Una muestra
de la dinámica y cambio de lo social en el espectro de la comunidad
política organizada, al hacer referencia a la política social, una
vez aplicada y relacionada con los derechos sociales, no se refiere
sólo a las necesidades de salud, nutrición o educación lo que ocupa
las prioridades, sino que la cuestión ambiental y la sostenibilidad
de los recursos naturales, así como el problema de la participación
en la toma de decisiones políticas, son hoy día, la vanguardia de
las demandas sociales del colectivo.
Ante esta dinámica,
buscando ordenar el espectro de las políticas públicas en los Estados
democráticos, se aprecian tres categorías permitirían apreciar la
relación de la política social con los derechos sociales, en un tiempo
real que haga posible distinguir el carácter multiplicador de las condiciones
de bienestar más allá del efecto inmediato de la aplicación de la
política social. Estas categorías resaltantes serían: el conocimiento,
el cual permite la incorporación de mano calificada al trabajo; la
salud, por la vía de la prevención y la atención primaria, que evitaría
gastos elevados en este concepto en sociedades reprimidas económicamente;
y la participación política, que le daría a los ciudadanos la posibilidad
de tener presencia en la toma de decisión política que evalúa sus
demandas sociales.
En una palabra,
la política social desde los derechos sociales, es un instrumento de
ejecución del Estado que permite potencializar la capacidad de los
individuos para hacer frente a sus necesidades materiales y simbólicas,
interactuando con el sistema político y actuando a través de la ejecución
de esa política social.
Si bien es
cierto, la política social se debe a la personalidad política de un
Estado Benefactor; no es menos cierto que a pesar de que ese Estado
(en condiciones democráticas y neoliberales) haya evolucionado hacia
la figura de un Estado Gerente, galante de las políticas que instrumentaliza
y generador de productividad para el colectivo, aún mantiene, en su
visión a largo plazo, la necesidad de seguir siendo reconocido como
Estado Benefactor, puesto que el fin último y continuo de las nuevas
ofertas políticas en Latinoamérica, se circunscribe en ofertar “bienestar”
por sobre todas las cosas.
El Estado de
bienestar es un proyecto, así como un modelo de sociedad, que
constituye el principal punto programático de gran número de ideologías
y partidos políticos actuales. Surgió en la segunda mitad del
siglo XX, y su razón de ser es que el gobierno de un Estado debe ejecutar
determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar
de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación
y, en general, todo el espectro posible de seguridad social.
El Estado de
bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza,
desde donde las sociedades desarrollen y ejerciten sus políticas
tendentes a conseguir un cierto Estado de bienestar. Pese a ello, sí
existen diferencias entre las políticas que en este sentido aplican
los partidos de tendencia liberal más, cuyo punto de vista es
conservador, entiendo el Estado de bienestar como la garantía de que
ningún individuo subsista por debajo de un mínimo umbral de calidad
de vida; y las formaciones socialistas o socialdemócratas para las
cuales el Estado de bienestar significa la posibilidad de construir
una sociedad más justa y solidaria.
Ahora bien,
lo que se aspira que prevalezca es un “Estado para el Bienestar”
y no la idea liberal del “Estado de Bienestar “que se definió anteriormente.
Esta visión del “Estado para el Bienestar”, va más allá de planteamientos
ideológicos, se concentra en la factibilidad de las situaciones. Es
decir, en la ejecución concreta y completa de una Planificación Social.
Para efectos
de los estadios que descriptivamente determinan el avance de la Planificación
como eje promovedor de la política social, en razón de realidades
sociales determinadas, se construyen definiciones operativas de nuevos
valores que toma la Planificación según su ingerencia directa en la
guía hacia la consolidación de la política social en un tiempo histórico
determinado. Se hace referencia a una Planificación Social que de acuerdo
a las necesidades orienta una respuesta directa al colectivo; de allí,
en la medida que esas necesidades pasan a ser parte de una gestión
de Gobierno, del Estado Benefactor, se hace cada vez más necesario
que la atención se circunscriba en torno a la pobreza como indicador
a llevar a sus mejores dígitos de inexistencia. Una vez que ese Estado
Benefactor logra motivar al colectivo con su propuesta social, esta
se transforma en Programas Asistenciales que aspiran alcanzar la Igualdad
de Oportunidades.
La política
social puesta al servicio del colectivo se transforma en un derecho
adquirido que a su vez alimenta el espíritu de las organizaciones de
la Sociedad para exigir el cumplimiento de los acuerdos y reconocimientos
que el Estado en su deseo de Igualdad Social ofreció a la colectividad.
Se incrementa las demandas y con ello se hace necesario recurrir a la
Planificación Situacional, cuyo ideólogo fue Carlos Matus, a efecto
de poder orientar y hacer factible todos esos requerimientos sin que
ello constituya un obstáculo para el desarrollo de otras políticas
del Estado.
En cuanto a los Derechos, es importante resaltar la figura de la Planificación Ideológica, la cual es el ordenamiento de las actividades y orientaciones que se le ha de dar al factor político en el marco de la visión de Estado que se oferta como Gobierno. Planificar la ideología es construir mecanismos de factibilidad de la razón de ser inspirativa de los Gobiernos. Es decir, darle un sentido coherente con las necesidades y programas asistenciales, a la concepción de mundo y de sociedad de los Partidos o Movimientos Políticos. Porque muchas voces habrán decretado la muerte de la partidocracia, así como del neoliberalismo, pero nadie podrá esperar nuevos esquemas de organización política, sin que ello implique los valores democráticos y de libertades de las sociedades. En este siglo XXI, no hay lugar para las “oligarquías”, sino para el “bien común”.
