrir este debate en la Asamblea Nacional.
