El cuarto objetivo, del primer gran objetivo histórico independencia nacional, dice: “Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo”. La soberanía alimentaria, según definición de las políticas públicas del Gobierno Nacional, es la facultad para definir las propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria; en este sentido, la seguridad alimentaria implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping, o venta por debajo de los costos de producción. El cuarto objetivo estratégico y general, tiene diez (10) acciones estratégicas y cuarenta y ocho (48), sub-acciones. Una de las principales acciones es eliminar definitivamente el latifundio, realizando un proceso de organización y zonificación agroecológica en base a las capacidades de uso de la tierra y crear un sistema de catastro rural para garantizar el acceso justo y uso racional del recurso suelo.
En este aspecto, los objetivos estratégicos buscan enfrentar la difícil situación del sector agroalimentario venezolano implementando una serie de acciones para poder sentar las bases hacia la seguridad y soberanía alimentaria. El sector agroalimentario no escapa a las leyes de mercado, es decir, las actividades organizacionales del sector deben obtener eficiencia y el incremento de la productividad para garantizar con ello un margen de ganancia que le permita subsistir y mejorar sus operaciones.
En un aspecto puntual, la finalidad del sector se limita a la producción de grandes beneficios financieros, donde la eficiencia de las actividades agroalimentarias de un país puede traducirse en el bienestar social a través del acceso oportuno y equitativo de alimentos para toda la población de manera sustentable. Para lograr la eficiencia en el sector agro-alimentario, es importante fomentar, y así lo expresa el Plan de la Patria, un Plan Integral de Desarrollo Agrícola en el cual el desarrollo científico y la infraestructura sean un factor clave a apoyar. El Estado venezolano ha celebrado acuerdos internacionales (Argentina, Brasil, China, Ecuador y Uruguay), en donde se refleja la intención de unir esfuerzos conjuntos para lograr avances en materia agroalimentaria, por medio del suministro y la colaboración e intercambio de conocimiento y tecnología que aseguren el acceso al alimento a los ciudadanos y ciudadanas.
En concreto, los propósitos más urgentes que han impulsado estas alianzas, se enmarcan en el suministro de los alimentos para enfrentar el fuerte desabastecimiento; los anaqueles deben estar abastecidos, que cuenten con un número significativo de productos provenientes de distintos países, pero a la vez, productos nacionales. La colaboración implica la eliminación de los límites impuestos en un determinado mercado por medio del fortalecimiento obtenido con la suma de esfuerzos hacia un mismo fin; estas alianzas son las formas más novedosas de colaboración entre pares.
Destacando el tema de las alianzas estratégicas, que es un concepto tomado de lo político-militar, se refiere a los convenios, pactos o tratados celebrados entre dos o más naciones, para aunar intereses, compartir actitudes y estipular la mutua defensa contra sus enemigos o la actuación conjunta para atacarlos. A través de las alianzas alcanzaría compartir riesgos, incrementar a través de la suma de esfuerzos la innovación, disminuir la incertidumbre y los costos de investigación, intercambio de las mejores prácticas entre las partes relacionadas, el acceso a nuevos recursos financieros, acceder a nuevos mercados, entre otras.
En un aspecto puntual, el Estado venezolano ya ha dado creación a instancias como MERCAL y PDVAL, las cuales tienen como finalidad la distribución de alimentos para las personas con menos poder adquisitivo. Si bien es cierto, que la colaboración es clave para avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria del país, se debe tener claro que los beneficios obtenidos de ella deben aprovecharse para fortalecer el sector agroindustrial nacional mediante la reestructuración, el desarrollo y diversificación de productos y la innovación y modernización tecnológica de la producción (estrategias intra-empresas).
La colaboración internacional, aunque relevante, no es la única alternativa para superar la crisis, es preciso desarrollar potencialidades propias para que no se adopten ilimitadamente prácticas foráneas, y si se rescaten o diseñen practicas que estén acorde a la cultura local y a los requerimientos nacionales. Para ello, se dirigen los esfuerzos hacia el rescate de los valores nacionales y el enaltecimiento de la cultura por medio de la educación; una educación que se inicie desde los niveles inferiores hasta los superiores, en la cual se destaque la importancia del sector agroalimentario para el desarrollo de Venezuela, y de la estrecha vinculación entre la eficiencia del sector y el bienestar de la población.
Otra alternativa es el establecimiento de convenios entre las instituciones de educación superior y los pequeños y medianos productores del sector para desarrollar investigaciones que permitan su capacitación para enfrentar las nuevas realidades de su entorno. La implementación de estrategias intra-empresa es vital, ya que permitiría fortalecer nuestras organizaciones mediante la adaptación de las mismas a las exigencias del entorno. En general la competitividad del sector agroalimentario al igual que otros sectores en Venezuela es casi nula si se compara con otras realidades, esto a pesar de las grandes dotaciones de diversos recursos naturales con los que se cuenta. El manejo de información común y el compromiso con la innovación y la creatividad y el esfuerzo coordinado y constante pueden ayudar al sector agroalimentario a crear condiciones adecuadas desde donde potencializar su respuesta al país, por la vía del autoabastecimiento, y al mercado internacional, por la vía de exportaciones dirigidas hacia diversos mercados.
Pero a todas estas, hay unos principios de base que el Plan de la Patria se plantea para transformar esta situación de crisis, quiérase o no entender así, en que lo agro-alimentario ha visto afectado desde, por lo menos, gran parte del siglo XX y parte del siglo XXI, ante la prevalecencia del petróleo y los hidrocarburos, por encima de la agricultura y la ganadería como empresas nacionales de producción. La importación de alimentos, ante la monoproducción petrolera, ha venido a debilitar la capacidad de respuesta, en planes de contingencia, del pueblo y ha profundizado la dependencia a países desarrollados. Por ello, eliminar el latifundio, como un vicio del colonialismo imperial en que estuvo Venezuela inmersa desde la llegada de los españoles, ha de ser la principal bandera de las acciones en búsqueda de un sistema agro-alimentario independiente y auto gestionado. Salvando este aspecto, se impone el uso racional del suelo como medida estratégica general fundamental. Se estima en el Plan, aumentar el incremento de la superficie cultivada, en un 43%, y la concientización del campesino y los pequeños y medianos productores agropecuarios, en el uso racional del recurso suelo. Del mismo modo, se debe implementar ampliar, igualmente, la superficie agrícola bajo riego; estas acciones permitirán no solamente mejorar las condiciones de siembra y de cultivo, sino contar con herramientas geográficas como referente de sistematización y difusión de las necesidades locales, para la asignación de recursos económicos por vía de situado o fondo social.
El Plan de la Patria incentiva la modernización, ampliando y sistematizando el catastro rural, así como reglamentando la actividad pesquera y acuícola. Pero sin duda, la idea es fortalecer el marco legal que sustenta la institucionalidad productiva en el sector agrícola.
A todas estas, el Plan propone acelerar la democratización del acceso de los campesinos y campesinas, productores y productoras, y de las distintas formas colectivas y empresas socialistas, a los recursos necesarios para la producción. Esta producción ha de estar enfocada a los recursos tierra, agua, riego, semilla y capital; impulsando el uso racional y sostenible de los mismos, dentro de un marco de respeto y cuidado al bioconsumo y el impulso de un modelo productivo sustentable.
En una dirección hacia las políticas públicas, el Plan formula acciones para la producción, distribución, comercialización y organización del sector rural y participación del poder popular. Como acción inmediata el Plan expone que es necesario un aumento de la producción nacional agropecuaria en un 80%, pero tomando como referencia un diagnóstico previo que devele la demanda de alimentos nacional y las capacidades de producción, reales, que tiene el país. Se hace fundamental ampliar la frontera agrícola y consolidar la agro industria.
La consolidación de la agro industria pasa por un proceso de crear, culminar y plantear un plan de mantenimiento continuo, a nuevas plantas de procesamiento, donde se desarrolle una cultura productiva de promoción del comercio nacional en miras a la internacionalización.
Lo que busca el Plan de la Patria, es un modelo productivo diversificado, que promueva la agricultura familiar, campesina, periurbana e indígena, que se reconozca en el conuco una fuente histórica y patrimonio, de la agrobiodiversidad, como principal reserva de germoplasma autóctono vivo.
