Genus irritabile vatum
(La raza irritable de los poetas)
Horacio
Si en la agenda legislativa del parlamento nacional no está incorporado como punto de discusión el proyecto de Ley Orgánica de Cultura, el problema exige movilizar al poder cultural popular. Lo que aquí se ha dado en llamar el parlamentarismo de calle tiene que comenzar por respetar los acuerdos suscritos.
El 27 de octubre de 2005, el presidente-diputado, Nicolás Maduro, arribó a un acuerdo con los creadores y trabajadores culturales. No se aprobó el proyecto de ley en segunda discusión y esperaríamos el año 2006 para dar inicio a una efectiva consulta nacional. Hay que afinar los cueros. El sarao de la resistencia se inicia. Vamos del cultus litterum al cultus guatacarum. De las letras a la guataca. Es menester movilizarnos para conquistar una normativa cultural que dignifique la cultura.
Estamos dispuestos a escuchar argumentos y circunstancias históricas. Estamos prestos a comprender el momento preciso, deudas legislativas e incluso alegatos oníricos. Lo que no es posible aceptar es el olvido premeditado, el criterio de que la cultura es para después y el imperio de la praxis de la tarima. La discusión en materia cultural siempre será trascendente y sobre esa condición no entregaremos pero ni un ápice de concesiones. Ya basta de que la cultura sea la guinda de la torta. Si existen parlamentarios que al escuchar la palabra cultura sacan la pistola; nosotros le vamos a montar una guataca cimarrona. Dixi.
Los legisladores (ras) están obligados por la Constitución a atender el asunto cultural. El texto fundamental es taxativo, preciso, contundente: “Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano…”. No intentar dar la discusión es ir en contra de ese derecho. En materia de derechos culturales somos irreductibles: “Los valores de la cultura constituyente un derecho fundamental”. La exclusión de la agenda legislativa convierte a cualquier proyecto de Ley de Cultura en candidato ganador a pasar cinco años más en la gaveta. La gestión anterior puso la torta. No volvamos a dar pena ajena. Cinco años se perdieron por ausencia de acuerdos políticos, consultas chucutas, tijera y engrudo, parsimonia y burocracia parasitaria. La nueva institucionalidad cultural sin una legislación cultural revolucionaria es andar sin asidero, es andar a trocha y mocha, es ser filibustero.
La Carta Magna precisa: “Los valores de la cultura constituyente un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentaos legales…necesarios”. La labor de nuestros parlamentarios y de los gerentes públicos culturales tiene que estar orientada a elaborar, discutir, analizar y aprobar los instrumentos legales requeridos para la instrumentación de un derecho cultural de carácter ineluctable e imprescindible del venezolano. Se ha venido creando una inmensa deuda en materia de legislación cultural. El nuevo aparato cultural del Estado venezolano parte, inexorablemente, de una Ley Orgánica de Cultura. Es menester crear culturalmente la V República.
Nos atrevemos a proponer que, por lo menos, se levante la sanción al proyecto aprobado en primera discusión y demos inicio a la elaboración de un nuevo anteproyecto, el cual parta de una decisión política consensuada. Por allí ha debido comenzar la historia. Los creadores y trabajadores culturales, así como los cultores populares sabemos con empoderada militancia y activismo atroz que “la palabra cultura es hoy una palabra preñada de fuerza humana, personal y social, que alcanza calidades de fuerza explosiva y revolucionaria” (Castaño, 1988).
