Hemos sido reiterativos en sostener que la prédica anti-corrupción debe ser una constante, así como permanentes tienen que ser los esfuerzos que se hagan en favor de la implementación de rigurosos mecanismos de control interno en todas las instituciones que manejan fondos y bienes públicos, complementados, a su vez, con supervisiones y/o monitoreos bajo la responsabilidad de lo que pudiéramos llamar “Juntas de Veedores”, concebidas en el marco de una legislación implacable anticorrupción, para garantizar así una mayor efectividad y transparencia de los controles internos establecidos y que su diseño, obviamente, abandone de cuajo los códigos de fiscalización tradicionales de esta sociedad mercantilista de cómplices que tanto daño le ha hecho al país a través de toda su historia republicana y que sólo han servido para articular fórmulas de control que no han servido para nada, sino para prohijar aún más los delitos contra la cosa pública y como ejemplo de ello, tenemos que en más de 40 años de corrupción de la Cuarta República, sólo fue a parar a la cárcel el famoso chinito de Racadi y nadie más...!!! ¿Lo recuerdan…?.
Pero, no basta sólo con esas tres opciones para enfrentar el flagelo. La corrupción, de manera general, se las sabe todas y, por otra parte, siempre encuentra salidas “airosas”, por doloroso que nos parezca reconocerlo. Allí no sólo está el funcionario corrupto presto a delinquir y que siempre tratará de encontrar resquicios para burlar cualquier control que exista, sino aquél otro que se deja sobornar pasivamente y que hará lo propio, o aquellos que, por temor a perder sus cargos, hacen todo lo que se les indique, como mansos borregos, en la dirección de que quienes están dispuestos a sacar provecho a como de lugar del acto administrativo acordado para la compra de bienes o servicios, logren sus objetivos. Eso lo tenemos muy en claro, pues es así como se planifican y se ejecutan los actos ilícitos, por lo que más allá de apreciar esas "veedurías" como una muy buena estrategia para enfrentar la corrupción, ya que ellas reforzarían, sin duda alguna, los procesos usuales y normales del control, hemos también sostenido el criterio de que paralelamente se diseñen y se pongan en práctica las llamadas auditorias en caliente y/o sorpresivas, como acciones rutinarias de una sostenida política de fiscalizaciones, así como estimular y propiciar, hasta el cansancio, la denuncia de hechos ilícitos, a través de apropiados mecanismos que ofrezcan garantías de protección al denunciante, de manera que éste no sea al final víctima de algún tipo de venganza y que además se le de crédito a sus palabras, más allá de que tenga o no las pruebas en mano, pues ya sabemos que quien estafa al Estado, por lo general, no deja huellas. De manera que toda denuncia hay que admitirla como un indicio de que algo nada santo se ha cometido o se está fraguando...!!!
A la par de poner en marcha ese tipo de gestiones de fiscalización, el máximo Órgano del Control debe imponerse como política de rutina, la revisión exhaustiva de las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios del Estado que manejen y/o dispongan de los bienes y dineros públicos, así como todos aquellos que funjan de asistentes y/o que, de alguna manera, tengan que ver con la implementación de esas competencias.
De manera que, como lo hemos sostenido desde hace muchos años, si bien es cierto que el discurso anti-corrupción persistente coadyuva en favor de un propósito orientado a ir creando en el pueblo una auténtica conciencia acerca del daño moral que le hace la corrupción al país, ello no es suficiente. Hay que ir mucho más allá, se impone una praxis que convierta el proceso de control en un hecho normal y cotidiano, aceptado como una acción necesaria y conveniente para todo un pueblo que tiene como meta preeminente e insoslayable, construir una patria grande y soberana, donde prevalezcan los principios de la moralidad y la decencia sobre cualquiera otros.
Ejercimos funciones fiscales como brazos ejecutores de la actividad cotidiana en el ejercicio del control público, así como responsabilidades de gerencia en la Contraloría General de la República durante casi toda la era del "puntofijismo" (1.961/85) y por ello conocimos al monstruo por dentro, así como su inmenso poder y complicidad para destruir a quienes se atrevían a no acatar sus ilegales e inmorales instrucciones. Fuimos atacados furiosamente a través de los medios de comunicación en muchos casos de corrupción que históricamente se pudieran calificar de emblemáticos, como fueron, por ejemplo, las compras de inmuebles a precios escandalosamente altos de los fundos La Candelaria y Las Quintas por el antiguo Banco Obrero en Valencia (Caldera I); ocupación y despojo de los terrenos nacionales expropiados para la construcción del distribuidor Santa Fe de la Autopista a Prados del Este (Caldera I); la compra a precios de oro de los terrenos de Antímano y La Vega, por parte del Centro Simón Bolívar, bajo la presidencia de Diego Arria (CAP I); la adquisición al doble de su precio, de la sede de la Fundación de El Niño en la Av. Andrés Bello, en Sarria (Luis Herrera Campins), así como muchos otros que se nos haría interminable su relación, hasta que, finalmente, fuimos víctimas de los mayores atropellos cuando personalmente logramos impedir, durante el gobierno de Lusinchi y Blanca Ibañez (1.985), que se perfeccionara el pago de una estafa cuantiosa para la adquisición, por parte de PDVSA, de los terrenos donde hoy opera el Criogénico de Oriente, en Anzoátegui (fundo Jose), terrenos esos que, conforme a la investigación que adelantamos, se acumularon sobradas evidencias documentales de que esos terrenos tenían origen baldío, por lo que en el respectivo informe fiscal que suscribimos, solicitamos que, previo a la adquisición de los mismos, se adelantara una rigurosa revisión de su cadena titulativa, lo cual determinó, por paradójico que parezca, que se nos diera de baja del organismo, luego haberle servido por casi 25 años (1), y es por ello por lo que nos sentimos obligados a decir y proponer lo que consideramos importante implementar para que el éxito en la batalla contra la corrupción, sea eficaz y nunca jamás se vea interferida por las conductas cómplices y perversas, como ha sido lo que ha ocurrido históricamente en el país...
Para llevar adelante ese gran esfuerzo anticorrupción persistente, tenemos, además, el mayor ejemplo en nuestro héroe máximo, el Libertador Simón Bolívar, no solamente con su conducta en el plano personal frente a aquellas varias ocasiones en que se negó a ser beneficiario de asignaciones y canonjías con dineros de los fondos públicos, sino que ya como estadista y Jefe Supremo de la República, en sus arengas, proclamas y cartas, el terrible problema de la corrupción lo tuvo siempre presente, pues para él ese fue un tema al que le concedió especial atención (2), al punto de que se vio en la imperiosa necesidad de tener que llegar a prescribir como castigo a quienes incurrieran en delitos contra la cosa pública, la pena de muerte en juicios sumarios, lo cual sancionó por Decreto de fecha 12 de enero de 1.824, disposición ese que tiene como hecho relevante que igualmente contempla la misma pena para aquellos jueces que no le dieren cumplimiento a dicha decisión (3).
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(1) Desde entonces han sido infructuosas las diligencias que hemos hecho ante el Organismo Contralor para que se revisen esas adquisiciones, así como otras muchas de terrenos vecinos y del mismo origen que han adquirido otras dependencias del Estado (como lo fue el antiguo Mindur, hoy de Obras Públicas y Vivienda) y no obstante que he presionado para ser recibido por altos funcionarios de la Administración del Control descentralizado en dos ocasiones, si mal no recuerdo hace 3 y 5 anos, hasta el momento lo que ha habido, de su parte, es un silencio absoluto...
(2) Algunos pensamientos del Libertador sobre el tema: "Es deber de todo ciudadano vigilar la legítima inserción de las rentas públicas, en beneficio de la sociedad" (15/02/1.819); "La hacienda no es de quien os gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostrar el uso que han hecho de ellos" (02/01/1.814); "La masa física se equilibra con la fuerza moral" (06/09/1.815); "La mejor política es la honradez" (17/08/1.820); "Para el gobierno no sería más útil ni más satisfactorio que corregir los abusos de la administración" (24/05/1.821) y "Sin moral republicana, no puede haber gobierno libre" (26/05/1.820).
(3) Este decreto tiene por título: "Aplicación de la pena de muerte a los funcionarios que hayan tomado dinero de los Fondos Públicos" y está suscrito por Simón Bolívar, en su cacácter de presidente del Perú.
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