Recientemente ha sido publicado un artículo titulado “La entrega del petróleo”, en el cual el ex ministro de petróleo y ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, valora la situación de la industria petrolera y reivindica la política llevada a cabo durante la década en que dirigió el sector. Considera que Maduro no es verdaderamente chavista, y que bajo su gobierno ha vuelto la “apertura petrolera”, que se le ha abierto “las puertas a las transnacionales petroleras, quienes gustosamente volverán al saqueo de nuestro país”. Sobre su propia gestión dice “lo hicimos muy bien”, reivindica la llamada “plena soberanía petrolera” y finalmente llama a la unidad nacional en torno a “defender nuestra política (petrolera) y luego dar la batalla de ideas de cómo utilizar y hacer una distribución popular y revolucionaria de la renta petrolera” (https://www.aporrea.org/actualidad/a260130.html).

Como trabajador petrolero con 29 años en la industria, conocí de primera mano las gestiones del período puntofijista, la entreguista apertura petrolera de Caldera, que siempre denunciamos, y los 19 años de chavismo. Puedo dar un testimonio que echa por tierra las afirmaciones de Ramírez y las ubica en su justo lugar.

No es cierto que los terribles problemas que afectan a la industria petrolera venezolana y a PDVSA hayan comenzado a fines de 2014 cuando Ramírez es destituido o que ese año comenzó la persecución contra los trabajadores. Nuestra corriente sufrió despidos como el de Orlando Chirino en 2007, Efraly Pastrán, o más recientemente el de Bladimir Carvajal, entre otros, simplemente por defender los derechos de los trabajadores ante los atropellos de esa gerencia que Ramírez se jactaba en llamar “roja-rojita”. Muchos trabajadores, simplemente por defender la industria, denunciar la desinversión y la corrupción, por exigir un salario acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, por realizar asambleas en las áreas petroleras denunciando la entrega de nuestro principal recurso natural a las empresas transnacionales, hemos sido detenidos en múltiples ocasiones, como aquel 3 de febrero en que ocho compañeros trabajadores y yo fuimos encarcelados y luego se nos dictó medidas cautelares en abierta violación de nuestros derechos y de la libertad sindical. Así fue la gestión antiobrera de Ramírez.

La industria se militarizó y se proscribió el derecho a huelga. Incluso el luchador social Alcedo Mora fue desaparecido mientras investigaba corrupción de PDVSA relacionada con el contrabando de combustible. La política antisindical y antiobrera en el gobierno y en la industria petrolera viene de mucho antes de 2014. Ahora que su entorno es investigado por corrupción, Ramírez denuncia que hay persecución política en la industria. A su hipocresía le cabe el dicho popular: “verdugo no pide clemencia”.

Recordemos que fuimos los trabajadores los que rescatamos la industria ante el paro-sabotaje petrolero del año 2002. Mientras el gobierno intentaba pactar con los gerentes golpistas su regreso a la industria, fuimos los trabajadores los que garantizamos el funcionamiento de la Refinería Puerto La Cruz y otras áreas petroleras. De hecho fue una experiencia de control obrero de nuestra principal industria, con toda su complejidad, la que permitió ese importante triunfo obrero y popular. Sin embargo, sabíamos que la boliburguesía y la burocracia cívico-militar no tenía un programa para realmente nacionalizar la industria petrolera, por eso promovimos durante esos años la realización de una Constituyente Petrolera que discutiera a fondo, democráticamente, con los trabajadores cuál debía ser el modelo petrolero venezolano. En ese intento siempre chocamos con un gobierno que decía ser socialista pero que en realidad era antiobrero y enemigo de la autonomía sindical.

Por eso Ramírez promovió el ascenso de burócratas sindicales venidos de Acción Democrática y la CTV, reciclados en el PSUV y convertidos chavistas fanáticos, que serían cómplices de la política gubernamental de desmejoras salariales y contractuales. Se perdieron en esa ofensiva antiobrera del gobierno nacional conquistas históricas como el comisariato en el año 2005. El gobierno por esos años impulsó la política de empresas mixtas con transnacionales, una verdadera traición a los intereses de los trabajadores y el pueblo, y la oferta del gobierno al capital era “petróleo para trescientos años y mano de obra barata”. Ramírez en representación del gobierno pactó con transnacionales yanquis como Chevron, con europeas como Repsol, ENI y Total, así como empresas chinas, rusas, bielorrusas, iraníes y de otros países, la entrega de hasta un 40% de las acciones de las empresas mixtas, con concesiones de 35 años o más, para saquear la Faja Petrolífera del Orinoco, la Plafatorma Deltana y otras áreas del país. Por eso es falso y hasta ridículo que Ramírez diga que las transnacionales van a volver. Nunca se han ido.

No solo la “plena soberanía petrolera” fue una farsa. También fue una patraña la consigna de “siembra petrolera” lanzada por el gobierno, según la cual para el año 2012 se iba a ampliar la producción petrolera a cinco millones de barriles diarios y se iba a realizar inversiones como la ampliación de la Refinería Puerto La Cruz. Durante la gestión de Ramírez hubo una caída sostenida de la producción y hoy apenas ronda el millón y medio de barriles diarios, la mayor parte no son extraídos y comercializados por PDVSA sino por las transnacionales de las empresas mixtas.

Ramírez por aquellos años aliñaba su falso socialismo con la tesis peregrina de que en Venezuela por ser una economía petrolera no había proletariado. No se puede olvidar que además de su terrible gestión en PDVSA, antiobrera y antinacional, Ramírez también fue un ideólogo y alto dirigente del PSUV, con cargos como vicepresidente de ese partido y dirigente en los estados Zulia y Anzoátegui, responsabilidades desde las que profundizó la persecución contra los trabajadores petroleros, planteando que no había espacio en la industria petrolera para quien no fuera pesuvista o chavista. Una verdadera campaña de terror antiobrero apoyada en los militares.

¿Será verdad que los “rojo-rojitos” lo hicieron muy bien, como dice Ramírez? Recordemos que la política de desinversión, que ha afectado la capacidad de producción y refinación de petróleo, se ejecutó precisamente bajo la conducción de Ramírez. Escándalos como “Pudreval”, la pérdida de miles de toneladas de alimentos debido a esquemas fraudulentos de importación, el hundimiento de la plataforma marítima Aban Pearl, los numerosos accidentes y explosiones en las refinerías cuyo caso más dramático fue la tragedia de Amuay, todos ocurrieron durante la gestión de Ramírez. Desde hace más de diez años que venimos denunciando y documentando ese proceso que sintetizamos en aquella advertencia: “PDVSA se cae a pedazos”. La gerencia roja-rojita de Ramírez siempre ignoró nuestros informes y respondió con persecuciones a nuestras denuncias. Sabían de los problemas pero no les interesaba resolverlos, estaban muy ocupados haciendo negocios turbios, sobrefacturando importaciones, entregando y saqueando los yacimientos petroleros. Hoy los nuevos gerentes también ignoran nuestras denuncias.

Los miles de obreros, profesionales y técnicos que se están yendo de la industria petrolera debido a los salarios de hambre, no empezaron a ver sus condiciones laborales deteriorarse en 2014, sino mucho antes, si bien el deterioro se acelera, como para el resto de los asalariados, debido al ajuste inflacionario aplicado de manera brutal por el gobierno antiobrero de Maduro. Recordemos que cada contrato colectivo firmado por la boliburguesía y la burocracia sindical fue destruyendo las conquistas históricas de los petroleros. Ramírez y Chávez se jactaban de que se iba a sustituir el concepto de salario por un supuesto “salario social”, dentro del cual por ejemplo se contemplaba la construcción de más de 40 mil unidades de vivienda para los petroleros. Todo ello resulto ser un vil engaño para justificar la destrucción de las condiciones laborales de los petroleros, quienes desde hace varios años que tenemos los salarios más bajos del mundo para este ramo de la industria. Mientras que Pdvsa paga en sus refinerías en el exterior salarios de dos mil o tres mil dólares mensuales, en Venezuela paga menos de diez dólares mensuales, incluso contando el bono alimentario, y del “salario social” no hay nada, ni una sola vivienda.

Los trabajadores petroleros de Anzoátegui nos movilizamos en el año 2007 contra la imposición de un contrato colectivo por tres años, logramos que se redujera a dos años, pero en los hechos la burocracia de Ramírez negoció contratos cada tres años sin reconocer el pago de retroactivos por el año o más de retraso que se produjo en cada ocasión. Desde hace once años que no se paga la compensación por antigüedad, también conocida como la “tablita”. No hay dotación de insumos de seguridad. El fondo de pensiones de los jubilados de PDVSA sufrió un brutal desfalco. Todo eso es parte del legado antiobrero de Ramírez.

La corrupción petrolera durante el período de Ramírez y luego de su destitución, ha estado a la vista de todos. Depósitos multimillonarios en Suiza y Andorra, toda clase de negocios turbios por parte de la misma casta de burócratas y boliburgueses que pactaron la entrega del petróleo a las transnacionales mediante las empresas mixtas. Sin embargo la sustitución reciente de esa burocracia “roja-rojita” por militares y otros burócratas sin experiencia ni conocimientos de la industria petrolera, la creación de empresas militares petroleras como Camimpeg, las nuevas políticas de persecución que esta dirigencia está aplicando para meter terror a los trabajadores, por ejemplo elaborando listas de trabajadores que no pueden acceder a sus áreas de trabajo, como ha ocurrido en el muelle Guaraguao de PDV Marina, o el desastre operativo que se refleja en que ni siquiera los comedores funcionan regularmente, todo ello apunta a que el deterioro de la industria ha continuado y el fracaso del chavismo se ha profundizaro. Tanto en la etapa de bonanza petrolera con Chávez y Ramírez, como en la etapa de decadencia y crisis con Maduro y Cabello, se ha evidenciado una vocación profundamente capitalista, antiobrera y entreguista en el gobierno. Por eso no puede haber “unidad” con quienes destruyeron y entregaron la industria petrolera.

Es necesario avanzar en la unidad de los trabajadores en defensa de la industria, de las condiciones de trabajo, de salarios y pensiones dignas, mientras debatimos sobre la necesidad de un modelo petrolero sin empresas mixtas ni transnacionales, en el que se deroguen los entreguistas contratos suscritos por Ramírez y sus sucesores, para que el Estado venezolano recupere el control del 100% del petróleo y el gas, la única manera de que esos recursos se inviertan realmente en la construcción de un modelo productivo democrático, gestionado por los trabajadores al servicio de las mayorías populares y el desarrollo del país.