El problema de un proceso revolucionario pacífico, extraña condición en Latinoamérica y el mundo (en el siglo XX los procesos revolucionarios se dieron en condiciones violentas), es que tiende a no ser tomados en serio ni "por propios ni por extraños". El Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ha tildado de "Dictadura" al Gobierno Constitucional venezolano. Antes, en el lenguaje de la democracia ejemplar del continente Americano, la de los EE.UU., se hacía alardes del "gobierno de las mayorías"; hoy las mayorías son, en acepción de documentos del Partido Demócrata norteamericano, "una dictadura que impide el ejercicio de Gobiernos idóneos y coherentes con la economía global". Es decir, antes, cuando la mayoría beneficiaba a Gobiernos que permitían la inherencia directa de los EE.UU., entonces sí había democracia; hoy que esa inherencia está en franca ruptura, no podemos decir tajantemente que estamos ajenos a ella en su totalidad, entonces la mayoría estorba y ha pasado a ser un agente contaminado que pervierte el sentido de progreso de los pueblos. Es importante no olvidar aquella frase muy lacerada del español Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), que decía: "Los pueblos tienen el gobierno que se merecen…"; y Venezuela llegó a la presente realidad luego de un acto contrario al espíritu democrático, el Pacto de Puntofijo, firmado en 1958.
Este documento se hizo para la consolidación de los principios democráticos, llegando a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las siguientes consideraciones: asegurar la inteligencia, mutuo respeto y cooperación para la consolidación de la unidad y garantizar la tregua política, sin perjuicio de la autonomía organizativa y caracterización ideológica de cada uno, conforme a lo expresado en el acta de ampliación de la Junta Patriótica firmada el 25 de enero de 1958; comprometer a las organizaciones unitarias en una política nacional de largo alcance, cuyos dos polos han de ser la seguridad del proceso electoral y los Poderes Públicos, surgidos en este nuevo proceso histórico, respondiendo a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio; y garantizando los procesos electorales como acto de consolidación del proceso democrático; defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral; consolidando la figura del Gobierno de Unidad Nacional; y la pública adhesión de todas las organizaciones y candidatos participantes al resultado de las elecciones, como expresión de la soberana voluntad popular, ratificando las organizaciones signatarias de su sincero propósito de respaldar al Gobierno de Unidad Nacional, al cual prestarán leal y democrática colaboración.
Es decir, desde la fórmula del "Gobierno de Unidad Nacional", hacer del Estado una especie de club privado de los grupos ostentadores del poder para admitir y cooperar en todas aquellas acciones que el grupo de turno liderara como acción de gestión pública. Una especie de "pacto entre mafias", tapándose unos a los otros.
Luego vendría la devaluación de la moneda, en febrero de 1983, durante la gestión de Jaime Lusinchi, que golpeó la economía nacional y llevó al país, de un día para otro, a un estándar de vida inmensamente costoso para la mayoría de los venezolanos. Como producto de este impacto económico llegaría la oferta de transformación y reequilibrio de las políticas públicas y la economía nacional, con el programa de salvación de Carlos Andrés Pérez en 1989, que causó el caracazo y las replicas de ese caracazo que se dieron en 1992, el 04 de febrero y el 27 de noviembre, ya en este escenario se agregaba al conflicto el ingrediente militar y con él, surgen nuevos liderazgos en el escenario político nacional. Esta realidad culmina en una primera fase con las elecciones de 1998, y la llegada al poder de Hugo Chávez.
Hoy día, podemos hacer mención al inicio de una nueva fase, a la que hemos denominado "Plan de la Patria y comienzo del chavismo como ideología política". Y en esta nueva etapa le toca a los liderazgos emergentes, entre quienes destaca Nicolás Maduro, crear las condiciones para la instauración y consolidación de la democracia participativa y protagónica, en el escenario del Estado comunal, primer peldaño, como proceso de transición, para alcanzar el poder popular que ha de ser el horizonte de estos nuevos tiempos democráticos.
El problema medular que confrontan los liderazgos emergentes del chavismo es la no consolidación de la conciencia democrática revolucionaria. Aun pululan en el escroto de intereses personales del chavismo militante, "semillas oscuras", personajes que no son "trigo limpio" y que están coadyuvando a esas ideas de locura y monstruosidad, de una oposición violenta y guarimbera cuyo único objetivo es llegar al poder, no servir al poder. ¿Qué hay necesidad de investigar al funcionariado oficialista? Si la hay y es necesario, sano para el proceso que viene, porque si la revolución no hace una asepsia hacia lo interno, es más que probable que el sacrificio de Hugo Chávez se pierda. El proceso revolucionario no está blindado, hay posibilidades de perderse y es allí donde se han hecho las alertas necesarias pero pareciera que no son suficientes ante una realidad política tan dinámica y conflictiva.
Recientemente leímos el libro "La Rebelión de los Náufragos", de la periodista Mirtha Rivero (primera edición en el 2010), en donde la autora desentraña las circunstancias que rodearon la salida de Carlos Andrés Pérez de la segunda Presidencia de la República, aquel 20 de mayo de 1993. La autora entrevistó a cuarenta personas, incluyendo al propio Pérez, revelándose cómo la maquinaria institucional y de muchos medios de comunicación, dentro del marco de la institucionalidad, son capaces de influir en la destrucción de la propia institucionalidad. El aporte de este reportaje debe dejarnos la enseñanza de que no se puede jugar con los intereses de la política, menos aún sentenciar que hay una consolidación de un proceso de Gobierno. Hay un proceso, iniciado por Hugo Chávez, no debe cultivarse un triunfalismo o demagogia de la victoria eterna, porque de llegarnos a creer ese guión institucionalista estaríamos descuidando la realidad geohistórico y geopolítica, que hoy da una lectura muy distinta a la que en 1998, se le daba a los procesos revolucionarios en Latinoamérica.
La revolución amerita profundizar su papel social y su papel de gerente institucional, es decir, crear condiciones de alta eficiencia en el manejo de la cosa pública para ser invertidos en los programas y proyectos sociales ya activados, pero con un mayor control y consecución de los objetivos y metas planteados. Las revoluciones que acepta y tolera el ahora histórico, son aquellas que responden a las necesidades de sus pueblos y que erradica las solidaridades automáticas, los enriquecimientos individuales exorbitantes y el manejo complaciente del herario público a intereses foráneos y personalistas. La corrupción en las revoluciones modernas terminan minándolas e implosionándolas de manera directa.
