Desde 1999 Venezuela vive bajo la conducción de Hugo Chávez un proceso de transformación catalogado como bolivariano y que desde 2005 dice orientarse resueltamente hacia el socialismo del siglo XXI; Uruguay, a su vez, conoce desde 2005 un gobierno y un tercio del Frente Amplio, autodefinido como “progresista” (aunque cuenta en su seno con algunas fuerzas políticas que dicen tener como meta el socialismo) bajo la conducción de dos Presidentes, Tabaré Vázquez y José Mujica. Muchas voces (incluso del gobierno de EEUU) han contrapuesto ambos procesos, clasificando al venezolano como populista y peligroso para la región y el mundo, y al uruguayo como pragmático y responsable. Obviamente, ambos dicen orientar todos sus esfuerzos a la satisfacción de las necesidades de todos sus ciudadanos. Recordando que (con Marx) hemos definido el ecomunitarismo como el orden socioambiental poscapitalista capaz de vivir según el principio “De cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad, respetando los grandes equilibrios ecológicos”, y que concebimos el socialismo del siglo XXI a la luz de ese horizonte ecomunitarista, por nuestra parte nos proponemos una reflexión inicial (a la espera de todas las críticas y correcciones que siempre serán bienvenidas, y de los trabajos posteriores que superen a este) que compare esos procesos, enfocando dos niveles: el de algunos indicadores sociales básicos (para medir la eficiencia de cada proceso en la satisfacción de ciertas necesidades elementales), y el de la socialización de los medios de producción y la implementación del poder popular asentado en la democracia participativa y protagónica, consideradas dos herramientas imprescindibles en el camino de la construcción del socialismo del siglo XXI.

ALGUNOS INDICADORES SOCIALES

Desde el principio la comparación se revela ardua, pues si Venezuela es un país de 916 mil kilómetros cuadrados y 27 millones de habitantes, que gracias a su riqueza en hidrocarburos tiene (según el FMI) en 2010 un PIB de 293 mil millones de dólares, Uruguay, por su parte, es un país de 176 mil kilómetros cuadrados y 3,3 millones de habitantes, y con una riqueza básicamente agropecuaria tiene en 2010 un PIB de 40 mil millones de dólares. Además el gobierno bolivariano ya cumple 13 años, mientras el frenteamplista completa su sexto año. Pero si tenemos en cuenta y computamos esa diferencia temporal, y trabajamos con porcentajes relevantes, entonces creemos que los indicadores son comparables como medidas de la eficiencia en la atención a ciertas necesidades. Todo ello sabiendo que hoy el PIB no es más considerado ni por la ONU (que ha propuesto el Índice de Desarrollo Humano) como un parámetro único significativo.

Reducción de la pobreza y la indigencia

Como lo recuerda un informe ministerial venezolano de 2006, l a Línea de Pobreza (LP) también conocido como el Método Indirecto, o del Ingreso, es uno de los mecanismos (criticable y criticado) para la medición de la pobreza e indigencia (conceptos complejos que engloban diversos factores objetivos y subjetivos); dice el informe: “a través de un enfoque cuantitativo, con este método, se busca identificar a los hogares cuyo ingreso per cápita es menor al que se requiere para cubrir las necesidades más básicas alimentarías y no alimentarias. Los hogares pobres en situación extrema (o sea, de indigencia) son aquellos que no alcanzan para cubrir la canasta alimentaría. En Venezuela, la fuente de datos para la aplicación de este método es la Encuesta de Hogares, lo que permite, por su periodicidad, tener cifras de pobreza (e indigencia) semestrales. A nivel internacional el Banco Mundial utiliza una línea de pobreza fijada en 1 dólar (PPA en dólares de 1985) diario por persona. En este caso la línea se basa en el consumo. Para América Latina se sugiere una línea de 2 dólares PPA. La fuente de datos para este método es la Encuesta de Hogares por Muestreo”. En Uruguay recuerda el Instituto Nacional de Estadística que: “ En cada sociedad y momento dado, el valor de la línea de pobreza debe equivaler a un nivel de gasto de consumo del hogar tal que: i) permita un gasto en alimentación que satisfaga los requerimientos nutricionales, respetando los rasgos fundamentales de los hábitos alimentarios de la población, y ii) simultáneamente, permita afrontar los otros gastos necesarios para satisfacer las necesidades más básicas como Vivienda, Salud, Educación, Transporte y Vestimenta. El estrato de referencia debe satisfacer las condiciones anteriores. En términos más concretos debe respetar que: i) el promedio de consumo calórico implícito en el gasto en alimentación resulte superior a los requerimientos nutricionales mínimos estimados para la población, y ii) que la estructura de gastos de consumo en los otros bienes y servicios no debe presentar evidencias de privaciones en la satisfacción de las necesidades más básicas”. A su vez decía en 2005 la profesora Andrea Vigorito, del Instituto de Economía de la Universidad de la República: “Las mediciones de pobreza de ingresos en Uruguay se han realizado básicamente para las localidades urbanas, cubiertas por la Encuesta Continua de Hogares. Ello se debe a que solamente en 1981 y 1999 se relevaron los ingresos de áreas rurales. Desde 2002 existe un decreto por el cuál el gobierno debe publicar estadísticas sobre pobreza. Hasta el momento, éstas han sido entendidas como pobreza de ingresos. Muchos investigadores en forma independiente han estimado y estudiado la pobreza según esta metodología. A nivel oficial se publica desde 2002 un informe de pobreza y pobreza extrema por el método del ingreso en la página web del Instituto Nacional de Estadística. En estos estudios se hace referencia a carencias de información que resulta interesante recoger a la hora de pensar en la reformulación de las estadísticas nacionales sobre pobreza. Entre las principales carencias se menciona la no disponibilidad de precios para el interior del país, problemas metodológicos asociados a las líneas de pobreza disponibles, no disponibilidad de información sobre asignación de recursos dentro de los hogares, limitaciones del análisis a las áreas cubiertas por las encuestas continuas de hogares, no disponibilidad de estimaciones de economías de escala recientes, falta de datos de panel para realizar un seguimiento de hogares y personas bajo la línea de pobreza”. A partir de su poder de compra en relación a las canastas básicas, el INE de Uruguay traza en noviembre de 2001 la línea de indigencia en un ingreso mensual per cápita de 1.899 pesos uruguayos para Montevideo (redondeando, unos 95 dólares, valor de una canasta básica alimentaria para un hogar unipersonal), en 1765 pesos en el interior urbano, y 1589 pesos en el interior rural; y la línea de pobreza la sitúa en 7.746 pesos uruguayos (unos 380 dólares, valor de una canasta básica total para un hogar unipersonal) en Montevideo, 5.204 pesos en el interior urbano, y 3.379 pesos en el interior rural del país.

Como no sabemos si los métodos de medición son exactamente iguales en Venezuela y Uruguay, se hace imposible una comparación, y sólo podemos contentarnos con registrar los resultados obtenidos por ambos gobiernos, en función de sus respectivas varas de medir.

El Pte. Chávez encontró en 1999 un 49% de la población venezolana en situación de pobreza, de los cuales el 21% estaba en situación de indigencia; los datos de 2011 muestran que la primera se redujo hasta el 27,4% y la segunda al 7 %. En Uruguay la población en situación de pobreza y de indigencia disminuyó del 15,4% y 2,5% respectivamente desde 2002 (o sea desde 3 años antes del primer gobierno frenteamplista) a 8,6% y 1,4% respectivamente a fines de 2010 (o sea, tras 6 años de gobierno del Frente Amplio, FA). Ambos gobiernos tienen, pues, un buen desempeño en la disminución de la pobreza y la indigencia. Pero no hay que olvidar que la historia del capitalismo muestra que algunas fases de ese modo de producción y de vida no son incompatibles con un cierto supuesto Estado de Bienestar Social; de lo que se trata es de ir construyendo un nuevo orden socioambiental (que he denominado ecomunitarismo) en el que los seres humanos se reconcilien entre si y con el resto de la naturaleza, superando la alienación en todas sus dimensiones y aprendiendo a preservar-regenerar a la naturaleza no humana.

El índice de GINI y la distribución del ingreso nacional

Ese índice mide supuestamente la igualdad-desigualdad de la distribución de la riqueza dentro de un país; se sitúa entre 0 y 1, y cuanto más se acerca a cero más igualitaria es esa distribución, y cuanto más se acerca a 1, más desigual es la misma. Ahora bien, en 2011 la profesora Andrea Vigorito, ya citada, dijo que en Uruguay el Gini mide la distribución de ingresos, pues no hay datos para evaluar la riqueza, o los mismos se hallan muy dispersos y no han sido aún reunidos.

Venezuela pasó de un índice Gini de 0,4693 en 1999 a 0,3902 en 2011.

Uruguay en 2004 (el primer gobierno nacional del FA comenzó en marzo de 2005) tiene un índice Gini sin valor locativo de 0,471; en 2007 sería de 0,456, en 2008 de 0,445, en 2009 de 0,433; según el Instituto Cuesta Duarte, observatorio especializado de la central obrera uruguaya PIT - CNT, el mismo habría terminado en 0,421 en 2010, pero se aclara que s i bien la tendencia en lo que atañe a la desigualdad de ingresos ha sido a la baja en los últimos años, los resultados alcanzados hasta el momento no permiten alcanzar los niveles de la década del 90, donde la desigualdad era menor.

O sea que los ingresos se han ido distribuyendo más igualitariamente tanto en Venezuela durante el gobierno bolivariano (a pesar de que en 2011 todavía el 20% más rico de la población consume el 44,8% de la riqueza nacional, hay que decir que ese mismo 20% consumía en 1998 el 53,4% de tal riqueza), como en Uruguay en los gobiernos del FA, aunque allí la distribución de los ingresos no ha mejorado en relación a la existente antes de esos gobiernos en los años 90. En Uruguay, el Instituto Cuesta Duarte , en su informe de coyuntura correspondiente al cuarto trimestre del 2010, concluye que el 20 % más rico del país se apropia del 47.7 % del ingreso nacional y el 20 % más pobre se debe conformar con apenas el 5.7 % del ingreso nacional; a su vez el economista Jorge Notaro, computando datos del período 2006 a 2009, dice que los ingresos de los sectores populares son poco más del 40% del total de ingresos generados en el país y durante los últimos cuatro años tuvieron variaciones irrelevantes; del 60% restante aproximadamente un 5% son salarios de directores de empresas y profesionales en relación de dependencia, un 20% o 25% son pagos al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva, y no menos del 30% del INBD (Ingreso Nacional Bruto Disponible), es decir, catorce mil millones de dólares anuales, son ingresos del capital. A su vez según la Red de Economistas e Izquierda del Uruguay entre 1993 y 2009 s e verifica en Uruguay que el salario real permanece casi estancado con una tendencia decreciente mientras el PIB por habitante presenta una clara tendencia creciente; entre extremos, el salarlo real no varía pero el PBI aumenta nada menos que un 41.3%. El PIB creció en el primer Gobierno del FA del 2005 al 2009 el 25,1% (algo raro en la historia uruguaya, aunque ese crecimiento se limita al 21% si comparado a 1998). El alza de los precios externos determinó un enriquecimiento de los terratenientes en un valor de 30.790 millones de dólares; pero el Estado sólo recaudó en impuestos el 1,2% de ese aumento, unos 380 millones de dólares. Un nuevo impuesto creado por el FA, el IRPF, recauda el 87% de sus ingresos en las rentas del trabajo y sólo el 13% en las del capital; incluso el FA cambió su slogan de “que paguen más los que TIENEN más”, por “que paguen más los que GANEN más”, para justificar ese peso sobre los salarios. Por su parte la asignación de recursos a la educación en relación al PIB bajó en el primer gobierno del FA (del 2005 al 2009) del 3,4 % al 3,3 %, y en la salud bajó del 4,6 % al 4,3 % . En su informe de 2011 el Instituto Cuesta Duarte dice que en Uruguay e n 2010 continuó la tendencia al crecimiento de los ingresos de los hogares en términos reales, iniciada en 2004, pero que, no obstante, cabe destacar que aún no se alcanzó el nivel de ingresos reales que tenían los hogares en 1999.

Los números de Venezuela y Uruguay muestran una mejora en el índice Gini, y también que en ambos países el 20% mas rico de la población aún se queda con más del 44% del ingreso nacional (número demasiado elevado de cara a cualquier socialismo).

Ante algunas voces que llaman la atención hacia el hecho de que un Gini más igualitario puede cubrir situaciones de una pobreza-precariedad igualitariamente distribuídas, aclaro que la propuesta ecomunitarista, a partir de la tercera norma fundamental de la ética (ver mi libro “Ética Ecomunitarista”, Ed. UASLP, México, 2009) adopta la necesaria frugalidad ecológica (que no puede ser penuria) a la hora de encarar desigualmente (como lo quería Marx) la satisfacción de las necesidades desiguales de cada individuo para su plena realización (y que deben ser atendidas por la comunidad a cambio del concurso de las capacidades de tal individuo para la producción social).

Desempleo

En Venezuela el desempleo es en 2011 del 7,9% de la población activa, y era en 1999 del 16%; así, en 13 años Venezuela redujo su desempleo a la mitad. En Uruguay el desempleo es en 2011 del 5,9%, y era en 2004 del 16%; así en lo que va de los dos gobiernos frenteamplistas y en los 6 años de éstos el desempleo se redujo en casi dos terceras partes.

Uruguay se mostró, pues, en 8 años, más eficaz que Venezuela en 12 años en la reducción del desempleo.

En Venezuela el trabajo formal era del 40,31 % del total en 1999, mientras que en 2011 ya era del 57,7%; en Uruguay en 2004 el 60% del trabajo era formal, y en 2007 alcanzaba el 58%; un informe de 2011 del Instituto Cuesta Duarte dice que en un universo de 1,6 millón de ocupados la no declaración a la seguridad social afectaría a unos 460 mil, lo que supondría una disminución de 5 % en relación a 2010 (si lo entendimos bien el empleo formal sería del 71 % en 2011). En ambos países habría disminuido la informalidad del empleo, aunque con altibajos. Claro que lo que más cuenta de cara al socialismo del siglo XXI no es cualquier empleo (sea él formal o no), sino la actividad productiva solidaria sin patrones y encuadrada en una economía ecológica.

Reforma Agraria

Hasta diciembre de 2011 la Venezuela bolivariana ha expropiado (mediante indemnización, salvo en los casos en los que los supuestos propietarios no han podido presentar la documentación que los avale) 3 millones 700 mil hectáreas (o sea un 4% de los 91 millones de hectáreas del país, pero debemos considerar que ese territorio tiene inmensas selvas, bosques, ríos y humedales que no deben/pueden ser usados para agricultura o ganadería) para destinarlas a “Empresas Socialistas” (cuyo contenido real habría que analizar en otra ocasión) o pequeños agricultores, invirtiendo en ello un record histórico para el país en financiamiento. Por su parte en el sitio del Instituto Nacional de Colonización, que es el órgano del gobierno uruguayo para este tema, no encontramos datos correspondientes al gobierno y un tercio frenteamplista, sino sólo al período comprendido entre 2006 y 2010 (o sea a lo que corresponde a los 4 últimos años del gobierno de Vázquez y al primero de Mujica); a su vez, tuvimos que cernir esos datos, pues no todos corresponden a predios destinados a pequeños colonos; como sobre el Departamento de Rocha no hay datos concretos, trabajamos con los correspondientes a los otros 14 Departamentos allí citados (Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, Tacuarembó, San José y Soriano), recordando que el Uruguay tiene 19. El total de predios que contabilizamos fue de 150, con una superficie total de 16.906 hectáreas; como casi la totalidad de las 17 millones de hectáreas del Uruguay son (con las necesarias precauciones ecológicas) productivas, concluimos que entre 2006 y 2010 los gobiernos del FA destinaron a la colonización tan sólo el 0,1% de las tierras. Si calculamos que en ese período hay una distribución anual de 3381 hás. y extrapolamos el dato obtenido a la totalidad del gobierno y un tercio del FA, obtendremos un total de 23.668 hás., lo que significaría un 0,14 de las tierras uruguayas. Y si extrapolamos ese dato a un eventual período de gobiernos frenteamplistas que equipare a los 13 años que lleva Chávez gobernando a Venezuela, obtendríamos un total de 43.953 hás, lo que supondría un 0,26% de las tierras del Uruguay.

Con estos datos (cuya imprecisión e incompletud hemos destacado) concluimos que el gobierno bolivariano ha sido 15 veces más distribuidor de tierras que el gobierno y un tercio frenteamplista en Uruguay.

Otro dato indica que en Uruguay sólo tres multinacionales controlan extensiones que van de las 120 mil a las 180 hás. Al trabajar en 2011 sobre un modesto Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales que excedan las 2 mil hás., se recordó que el Censo Agropecuario de 2000 indicó que 8 mil terratenientes eran dueños del 75% de las tierras del país, y que se sabe que en los últimos 10 años un tercio de las tierras uruguayas cambió de manos, en su mayor parte hacia dueños extranjeros.Ahora bien, el promedio de los 150 predios que contabilizamos en el INC para el período 2006-2010, arroja un promedio de 113 hás; y en el Departamento de Canelones, tradicional reducto del minifundio, ese promedio no pasa (en un total de 41 predios) de las 30

hás. Todos los datos anteriores sumados a este último, realzan aún más la timidez de los gobiernos del FA en materia de reforma agraria, en un país donde sigue predominando ampliamente el poder económico (que se amplía en político, mediático y militar) del latifundio.

Agreguemos que si Venezuela ha creado en el campo y en la ciudad diversas empresas catalogadas como “socialistas” (cuyo contenido real, repetimos, habría que analizar en otra oportunidad), en Uruguay los gobiernos del FA no han hecho nada de eso, incluso porque nunca han dicho claramente que pretenden caminar hacia el socialismo del siglo XXI. Lo que hay en Uruguay son una docena de fábricas recuperadas por sus trabajadores y alguna cooperativa rural que pretenden adoptar el modelo de la autogestión sin patrones, y en algún caso han sido apoyadas por el gobierno (como es el caso de la cooperativa rural “15 de Enero” en el extremo norte donde ocupa una fracción de tierra no superior a las 43 hás. y “Envidrio”, fábrica de envases de vidrio, que por cierto contó con buena ayuda financiera venezolana, mediante encargos-compras).

Vivienda

Sólo en 2011 el gobierno bolivariano ha construido 100 mil viviendas populares (y anuncia un plan de llegar a las 300 mil en 2013 y de hacer que toda familia venezolana tenga su vivienda propia en 2019). 100 mil viviendas en un año significan una vivienda para cada 270 habitantes.

En Uruguay el Ministerio de Vivienda dijo que en 2011 hubo 42.620 “soluciones habitacionales”; pero ellas incluyen incluso obras de conexión a agua potable de viviendas ya existentes; como en su informe está vacío el rubro “Programa de nuevas urbanizaciones”, consideramos obras de construcción o remodelación de viviendas habitadas-habitables los siguientes rubros: Plan Nacional de Relocalizaciones (733), Rehabilitación y consolidación urbano habitacional (9.327), Vivienda Rural y pequeñas localidades (2257) y Refacción y Comercialización de viviendas libres (764); ello daría un total de 13.081 viviendas construidas o reformadas, lo que significa una vivienda para cada 252 habitantes.



Recordando la precariedad de nuestros datos sobre Uruguay, ese número muestra una aparente semejanza entre ambos países-gobiernos para 2011 (aunque repetimos que en Venezuela se trata sólo de construcciones que involucran a 1 de cada 270 habitantes, mientras que los datos de Uruguay son poco precisos e incluyen varias rúbricas).

Salud

Dentro de este vasto dominio elegimos un solo parámetro: la mortalidad infantil

En Venezuela la mayor reducción de la tasa de mortalidad infantil se ha obtenido durante el mandato del presidente Chávez: desde 1999 hasta 2010, la reducción fue de 32%; y al cerrar 2010 la tasa era de 15,98.

En Uruguay un funcionario gubernamental anunció el 24/02/2010 que antes de iniciarse el período frenteamplista la mortalidad infantil era (en 2005) del 13,6 por mil nacidos vivos, y que el país terminó 2009 con un 9,56; la mortalidad materna también había disminuido y el país tenía la tasa más baja de la región, con 3,4 por 10.000; en marzo de 2011 se anunció que en 2010 la mortalidad infantil había bajado a 7,71.

Con un valor de 7,71 en 2010, en 6 años de gobierno del FA Uruguay disminuyó la tasa de mortalidad infantil en un 44 %, o sea, bastante más que la proporción de la reducción venezolana en 12 años. Habría pues más eficacia uruguaya en ese capital rubro. (Mas hay que recordar que en Venezuela el gobierno bolivariano encontró una tasa tres veces mayor que la heredada por el FA en Uruguay; además, y eso habla de una característica peligrosamente mercantilista incrustada en el sistema de salud, en Uruguay el 13/12/2011 se anunció un paro médico contra la directriz dada por las Mutuales de atender a cada paciente en 14 minutos).

Educación

En Uruguay se considera en 2011 que casi el 100% de los niños entre 6 y 11 años asisten a clases de enseñanza primaria; en 1997 no se registraba casi deserción; no encontramos datos sobre la deserción en Primaria en 2011. Ahora bien el 11/10/2011 el Ministro de Educación uruguayo, Ehrlich, dijo que (según la Evaluación PISA 2009) el 16% de los jóvenes de 15 años no asistía a ningún centro de enseñanza y 2% aún se encontraba en Primaria; agregó que en la evaluación “sobre el 82% restante” (sic!), el 50% estaba en el grado que corresponde y un 32% se encontraba rezagado; evaluó que hay "46.000 jóvenes desconectados totalmente de la vida social de la educación y trabajo", y que "cada año se desvinculan (del sistema educativo) unos 4.500 a 5.000 jóvenes". Por otra parte se constató al terminar 2011 que en Uruguay la cuarta parte de los liceales repiten el año.

En Venezuela a fines de 2010 el 85% de la población infantil de Venezuela comienza y termina la primaria en 6 años; desde 1988 hasta 1999, sólo lo hacía el 67%; o sea que el gobierno bolivariano aumentó considerablemente la eficiencia en ese rubro.

En la Universidad de la República (la única Universidad pública del Uruguay, que congrega a la enorme mayoría de los estudiantes universitarios del país), el Rector Arocena dijo que en 2011 se sigue incrementando el número de graduados; si a fines de la década de 1990 se graduaban unos 3.300 por año, en 2011 son entre 4.700 y 4.800; aunque dijo que era eso mucho menos de lo que querría porque hay unos 100 mil estudiantes matriculados; también hay un 30% de estudiantes que se desvinculan en el primer año y los metros cuadrados por estudiante vienen en picada desde 2001, pues hay apenas 2,5 metros por estudiante. Notemos que 100 mil estudiantes universitarios corresponden a una proporción de uno para cada 33 habitantes.

En Venezuela frecuentaban la Universidad (sumando Grado y Posgrado) en 2000 unos 894 mil estudiantes, y en 2008 ya eran 2.100.000, lo que supone en 9 años de gobierno bolivariano un incremento de más del 100%, y la proporción es de 1 universitario cada 13 habitantes. Esa cifra muestra una supremacía venezolana en el acceso a la Universidad de casi el triple del guarismo uruguayo (1 en 33).

Hay que notar además que si en Venezuela en 2000 la Universidad privada atendía al 41,2% de los universitarios, en el 2008 ese porcentaje se redujo al 28% (con el incremento de la matrícula en las Universidades públicas que pasó del 58,8% al 72% en ese período bolivariano).

La Inseguridad

Encuestas realizadas a fines de 2011 mostraron que el principal motivo de preocupación de los venezolanos es la inseguridad; si conocimos testigos que ya en los años 70 se asombraban de que en Caracas las casas tuvieran rejas hasta en la segunda planta, el propio gobierno bolivariano reconoce hoy que mucho le queda por hacer para neutralizar los asesinatos, secuestros, tráfico de drogas, asaltos y robos.

En Uruguay el tema de la inseguridad ha sido agitado contra el gobierno del FA por la gran prensa de derecha y las clases altas y medias (incluso a fines de diciembre de 2011 una manifestación que exigía que el Ministro del Interior resolviera el tema o renunciase, reunió a 300 personas en un barrio de clase media-alta de Montevideo); los asaltos, robos y el tráfico de drogas son los mayores problemas de seguridad; ahora, para combatirlos el gobierno del FA organizó, entre otras medidas, operaciones policiales en barrios populares, que han molestado a parte de la población y la militancia de izquierda en esos lugares (pues ese mecanismo es el mismo ya usado por los gobiernos anteriores de derecha).

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PODER POPULAR

Asamblea Constituyente y refundación de la democracia

En Venezuela el Pte. Chávez, cumpliendo una de sus principales promesas de campaña, convocó ya en 1999 a la Asamblea Constituyente; tras masivos debates populares una nueva Constitución fue aprobada en referendo ese mismo año (y rige hasta hoy, con la diferencia aprobada en referendo de la posibilidad de la postulación indefinida del Presidente a la relección, pues la amplia reforma impulsada antes por Chávez, se quedó a pocas décimas del 50% necesario para su aprobación).Esa Constitución, entre otras innovaciones, declara que la ciudadanía reside de forma intransferible en el pueblo, y más allá de la democracia representativa, llamó a implantar en el país la democracia participativa y protagónica.

En Uruguay durante los gobiernos del FA más de una vez se habló de una posible Asamblea Constituyente, sin llegar a concretar su llamada (a pesar de que ambos gobiernos del FA contaron con la mayoría absoluta en las dos cámaras del Poder Legislativo), y tampoco se dijo si en tal instancia se discutirían cuestiones esenciales como la propiedad-distribución de la tierra, y la democracia participativa y protagónica como expresión del Poder Popular.
El Poder Popular

Aplicando la Constitución se constituyeron en Venezuela los Consejos Comunales (la Ley de los Consejos Comunales fue aprobada en 2006, y en 2009 ya eran 25 mil), que, congregando a los vecinos en su barrio, o en parte de éste, elaboran proyectos de mejoría de la calidad de vida (incluyendo a proyectos productivos, que instalan pequeñas fábricas o talleres cooperativos) que son financiados directamente por el Gobierno (en especial a través de los Bancos Populares), sin pasar por la burocracia administrativa del viejo Estado.

En Uruguay, por el contrario, la cúpula del FA dejó diluirse poco a poco hasta llegar a su casi desaparición a sus Comités de Base, que fueron la raíz popular masiva en cada barrio del país cuando el FA se creó en 1971. Al parecer ese vacío de organización política en las bases no fue llenado ni por el Presupuesto Participativo, ni por la elección de Alcaldes en todo el país (en las elecciones municipales de 2010), ni por la descentralización en Zonales instrumentados por la Intendencia de Montevideo.

El poder mediático popular

Como ya se dijo, los gobiernos frenteamplistas no han enjuiciado el capitalismo en si, ni propuesto a la sociedad la alternativa del socialismo. El término “socialismo del siglo XXI” fue lanzado por Venezuela y ya fue adoptado por el gobierno de Ecuador (y de hecho le hacen eco Bolivia, Nicaragua, y hasta Cuba, que a fines de 2011 repite por boca de Raúl Castro que trata de “actualizar su socialismo”); en mi libro “El socialismo del siglo XXI en perspectiva ecomunitarista” y en algunos e-mails intercambiado con compañer@s he tratado de exponer mi visión de algunas de sus características: a) socialización de los medios de producción pero sin estatización completa de la economía, dando lugar fuerte a las cooperativas sin patrón y a las empresas familiares, (y aún al trabajo por cuenta propia, y, con todo cuidado, a la pequeña empresa capitalista como dice que va a hacerlo Cuba), b) economía ecológica, c) democracia predominantemente participativa y protagónica, d) educación ambiental problematizadora a todos los niveles, e) visión intercultural (rescatando el aporte indígena y negro en A. Latina), f) libertad de prensa, con mucho peso de órganos públicos y comunitarios, g) libertad para entrar y salir del país y transporte colectivo eficiente para circular dentro de él, h) actividades culturales y de esparcimiento al alcance de todos, y, i) milicias populares (además o en lugar de las FFAA).

En la Venezuela que asumió en 1999 Chávez, el único medio masivo de comunicación dirigido por los bolivarianos era el canal 8 de la TV estatal, que fue cerrado en el Golpe de Estado con el que la derecha y los EEUU (contando con todo el apoyo de la gran prensa privada) lograron desalojar a Chávez por 48 horas del gobierno en 2002. Tras ese golpe el gobierno bolivariano multiplicó la creación de órganos de prensa públicos o comunitarios, y para alcanzar el ámbito internacional creó (con la cooperación de otros países latinoamericanos, pero manteniendo el corazón financiero, tecnológico y de línea editorial en Venezuela) la cadena de TV Telesur y también Radiosur, que se han revelado fundamentales para darnos una visión bolivariana del acontecer latinoamericano y mundial, contraponiéndose al discurso único derechista-imperialista de la gran prensa privada del continente, nucleada en la Sociedad Interamericana de Prensa (que agrupa a los dueños de la gran prensa privada, coordinados desde su sede en EEUU).

En Uruguay el gobierno cuenta con la dirección (que ejerce de manera muy tímida en su línea editorial) de una única cadena de TV de alcance nacional, de otra que cubre sólo la capital (la oposición de derecha tiene tres), y de dos radios de alcance nacional; las radios que emiten programas que critican el capitalismo y debaten el socialismo (a secas o del siglo XXI) son una muy pequeña minoría (y con una parrilla que está dominada por programas que vehiculan el discurso único capitalista); en la gran prensa escrita sólo un diario de circulación nacional apoya al gobierno (la oposición de derecha tiene cuatro), y en la prensa escrita, oral y televisada del interior, las voces críticas del capitalismo y que plantean el debate socialista son prácticamente inexistentes.

ALGUNAS BREVÍSIMAS CONCLUSIONES INICIALES

A modo de conclusión provisoria, y tras recordar que algunos de las datos que hemos logrado reunir a propósito de los indicadores sociales son incompletos, nos atreveríamos a decir que si en ese rubro la superioridad de resultados se alterna entre Venezuela y Uruguay, en el área de la implementación de la progresiva socialización de la tierra (parte del indispensable proceso de socialización de los medios de producción si se quiere ir hacia el socialismo del siglo XXI) y la implantación de la democracia participativa y protagónica (otro pilar del socialismo del siglo XXI), Venezuela le lleva gran ventaja a Uruguay. [Reitero que cuando me refiero en óptica ecomunitarista a la socialización de los medios de producción, no me refiero a la estatización general de los mismos, sino que, sin descartar que en algunas áreas la propiedad estatal es la mejor, hago hincapié en el papel que están llamadas a jugar las cooperativas sin patrón y las unidades productivas familiares (y aún el trabajo por cuenta propia, mal menor en muchos casos de falta de oferta, como se ha mostrado en Cuba)]. Ahora bien, en lo que respecta a la deseada alternancia democrática de las personas en los cargos directivos (según lo exige la lógica política ecomunitarista), Uruguay parece llevarle ventaja a Venezuela al no hacer depender su proceso político de un sólo líder que prolonga su estadía indefinidamente en la presidencia.

A su vez, la apropiación del ingreso nacional por el 20% de los más ricos (donde están los grandes capitalistas) sigue siendo tanto en Uruguay como en Venezuela muy elevada (aunque en Venezuela bajó desde el 53,4 % en 1999 al 44,8 % en 2011; en Uruguay era en 2010 del 47,7 %), a pesar de que el índice de Gini muestra una tendencia a la igualación en ambos países en los períodos considerados. Divirgiendo de H. Dieterich, en mi libro “El socialismo del siglo XXI en perspectiva ecomunitarista” (Ed. UASLP, México, 2010) no comparto la idea de que en el ecomunitarismo (comunismo) haya de reinar una distribución igualitaria de los bienes y servicios a partir de las mismas horas trabajadas, sino que debe primar (como lo quería Marx) la distribución acorde al principio “de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad” (respetándose los grandes equilibrios ecológicos); ahora bien, como transición que se acerque a ese ideal, proponía yo para el socialismo del siglo XXI, un Ingreso Mínimo que cubriese las necesidades básicas de cada familia/individuo (en alimentación, educación, salud, casa, vestimenta, transporte, cultura y diversión); para ello habría que proceder al establecimiento de un sistema impositivo decreciente que tasase fuertemente a los grandes capitales (en especial terratenientes, industriales, bancos, exportadores-importadores), e incluyese, disminuyendo la tasación, hasta los docentes universitarios y la aristocracia obrera (pasando por los profesionales liberales, etc.); con la distribución de lo recaudado en ese sistema, se atendería el Ingreso Mínimo. Infelizmente los nuevos impuestos creados en Uruguay por el FA no se ajustan a esa lógica. No tengo los datos venezolanos en relación a este asunto.

Sirio López Velasco es filósofo (lopesirio@hotmail.com)