La llegada de H. Chávez al poder disparó las alarmas en los centro de consumo mundial, por su orientación; en principio, poco inclinada hacia el capitalismo, en momentos en los que la OPEP mostraba signos de incoherencia y desintegración, promovidos desde adentro mismo con el fin determinado de facilitar el llenado de distintos inventarios estratégicos de crudo, subsidiado desde los países productores; entre ellos Venezuela.

Los intereses transnacionales intentaron disuadir al nuevo gobierno con un parapeto nacido en el Reino Unido, al nombrar por dos años consecutivos, al varias veces fallido Luis Giusti [https://www.aporrea.org/energia/a292324.html] como ejecutivo del año. Dicho plan no funcionó y H. Chávez lo despide por la puerta de atrás, enardeciendo a una camarilla de directivos afines a el, que arrastraron por su ascendencia, a una masa de empleados de menor nivel.

El nefasto sabotaje petrolero de 2002 nace en un "think tank" de Washington DC, donde trabajaba o trabaja L. Giusti. Es el mismo preciso lugar desde donde nace originalmente la idea de las sanciones que hoy estrangulan a Venezuela.

Ese sabotaje criminal y despiadado infligió a nuestra nación pérdidas cercanas a los $20.000 millones, donde no solo todos sus procesos medulares fueron torpedeados, sino que además desaparecieron activo valiosos y destruyeron gran parte de su infraestructura y base de datos, necesaria para llevar adelante múltiples procesos.

El sabotaje fue un acto criminal, planificado con maldad para impedir a nuestra industria su normal operatividad y desaparecerla de los mercados, para así estrangular el acceso a divisas de la nación. Algo muy similar a lo planificado con las sanciones que impulsó el clan Guaido-Lopez y que arreciaron a partir de 2017.

Aquellos que como el suscrito nos sumamos a defender y recuperar nuestra industria durante el sabotaje sin tener por delante ningún interés político; como en efecto lo hicimos, no podemos ver con buenos ojos las sanciones contra Venezuela. Jamás podríamos apoyar semejante crimen contra nuestra nación y su gente, como tampoco podemos apoyar los múltiples desaciertos y la destrucción originada desde el gobierno de Maduro.

La nueva PDVSA se levantó exitosa del sabotaje en tiempo record y ante el asombro del mundo y para 2005 ya producía 3.274.000 BPD. En contraposición, la vieja "mitocracia" desde 1976 hasta 1996 jamás fue capaz de superar los niveles de producción de la nueva PDVSA luego del sabotaje petrolero y hasta el entorno de 2011, cuando aun producía sobre 3.129.000 BPD. La "mitocracia" tampoco fue capaz de mejorar los costos de producción; incluso a valor nominal, de la nueva PDVSA entre 2002 y 2008, previo a la implementación del nefasto plan siembra petrolera.

Esa "mitocracia" ha probado hoy nuevamente ser igual de incapaz, con el desastre que tienen en Citgo y Monómeros. Solo durante 2020 Citgo presentó perdidas por sobre $667 millones y durante el primer trimestre de 2021 han profundizado dicha perdida en $180 millones; aun con un barril al alza. Pero eso ya lo habíamos anunciado apenas la llegaron a usurpar funciones en Citgo [https://www.aporrea.org/energia/a280106.html].

En 2008 inicia una nueva fase de decadencia en PDVSA con la implementación del plan siembra petrolera. A partir de entonces se masifican los crímenes ambientales, accidentes operacionales, la corrupción e ineficiencia. PDVSA comienza a perder consistentemente producción y mercados, particularmente el mercado norteamericano.

Con la llegada de Ramírez, PDVSA pierde producción, pierde mercados, se endeuda, se encarecen sus procesos, se multiplican sus crímenes ambientales y se corrompe su personal. Es decir, Ramírez lleva a nuestra industria literalmente a un punto de quiebre.

La fase de destrucción iniciada por R. Ramírez se acelerara a partir de 2013 con el arribo de N. Maduro al poder, por una combinación de intereses políticos antipatria y directivas que nunca tuvieron claridad en el norte a seguir. Es allí cuando factores de la oposición alineados con intereses transnacionales perciben el debilitamiento de un gobierno incapaz, corrupto, populista y clientelista.

Mientras PDVSA perdía solidez, los operadores norteamericanos se fortalecían, ganaban producción y reducían drásticamente su dependencia de nuestros crudos. Es allí cuando deciden dar el zarpazo a un país con un gobierno incomodo para ellos y apuntan contra el corazón de nuestra economía; la industria petrolera, a la par que liberaban las restricciones de exportación que pesaban sobre los productores domésticos, arrebatándonos importantes espacios en los mercados globales. Era preciso sacar a PDVSA del medio, para poder garantizar el desarrollo de recursos petrolíferos en Guyana, Canadá, EEUU, UK, Brasil y Colombia; entre otros, ya que los costos de producción de dichas naciones, no competía ni remotamente con los de Venezuela.

Mientras entre 2002-2008, previo al desarrollo de la FPO y el arranque de las empresas mixtas, el costo promedio (nominal) de producción era menor a $4.5 por barril (pb), el costo de producción de Guyana ronda los $35 pb, el de Canada $41 pb, EEUU desde $27 hasta >$50 pb, UK sobre $52 pb, Brasil unos $49 pb y el de colombia hasta $36 pb. PDVSA era una amenaza; era objetivo de múltiples intereses.

A partir de 2008 ya PDVSA era una empresa en vías de superpoblación, pasando de unos 38.518 en 2004 a unos 152.072 en 2014. Desaparecían las empresas de servicio nacionales, creando una peligrosa dependencia de las empresas de servicio transnacionales como Halliburton, Schlumberger y Baker, entre otras, que encarecían peligrosamente nuestros costos. Nuestra industria había multiplicado por más de 20 su deuda, la cual se expandía criminalmente desde $2.260 millones en 2006 a $46.150 millones en 2014. La nueva cúpula política de 2013 se da cuenta; aunque tarde, de los desaciertos de Ramírez y opta por defenestrarlo; pero el mal ya estaba hecho.

Cae el barril desde $106 OPEP en 2013 a $41 en 2016 y el gobierno de Maduro comienza a tener problemas de caja, que busca relajar con masivas ventas de oro físico, a la par que opta erróneamente por exprimir a PDVSA, impidiendo la necesaria ejecución del plan de inversión y gasto. La industria no podía sobrevivir y al poco tiempo, su nivel de producción comienza a ceder drásticamente ya con Del Pino a bordo.

Pero Eulogio Del Pino, Luis Vielma y Rafael Ramírez fueron parte de un mismo festín que desde 2008 debilitó mortalmente a PDVSA con la entrada de un plan de negocios mal concebido y peor pensado. No tuvieron visión, condujeron la industria al despeñadero, dependiente de competidores que desde adentro mismo minaron la solides de PDVSA, y de un barril vulgarmente oneroso para poder funcionar.

Era momento de dar el golpe certero y entran las sanciones. Un plan coordinado con precisión milimétrica, aprovechando la mala dirección que desde 2005 estaba al frente de nuestra industria y un gobierno que se dejó llevar por el susurro toxico de un barril a $200.

Un Maduro desesperado escucha los consejos de su círculo cercano y piensa que la solución está en el militarismo, e impone a un militar con el doble proposito de congraciarse con dicho sector. Pero el candidato ignoraba todo sobre la industria, en el momento más apremiante para PDVSA, luego del sabotaje. El candidato no era otro que M. Quevedo, el general que aun envestido en "poderes súper especiales" ocasionaría un desplome de 1.090.000 BPD entre Diciembre’2017 y Enero’2020; era el mismo responsable de perdidas solo en valor de oportunidad de ese volumen dejado de producir que superarían los $45.000 millones, sin contar el inédito salto en la sobre importación de crudo y productos, desde unos 70.000 BPD a sobre 180.000 BPD. Fue una mala decisión.

En Febrero’2020 llega T. Aissami y A. Chávez en forma de comisión presidencial. Una extraña combinación para tan apremiante momento, dado que mientras uno no conocía, ni conoce un ápice de PDVSA, ni del negocio petrolero, el otro es un fallido directivo quien desde 1998 ha cabalgado en el apellido de su primo H. Chávez, sin haber construido nada a cambio para la industria.

Los resultados no se hacen esperar y para Junio-Julio de 2020, PDVSA logra su mínimo nivel histórico de producción de 392.000 BPD, desde unos 865.000 BPD recibidos en Febrero, apenas 5 meses atrás. Las refinerías colapsan y el país se queda sin producción de crudos y sin producción de refinados, por primera vez en su historia reciente. Ese fue el primer logro de los representantes de la comisión presidencial; hoy ministro y presidente de PDVSA.

A partir de la llegada de Manuel Quevedo y ahora Tareck Aissami y Asdrubal Chávez, todos culpan al unísono a las sanciones para justificar sus desaciertos. Pero PDVSA poseía hasta 2015 al menos cerca de un centenar de taladros propios (98) que antes estaban operativos; hoy ninguno de ellos funciona. Hasta hace poco no habia ningún taladro activo propio, ni menos contratado.

PDVSA en 2006 prácticamente no tenía deuda y estaba capitalizada. Para 2014 debía 20 veces más y hoy, aun está endeudada y para colmo; insolvente. Las refinerías antes del accidente de "Amuay" de 2012 funcionaban en su totalidad; hoy no funciona prácticamente ninguna.

PDVSA antes de 2006 apenas importaba menos de 17.000 BPD, para 2014 ya importaba 75 MBD, llegando a superar los 200.000 BPD con Quevedo a bordo. Importar crudo y refinados es un buen negocio para los intermediarios; de hecho es el mejor negocio.

Entonces; de quien en la culpa señores?