En Venezuela existe una situación que denominamos INSUBORDINACIÓN POPULAR GENERALIZADA. Esta situación comenzó a gestarse a mediados de los años 80 y reventó con fuerza el 27-28 de febrero de 1989. Se mantuvo con altos y bajos en los noventa, hasta que permitió los triunfos electorales de Hugo Chávez entre 1998 y 2000, y finalmente resurgió con toda su fuerza el 13 de abril de 2002. Esta insubordinación consiste en la pérdida absoluta de credibilidad en las instancias del poder burgués y en los mecanismos tradicionales de dominación: partidos políticos, sindicatos, parlamento, tribunales, aparatos represivos, etc. Es por ello que el propio movimiento chavista es aluvional; no responde a los mecanismos tradicionales mediante los cuales un partido conquista el poder político.
La llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 encontró a un movimiento popular y revolucionario totalmente disperso, desorganizado y sin un programa político común y coherente. Esta situación, lamentablemente, se ha mantenido hasta el presente. Esto ha obligado a Chávez a apoyarse principalmente en los partidos reformistas burgueses de la izquierda tradicional (los cuales, por cierto, hacía tiempo que habían renegado de toda posición revolucionaria y anticapitalista), y en la estructura de las fuerzas armadas. En otras palabras, en las desviaciones e inconsecuencias del proceso bolivariano tienen responsabilidad los propios revolucionarios, por no haber sido capaces de presentar una alternativa político-organizativa que confronte y debata con los programas reformistas que postulan las organizaciones del llamado oficialismo.
Aunque el pueblo sabe lo que no le conviene, no sabe aún qué tipo de organizaciones y de postulados políticos debe confrontar ante el poder del capitalismo globalizado. Por ello es que no se han constituido organismos de poder popular como sucedió en otras crisis históricas como el París de 1871, Petrogrado en 1917, Bolivia en 1952. En esta falta de claridad ha contribuido la crisis político-ideológica de la izquierda, crisis que tiene su desarrollo específico en Venezuela pero que responde al colapso mundial del modelo leninista-soviético.
Durante lo que va de año 2005, a partir de la propuesta realizada por el presidente Chávez de avanzar hacia el Socialismo del siglo XXI, y con el desarrollo de procesos de cogestión obrera en diferentes empresas del país, se comienza a perfilar una forma de organización social y de procesos económicos que apuntan a la superación de las relaciones capitalistas de producción. Aunque es un proceso embrionario, los revolucionarios vemos en esta iniciativa el comienzo del camino hacia una verdadera transformación revolucionaria en Venezuela.
El proceso de cambios en Venezuela avanza en dos vertientes paralelas. Por arriba discurre una corriente burocrática, integrada por los partidos reformistas y sectores militares que han asumido la administración del Estado y la ejecución práctica del programa contenido en la Constitución Bolivariana. Por abajo, se movilizan centenares de miles de venezolanos, utilizando en algunos casos organizaciones de base de reciente conformación, en apoyo incondicional a la revolución. Esta separación entre dirigentes y dirigidos es una grave debilidad del proceso y en términos históricos debe ser corregida para garantizar el futuro mismo de la revolución.
A pesar de estas limitaciones, LA INSUBORDINACIÓN POPULAR HA GENERADO UNA CRISIS HISTÓRICA DE ENORMES DIMENSIONES PARA LA BURGUESÍA Y SU PODER EN VENEZUELA. El desmoronamiento de los partidos y las instituciones entre 1989 y 1999 alcanzó niveles de destrucción casi total, situación que se ha profundizado luego de los triunfos populares ante el golpe fascista de abril del 2002, el paro petrolero de 2002-2003, la guarimba de febrero-marzo del 2004, y las victorias electorales revolucionarias en 2004 y 2005. Hasta hoy, la burguesía no ha podido recuperar su liderazgo político y mucho menos asomar alternativas institucionales viables.
DESPUÉS DEL REFERÉNDUM, ¿PARA DÓNDE VA LA REVOLUCIÓN?
Hace un año exactamente, al analizar la situación nacional luego del rotundo triunfo popular conquistado en el referéndum del 15 de agosto del 2004, dijimos públicamente que lo planteado en Venezuela era la disputa por el rumbo que tomaría la revolución bolivariana. Dicha disputa se realizará principalmente dentro de las fuerzas revolucionarias, pues el fracaso rotundo de los sectores políticos que tradicionalmente representaron los intereses de la burguesía y el imperialismo, obliga a los dueños del mundo a buscar expresiones dentro del propio chavismo.
Esto último se facilita por la multitud de tendencias derechistas, burocráticas y oportunistas presentes en el chavismo, las cuales serán fácilmente penetradas por agentes al servicio del capital internacional. La acción del imperialismo, de acuerdo a ese análisis, se realizará desde adentro del chavismo, sin descartar su acción conjunta con las fuerzas tradicionales que utilizó durante la etapa conspirativa del 2001 al 2004 (los medios de comunicación, las organizaciones civiles financiadas por la NED, los partidos de oposición, la CTV, Fedecámaras, la jerarquía eclesiástica y sectores militares fascistas).
La propuesta realizada por el Presidente Chávez de avanzar hacia el Socialismo del Siglo XXI, ha definido claramente las opciones que tiene por delante la revolución bolivariana. No puede haber revolución sin actuar contra el capitalismo multinacional y los poderes imperialistas mundiales. Para ello, el proceso bolivariano necesita transformarse profundamente, enfrentando las desviaciones que hoy amenazan su rumbo.
LOS VICIOS Y DESVIACIONES DEL PROCESO BOLIVARIANO
Transcurrido un año del referéndum, la realidad presente en la revolución bolivariana nos demuestra lo acertado de nuestras apreciaciones. Prácticamente sin oposición, el gobierno bolivariano no ha logrado avanzar hacia la profundización de los cambios y la elevación del nivel de vida de la población. El Estado venezolano, que ha venido obteniendo enormes ingresos extraordinarios provenientes del actual auge de los precios petroleros, sigue mostrándose incapaz de resolver los problemas más sentidos del pueblo oprimido. El nivel de vida de las grandes mayorías populares se ha venido deteriorando afectado por una inflación que deteriora cada día el salario de los trabajadores, mientras los aumentos de sueldo son regateados y pospuestos por los distintos ministerios.
Igual ocurre en áreas como la salud, la educación, la vivienda y el empleo, en donde las políticas estatales no terminan de cuajar y las carencias de la población siguen sin resolverse adecuadamente. La difícil situación del pueblo ha sido paliada coyunturalmente, y no en todos los sectores, mediante las misiones y los subsidios que las mismas brindan a numerosos ciudadanos y cooperativas. Pero siguen sin aparecer los planes a largo plazo que consoliden una nueva estructura institucional y un nuevo modelo económico acorde con la propuesta del socialismo del siglo XXI.
Sigue existiendo una abierta discrepancia entre el discurso y la acción de la revolución bolivariana. Mientras se afirma que el socialismo bolivariano se debe distanciar de las experiencias fracasadas de Europa del Este, en la práctica iniciativas como la cogestión obrera y las tomas de tierras se siguen promoviendo exclusivamente como acciones del Estado, en las cuales los movimientos sociales autónomos no juegan ningún papel. Estas son prácticas análogas al socialismo burocrático unipartidista que fracasó en la URSS. El control obrero de la producción nació históricamente como una acción espontánea de los trabajadores de los núcleos industriales en diversos países europeos durante la primera guerra mundial, dando origen a los soviets o consejos de fábrica que asumían el control político-militar de las industrias y del territorio en donde se encontraban. Pero en Venezuela los burócratas del gobierno pretenden imponer una cogestión desde arriba que desconoce a los verdaderos movimientos obreros clasistas y promueve en cambio a débiles organizaciones conformadas por aparatos clientelares de los partidos, las cuales no tienen ninguna posibilidad de trascendencia futura, más allá de repetir un clientelismo neoadeco que sucumbirá a corto plazo, o se convertirá en una manpara para fortalecer a una nueva burguesía industrial parasitaria.
Mientras el gobierno afirma cuestionar al modelo depredador impuesto por el capitalismo neoliberal en todo el mundo, y dice reivindicar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, instituciones como Corpozulia abanderan el auge de la explotación del carbón en la Sierra de Perijá, promoviendo el desplazamiento de decenas de comunidades indígenas y actuando como vulgares representantes de las multinacionales carboníferas en Venezuela, prácticas que no se diferencian en nada de las de la cuarta república. La represión desatada en las últimas semanas por la Guardia Nacional en contra de las comunidades indígenas wayúu de la zona de Cachirí forman parte de la lamentable realidad de una obra de gobierno que contradice abiertamente los principios bajo los cuales el presidente Chávez dice guiar a este proceso.
Mientras los representantes oficiales dicen que este es el gobierno de los trabajadores, los representantes sindicales de los principales partidos chavistas y el propio Ministerio del Trabajo obstaculizan por todos los medios la consolidación de una central sindical unitaria que sea encabezada por verdaderos líderes revolucionarios de la clase obrera. Las trabas para realizar el congreso y las elecciones de la Unión Nacional de Trabajadores son producto de los manejos burocráticos de mafias sindicales neoadecas que se han venido conformando dentro del propio proceso bolivariano y que intentan aplastar a todas las tendencias revolucionarias que actúan con autonomía de clase en el seno de los trabajadores. La negativa del Ministerio del Trabajo y de un sector burocrático de la UNT a legalizar la Federación de Trabajadores UNT – Zulia forma parte de estas maniobras que pretenden construir una central de trabajadores controlada burocráticamente por pseudodirigentes que carecen de arraigo en el seno de la masa laboral y cuya única fuerza es actuar al amparo de la imagen del presidente Chávez.
La manera en que se ha estructurado el sistema político de la Venezuela Bolivariana no difiere en mucho del antiguo sistema político puntofijista. Nuestro sistema electoral sigue siendo un modelo que favorece la representatividad por encima de la participación protagónica. Los partidos políticos bolivarianos han continuado enajenando la soberanía popular, autoadjudicándosela, de la misma forma en que anteriormente lo hacían los partidos Acción Democrática y COPEI. Cualquier ciudadano, o grupo de ciudadanos organizados en forma independiente (grupos comunitarios, culturales, de trabajadores, campesinos, indígenas, etc), siguen estando imposibilitados de participar en igualdad de condiciones en los procesos electorales nacionales, regionales y municipales. Para poder participar, la ciudadanía tiene que pasar por la alcabala de los partidos políticos. Son los partidos los que continúan repartiéndose entre ellos las cuotas de representación popular.
En este aspecto la quinta república no se diferencia en absoluto de la cuarta. Si las organizaciones populares independientes de los partidos, que en términos estrictos constituyen la mayoría absoluta de las organizaciones permanentes del movimiento popular, desean participar en las elecciones, tienen que hacerlo por cuenta propia, pues la alcabala burocrática de los partidos les impide hacerlo a través de ellos. Pero al participar por cuenta propia, corren el riesgo de ser acusadas de divisionistas, de fortalecer a la oposición golpista, de actuar en contra del proceso revolucionario, como viene ocurriendo actualmente con todas las candidaturas descontentas que se han lanzado al margen de las planchas oficiales.
Además, como si lo anterior no bastara, quienes se arriesgan a participar por cuenta propia se enfrentan a un sistema electoral que continúa favoreciendo a quienes tienen poder económico. Una organización popular de base no cuenta con los recursos para competir en términos de propaganda con los candidatos que son apoyados por grupos empresariales o por factores económicos dentro del mismo gobierno bolivariano. No existen reglamentaciones que limiten y controlen la propaganda electoral, de forma que no se favorezca a los que cuentan con medios de fortuna para financiar su propia campaña electoral.
El resultado es que si una organización o grupo de organizaciones comunitarias, decide postular por cuenta propia candidatos a diputados o concejales, difícilmente podrá competir con la avalancha propagandística que tendrán tanto los candidatos de la oposición (financiados por el poder económico golpista), como los candidatos oficiales de los partidos chavistas (financiados por la maquinaria gubernamental). LA SOBERANÍA POPULAR TERMINA ESTANDO SECUESTRADA DE LA MISMA MANERA EN QUE LA USURPABAN LOS ADECOS Y COPEYANOS EN TIEMPOS DEL PUNTOFIJISMO.
Los partidos chavistas están conformándose como una casta de políticos profesionales, de la misma manera en que actuaron y siguen actuando los partidos burgueses (AD, COPEI, etc). EL SER REPRESENTANTE POPULAR NO PUEDE SER JAMÁS UNA PROFESIÓN, SI QUEREMOS CONSTRUIR REALMENTE UNA DEMOCRACIA DIRECTA, PROTAGÓNICA, QUE SE DIFERENCIE DE LA ANTIGUA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA BURGUESA. La especialización de un sector de la sociedad en las funciones dirigentes de la misma es el fundamento de la dominación de clase (junto al control sobre los medios de producción), desde que se conformaron los primeros estados. Permitir que esto siga ocurriendo, sería permitir que el proceso revolucionario se desvíe hacia una nueva forma de democracia representativa burguesa, en la cual lo que habrían cambiado serían los partidos, pero pervivirían los mismos mecanismos de dominación sobre el pueblo.
En lo referente a la aplicación de la Ley de Tierras promulgada en el 2001, sus resultados en cuanto al otorgamiento de tierras a las organizaciones campesinas viene siendo muy deficiente, y en cambio se han producido más de un centenar de asesinatos de líderes revolucionarios campesinos que hasta el presente se mantienen en la total impunidad. En el Zulia recientemente se fugó de la cárcel de Sabaneta el asesino de Pedro Doria, médico revolucionario de Machiques que fue asesinado en el 2002 y su padre de igual nombre asesinado en el 2004. Esta impunidad del sicariato contra los líderes revolucionarios del campo, contrasta con la actitud diligente que el sistema judicial ha mostrado en el juicio contra los revolucionarios acusados de derribar la estatua del conquistador Cristóbal Colón.
Las recientes expropiaciones realizadas en el Estado Barinas aparentemente no responden a la iniciativa del movimiento campesino. La acción del ejército no debe suplantar jamás la actividad del pueblo organizado, además que constituye un hecho aislado que contrasta con la abierta complicidad que aquí en el Zulia ha existido entre los funcionarios del INTI y del MAT para con las mafias ganaderas golpistas.
¿PORQUÉ OCURREN ESTOS VICIOS Y DESVIACIONES?
La acción gubernamental no termina de romper con la racionalidad del capitalismo neoliberal imperante en el mundo, aunque en el discurso se diga lo contrario. Mantener políticas como el cobro del IVA o las devaluaciones monetarias anuales, las cuales forman parte del recetario neoliberal que imponen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países del llamado tercer mundo, son expresión clara de que los ministros del área económica siguen actuando al servicio del capital y no al servicio de la población. Sobre todo si se considera que los ingresos fiscales del país, por concepto de la exportación de petróleo, deberían ser más que suficientes para financiar el presupuesto interno, lo que hace innecesario que el estado busque fuentes alternativas de financiamiento con impuestos como el IVA o el IDB, o las devaluaciones monetarias.
La ausencia de controles hacia el capital especulativo, el otorgamiento de generosas concesiones petroleras y mineras a grandes trasnacionales de los Estados Unidos y demás países imperialistas, el desarrollo de campañas contra la mal llamada piratería comercial (que no es más que una manera en que los pueblos del mundo combaten al férreo monopolio que las multinacionales mantienen en el mercado mundial), el desarrollo vertiginoso de los bingos y casinos (dentro de poco Maracaibo se parecerá a Las Vegas), son sólo un ejemplo de que buena parte de la política económica bolivariana sigue estando al servicio del capital multinacional.
Mientras el capital siga dominando los aspectos fundamentales de nuestra vida económica, difícilmente se podrá avanzar en el camino del Socialismo del Siglo XXI, como lo propone el presidente Chávez. El primer paso obviamente pasa por la destitución de todo el tren económico ministerial, colocando allí a verdaderos militantes revolucionarios comprometidos con una propuesta de transformación económica inscrita en la perspectiva de la nueva economía social, del antiimperialismo y del socialismo, de la propuesta del ALBA y de la integración de América Latina para enfrentar a los centros de poder mundial.
La existencia de una economía capitalista dominada por las multinacionales, y de un sistema político que mantiene los conceptos representativos de la democracia burguesa, son las causas fundamentales de todas las desviaciones y corruptelas que se vienen presentando en la revolución bolivariana. Unido esto, por supuesto, a la pervivencia de la cultura puntofijista que reproduce en todas partes la mentalidad burguesa individualista y el afán de lucro por encima de los intereses sociales colectivos.
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES A DIPUTADOS Y LOS CANDIDATOS DEL PROCESO
En el estado Zulia, y en muchas otras regiones del país, la selección de los candidatos “oficiales” a la Asamblea Nacional ha repetido los vicios que antes denunciamos. Particularmente en nuestro estado, los sectores derechistas y burocráticos que se han apoderado de la estructura del MVR y que controlan al resto de los principales partidos, conformaron una lista de candidaturas cuya elección a la Asamblea Nacional significaría la continuidad de políticas antipopulares como lo es la ampliación de la explotación carbonífera en Perijá, y el fortalecimiento de los grupúsculos sindicales neoadecos que obstaculizan y aplastan al verdadero sindicalismo clasista y revolucionario.
El chavismo en el Zulia está dirigido actualmente por un sector derechista y militarista que controla instituciones como Corpozulia, la Alcaldía de Maracaibo y la totalidad de la representación parlamentaria. Este sector ha desplazado a otros grupos burocráticos dentro del MVR y de otros partidos, y es responsable directo de la derrota electoral sufrida en las elecciones de gobernador del 2004, cuando por debajo de cuerda llamaron a votar en contra del candidato apoyado por el presidente Chávez. Por si fuera poco, este sector ejerce una oposición “blanda” ante el gobernador golpista Manuel Rosales, mientras se entienden con el empresariado golpista a través de Corpozulia. Finalmente, se han apoderado también de PDVSA Occidente, y mediante una componenda con los principales dirigentes de la industria petrolera, procedieron a despedir a un grueso número de gerentes comprometidos con la revolución y quienes jugaron papel protagónico en la recuperación de la industria durante el paro petrolero.
La votación por otras candidaturas alternativas surgidas dentro del chavismo no resuelve el problema de la representación popular, debido a la ausencia de verdaderos movimientos sociales fuertes y consolidados, y que estos candidatos “no oficiales” repiten los mismos vicios burocráticos de quienes hoy hegemonizan los principales partidos. La mayoría de las candidaturas chavistas no oficiales sólo buscan un espacio burocrático propio, y no responden a posiciones revolucionarias de lucha social. Si les llegasen a dar un “carguito”, hasta allí les llegaría su descontento.
La solución tampoco puede ser el no votar. De manera general, pensamos que la sabiduría popular sabrá darle respuestas múltiples a esta disyuntiva que hoy vivimos. Más allá del actual proceso electoral, es indispensable que la nueva Asamblea Nacional aborde definitivamente las profundas transformaciones políticas y económicas del país, que permitan comenzar a construir el Socialismo del Siglo XXI.
REVOLUCIÓN GENUINA, DESVIACIÓN BUROCRÁTICA Y OFENSIVA IMPERIALISTA
Llamamos entonces, a la articulación del movimiento popular comunitario, obrero, campesino, juvenil, indígena y a las distintas expresiones organizativas del pueblo en lucha, para que nos unamos en todos los terrenos, en las acciones de movilización por nuestras reivindicaciones y derechos, y en el combate por la profundización de la revolución. La unidad y el fortalecimiento de la lucha y la movilización popular es la principal palanca para seguir impulsando la revolución.
Esta es la única manera de garantizar el prometido “Salto Adelante” y de salvar el proceso revolucionario venezolano para ir verdaderamente hacia la “Revolución Socialista”, en lugar de quedar reducidos, como decía el Che, a una “caricatura de revolución”. Si no se modifica el rumbo que lleva este proceso, tendríamos por delante dos alternativas igualmente nefastas: por una parte, LA CONVERSIÓN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA EN UNA FORMA DE NEOADEQUISMO, en una sociedad reformista burguesa que termine conciliando y conviviendo con el capital imperialista, en la cual las aspiraciones populares serían nuevamente burladas tal como lo hicieron los adecos a partir de 1959. LA OTRA ALTERNATIVA SERÍA QUE LA DEBILIDAD GENERADA POR LA ACCIÓN DESTRUCTORA DE TANTOS INFILTRADOS, TERMINE FAVORECIENDO UNA NUEVA OFENSIVA GOLPISTA QUE APLASTE LA REVOLUCIÓN MEDIANTE UNA DICTADURA GENOCIDA COMO OCURRIÓ EN EL CHILE DE ALLENDE.
LA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA DEL MOVIMIENTO POPULAR BOLIVARIANO
La certeza que tenemos es que cada día se generan y profundizan las condiciones para que en Venezuela ocurra una verdadera revolución social. Ese proceso implicaría la derrota definitiva de la burguesía criolla que por 170 años mantuvo al país como furgón de cola del imperialismo de turno, y la apertura a un verdadero poder popular, a una sociedad de democracia participativa y protagónica, que surgiría ante el mundo como la alternativa ante la incapacidad del modelo liberal parlamentario y del neoliberalismo económico para resolver las grandes necesidades de los pueblos. Implicaría también, y como condición necesaria, el desplazamiento de toda la burocracia que hasta ahora se plegó a Chávez en forma oportunista, sin compartir en absoluto los fundamentos nacionalistas y populares de los cambios que el presidente ha propuesto, y que ha venido siendo una traba tanto para el cumplimiento de los planes socioeconómicos gubernamentales como para la participación popular efectiva en la conducción de dichos planes.
La ausencia de compromiso político y fortaleza ideológica en muchos dirigentes del proceso abre un boquete a la fácil penetración de los intereses de la burguesía internacional. Estamos convencidos que para el capitalismo globalizado el problema es cómo continuar haciendo negocios en Venezuela, cómo darle continuidad al modelo dependiente que por 200 años funcionó con los distintos gobiernos que tuvimos desde Páez hasta Caldera. Al capital multinacional no le importa si hace negocios con adecos, con primero justicia, o con pretendidos chavistas. Su interés real es que nada cambie en el fondo.
El proyecto nacionalista y popular que encabeza Chávez puede perder su viabilidad en medio de los vicios que proliferan en las filas “revolucionarias”. En 1999-2000 hicimos considerables observaciones críticas hacia lo que en ese momento se dio en llamar el “dedo de Miquilena”, es decir, la designación burocrática de funcionarios y candidatos, sin consideraciones político-ideológicas y sin la menor consulta hacia los múltiples y diversos sectores populares y revolucionarios comprometidos con el proceso. Los nefastos resultados de esa política los hemos sufrido en los últimos años, ejemplificado en la enorme cifra de funcionarios y diputados que desertaron de las filas revolucionarias, y de paso se convirtieron en los más rabiosos enemigos de la revolución (comenzando por el mismo Miquilena).
Es priotario llevar a su máxima tensión la contraloría social, la denuncia de todas las irregularidades presentes en el proceso, exigiendo con firmeza la salida de todos aquellos funcionarios y “dirigentes” que sólo buscan beneficios personales escudados en su jalabolismo hacia Chávez.
LA REVOLUCIÓN SEGUIRÁ SIENDO TAL EN LA MEDIDA EN QUE CONTINÚE LA INSUBORDINACIÓN POPULAR GENERALIZADA. No hay que “tener cuidado” para dar a conocer al pueblo las diversas irregularidades y vicios del proceso. Precisamente la base de esta revolución ha sido la toma de conciencia de gruesos sectores populares que tradicionalmente fueron marginados de la vida política del país. No aceptamos que en nombre de la revolución se oculte información, se le presente a la población una realidad armoniosa y sin conflictos, cuando existen en los hechos situaciones que indican lo contrario. EL PUEBLO NO ES RETRASADO MENTAL, NO ES UN ADOLESCENTE QUE NECESITE QUE LE EXPLIQUEN LAS COSAS. El 13 de abril de 2002 nuestro pueblo demostró que es mayor de edad, que interpreta y analiza los hechos políticos como el mejor de los analistas y el más formado de los dirigentes, que toma conciencia de los hechos aunque los medios informativos intenten tergiversar y engañar. No necesitamos de unos dirigentes paternalistas que vengan a decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Eso sería repetir la tutela partidista adeco-copeyana ejercida durante cuatro décadas.
El pueblo en la calle es lo único que podrá evitar que un nuevo cogollo se entronice. Aunque se oculte bajo el manto de “dirección revolucionaria”, cogollo es cogollo. EL PUEBLO VENEZOLANO LUCHÓ DURANTE DÉCADAS CONTRA LA PARTIDOCRACIA ADECO-COPEYANA, Y NO ESTÁ DISPUESTO A TOLERAR UNA NUEVA PARTIDOCRACIA QUINTAREPUBLICANA. La democracia directa y protagónica es el fundamento básico de nuestra constitución. Hagámosla efectiva con la movilización popular que profundice las conquistas revolucionarias y execre las desviaciones burocráticas.
Hay que rechazar firmemente los intentos de la burocracia por desprestigiar a los sectores que critican los vicios del proceso. Se ha hecho lugar común el llamar “infiltrados” o “ultraizquierdistas” a aquellas personas o grupos sociales que denuncian irregularidades en determinada institución. Incluso algunos burócratas han intentado “teorizar” sobre estos pretendidos extremistas, basándose en trasnochadas referencias a teóricos del marxismo. En las sociedades del socialismo real (bloque soviético) ese mecanismo fue muy eficaz para combatir a toda la disidencia social y para concentrar el poder “monolítico” en el partido único. La burocracia chavista se está defendiendo y protegiendo con los mismos métodos del fracasado modelo stalinista ruso. Recordemos simplemente la suerte de esos regímenes para entender que ese no es el camino. LA DEMOCRACIA PROTAGÓNICA SÓLO PUEDE CONSTRUIRSE CON DEMOCRACIA Y MÁS DEMOCRACIA, CON DEBATE Y MÁS DEBATE, CON DIVERGENCIAS Y CONSENSOS NATURALES, CON EL VERDADERO PROTAGONISMO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LUCHA.
PLAN DE ACCIÓN PARA EL MOVIMIENTO POPULAR:
- Congreso Unitario y Elecciones Democráticas en la Unión Nacional de Trabajadores.
- Legalización inmediata de la Federación de Trabajadores UNT-Zulia.
- Otorgamiento inmediato de los títulos de propiedad sobre sus tierras ancestrales a todas las comunidades indígenas del país, dando cumplimiento al mandato de la Constitución.
- Suspensión inmediata de los planes de expansión de la explotación de carbón en el Zulia.
- Combate real contra el sicariato en las zonas campesinas y aplicación radical de la Ley de Tierras para garantizarle la tierra a todas las comunidades campesinas.
- Integración de las distintas misiones a la estructura institucional del Estado, superando la dualidad de funciones y confrontando los reductos golpistas que siguen existiendo tanto en el sector salud como en el educativo.
- Impulso y ampliación de las experiencias de cogestión revolucionaria en fábricas, con la participación de los movimientos de trabajadores organizados en la UNT.
- Reestructuración inmediata en PDVSA con funcionarios comprometidos con la revolución. Igualmente en Enelvén y otras empresas del Estado.
- Suspensión inmediata de las concesiones y contratos petroleros que violentan la soberanía nacional y nos retroceden al entreguismo de otras épocas.
- Unidad de los movimientos sociales en lucha (trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, educadores, profesionales, cooperativistas, comunidades, medios alternativos) a través de mecanismos de coordinación nacional que potencien la contraloría social y conquisten cambios fundamentales en las instituciones del Estado (denuncia a los corruptos y cambios institucionales en pro de la democracia participativa).
Maracaibo, Octubre de 2005
Roberto López Sánchez es miembro del Movimiento 13 de Abril – Proyecto Nuestra América