"Necesitamos líderes emocionalmente inteligentes, si nos dejan caer en el escepticismo y la desesperanza, no vamos a salir del atolladero…"
Pablo Fernández Berrocal
Los dichos, refranes y/o diretes que el pueblo expresa acerca de la cotidianidad de las relaciones humanas son muy sabios: "La mentira y la verdad no pueden vivir en paz"; "la verdad a medias es mentira verdadera"; "la mentira dura hasta que la verdad florece"; "...la mentira tienes patas cortas…" Es por ello cuando se presenta un funcionario público emitiendo mentiras, se desnaturaliza sus competencias y queda expuesto como "politiquero", antítesis de la honorabilidad de quien debe ser gestor de los procedimientos para mejorar las condiciones de vida del colectivo.
El servidor público es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado y está obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia; el ser funcionario público en Latinoamérica implica intentar impregnar de respeto y honorabilidad sus acciones para que se traduzcan en "posibilidad" y no en falsas promesas.
En la experiencia de gestoría del funcionariado público, sobre todo en sistemas democráticos que promueven la alternancia en el poder, se da un fenómeno que se conoce como "síndrome de la experticia policial"; este síndrome se activa ante la llegada de un nuevo equipo de gobierno a una institución pública, partiendo de la premisa mayor de que a quienes se va a sustituir es un equipo con vicios, con presunción de haber cometido ilícitos y se procede de manera directa a someter a interrogatorios combinados al personal. Se plantean hipótesis inverosímiles que van desde preguntar "usted es un corrupto o no" o si "usted conoce a alguien de la institución que haya hecho un manejo indecoroso de la cosa pública". A esto se acompaña con vigilancia controlada de las personas que ocupaban cargos de alta dirección en la institución y se va generando un barniz de situaciones que persiguen influir en el clima organizacional a través de estructuras inventadas que terminan por crear incertidumbre y caos, y con ello el debilitamiento mental de la condición natural-orgánica del talento humano que al verse bajo presión normalmente termina creyendo que los argumentos acusatorios inventados son una realidad o que de seguro se crean condiciones para comenzar a dudar del propio proceder del funcionariado en el cumplimiento de sus competencias.
De este modo, es que en el ámbito policial se logra cerrar casos que luego, con la experticia adecuada, se evidencia que fueron amañados y hasta malformados, habiendo personas detenidas que son inocentes y culpables que gozan de libertad plena. Esta realidad, estudiada desde el escenario de la ciencia criminalista, se ha visto aplicada a realidades organizacionales solamente con la idea de conseguir una declaración de culpabilidad de quienes en el ejercicio de la función pública se quiere enlodar con situaciones de corrupción o manejo ilícito de recursos financieros y económicos que pertenecen al patrimonio de los Estados Nacionales para el caso de Latinoamérica.
Al generar una gerencia pública bajo estos conceptos no se está poniendo en práctica una idea muy importante en las ciencias gerenciales como lo es "no ser conformistas". El conformismo provoca un cambio en la conducta u opiniones de un funcionario, como resultado de la presión real o imaginada de personas o grupos de personas que aprecian que las competencias de ese funcionario pareciesen estar estancadas o inertes; el individuo cambia de opinión no porque piense ahora de forma diferente, sino porque es más sencillo cambiar de opinión que plantar cara al grupo y reconocer que se necesita ser más creativos y dinámicos. Ser conformista es plantarse en un escenario donde se es rebelde a los cambios más por temor a la novedad que por incapacidad para afrontar esos cambios.
Desde el plano de la teoría institucional, tomando ideas del norteamericano Peter Senge, experto en comportamiento organizacional, sostiene que las organizaciones tanto públicas como privadas se ven influenciadas por las expectativas sociales y presiones normativas, las cuales pueden surgir de fuentes externas o desde dentro de la propia organización; estas presiones impulsan la búsqueda de legitimación (aceptación) por el interés de cumplir con las normas formales e informales, con las exigencias de la sociedad y de los gremios de profesionales que laboran en ella. La adopción e incorporación de estos elementos en la estructura y diseño de la organización, configuran procesos de homogenización o isomorfismos con el entorno institucional para aumentar la probabilidad de supervivencia.
En las instituciones públicas, por ejemplo, de carácter gubernamental, se requiere ser aceptada o legitimada por su entorno (Estado, gremios, sociedad civil o ciudadanía) la figura de jefatura y las políticas de dirección de personal para poder ser exitosa y permanecer en el tiempo la mencionada institución, y en este sentido, las instituciones públicas no escapan a la realidad de mantener un estándar de legitimidad que haga de la conformidad en la organización, acciones y prácticas cuyo objetivo es incrementar las perspectivas de supervivencia y éxito, independientemente de la eficacia y eficiencia de las prácticas y procedimientos institucionalizados adquiridos.
Es decir, poco importa el producto de la gestión pública, si no el buen juicio de cómo fueron llevados los procedimientos. En las instituciones públicas el "conformismo" es ceñirse a los procedimientos reglamentados, y lo contrario al conformismo es "comprometerse en proyectos que den un valor agregado de popularidad y proyección al liderazgo de los funcionarios, aunque eso implique comprometer recursos financieros aún no recibidos, menos aún planificados para el año fiscal en el que se está viviendo la experiencia de experticia de una institución determinada.
Desde esta perspectiva, las organizaciones públicas que incluyen elementos de revitalización de sus procedimientos, aceptan en sus estructuras maximizar la legitimidad y aumentar su capacidad de supervivencia motivando a los equipos a innovar sin descuidar los procedimientos y respeto al marco legal vigente.
En este sentido se da una situación de isomorfismo, que es otro de los conceptos centrales de la teoría institucional, el cual explica la adaptación de las organizaciones formales a su entorno, con el objetivo de gestionar las interdependencias comerciales y técnicas; en el ámbito de lo público, esas interdependencias son de mayor o menor intensidad en la medida que las acciones externalizadas sean pertinentes y estén dirigidas hacia los grupos de interés. Prometer mejorar las condiciones iniciales de un grupo o equipo de trabajo sin contar con los recursos financieros y físicos para hacerlo, es demagogia y la demagogia no es una herramienta que disminuye el "conformismo", sino una acción que degrada la posibilidad de alcanzar mejorar la eficiencia y eficacia al momento de cumplir tareas relacionadas con las competencias de un funcionariado público.
Lo peor para "no ser conformistas" es construir ese espíritu emprendedor y optimista, desde la base frágil y endeble de la mentira o del discurso político-social sin sustento y sin respaldo real en recursos físicos y financieros. El funcionario que acepte los cambios y salga de su estado de confort, es un funcionario que debe apoyarse en la verdad, en lo medible, mesurable, calculable; sino existe no puede ser útil para generar propuestas creativas de innovación o emprendimiento.
Para sustentar los argumentos anteriores, nos apoyamos en la investigación de Gisela Boscán de Pacheco, Juan Fernández y Jenny Guédez, quienes, en el 2017, presentaron su investigación titulada "Las organizaciones públicas desde las perspectivas institucional y capacidades dinámicas", auspiciada la reproducción de este estudio por la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, de la República Bolivariana de Venezuela. El aporte de Boscán, Fernández y Guédez, parte del entendimiento de que el orden organizativo, las relaciones cotidianas y las presiones del entorno suele estar en correspondencia con la manera en que la sociedad se encuentra estructurada, cada institución por si misma debe diseñar alternativas que posibiliten la adaptación a esos requerimientos para obtener no solamente legitimación, sino innovación, reconocimiento y ventajas competitivas.
Es ante esta postura que los autores hacen alusión a que las instituciones públicas no escapan a desarrollar capacidades en sus diseños y forma de trabajar que les permita ajustarse rápidamente ante las demandas exigidas por la sociedad con miras a lograr niveles óptimos de eficiencia en la producción de bienes y servicios según sea su área de actividad.
En la práctica organizativa, a todas estas, para adaptarse a los cambios rápidamente, se ha denominado capacidades dinámicas, y se refiere a la habilidad de la organización para integrar, construir y reconfigurar competencias internas y externas, para abordar rápidamente los cambios del entorno. "…En tal sentido, no solamente el entorno moldea a la organización como lo plantean las teorías de carácter institucional, así como la ecología de las poblaciones y dependencia de recursos; sino que incide en los factores asociados con la visión directiva y estratégica como habilidades y competencias de los gerentes para planificar, direccionar, ejecutar y controlar la relaciones que se dan entre la organización y el entorno...".
La actuación de las instituciones públicas, esgrimen Boscán, Fernández y Guédez, buscan salir del conformismo, puede ser activa o reactiva, y para lograr un acoplamiento con el entorno a fin de alcanzar ventajas competitivas sustentables, se requiere concomitantemente de capacidades organizacionales, habilidades, competencias, procesos, tecnologías y conocimiento del ambiente y de la organización, ante lo cual, los gerentes públicos o funcionarios, deben tener un alto conocimiento de los escenarios que ocurren en el entorno y promover ajustes en los recursos de la organización a fin de lograr congruencia entre las capacidades y competencias internas con los condicionantes del contexto.
De manera concreta, explican Boscán, Fernández y Guédez, en la medida que las organizaciones públicas desarrollan capacidades dinámicas determinadas por las habilidades, competencias y destrezas, se adaptarán de forma más proactiva y menos reactiva al entorno; en la medida que la teoría institucional precisa la existencia de mecanismos que generan isomorfismos en las organizaciones, y el sector público no ha sido la excepción de ello porque en su dinámica ha debido adaptar diversas formas estructurales con incidencia en sus procesos administrativos para mejorar los niveles de eficiencia.
En este siglo XXI, aportan Boscán, Fernández y Guédez, se cuenta con tres paradigmas o corrientes administrativas que nutren el objeto de conocimiento de la administración pública en miras a fortalecer sus competencias e invitarlas para el cambio: 1) la poliey, o políticas públicas provenientes de la indagación y heurística, a lo interno, de la Administración Pública; el management, o gerencia pública tiene su origen en los enfoques gerenciales privados, de las teorías de la elección pública; y la governance, que es la gobernabiIidad, gobernación, capacidad de gobierno, gobernanza, gobernancia o buen gobierno, la cual proviene como producto teórico de las investigaciones realizadas dentro de la Ciencia Política.
La gobernanza, término muy usado por líderes y gobernantes latinoamericanos, como aspecto emergente del ejercicio de la función pública, tiene como base proposiciones que buscan impulsar la aproximación al desarrollo de un modelo relacional sustentado en los enfoques teóricos en la búsqueda por reinterpretar las estrategias de adaptación y legitimación de la organización en relación al entorno con una diferente forma de ejercer el funcionariado pública como es la gobernanza.
En palabras puntuales, la gobernanza es, describen Boscán, Fernández y Guédez, es un término polisémico que a lo largo de las últimas décadas ha ostentado diferentes significados que van desde identificar como mecanismos, políticas y acciones para una adecuada coordinación, dirección política, acuerdos y consensos para implementar las políticas públicas con el apoyo y colaboración de los diferentes actores políticos dentro de la esfera del gobierno (poder legislativo y poder judicial). "…La gobernanza se puede entender como una nueva relación Estado-Sociedad, como una guía de interacción entre los diversos actores interdependientes, una forma de gobernar más cooperativa por la cual las instituciones y actores públicos y no públicos, participan y cooperan en la formulación y aplicación de la política y de las políticas públicas…" La gobernanza es una nueva forma de gobernar, "…caracterizada por relaciones horizontales y por la búsqueda de equilibrio entre poder público y sociedad civil, implicando una pluralización en la formación de las decisiones públicas, diferente al modelo de control jerárquico, un modo más cooperativo en que actores públicos y privados participan en redes mixtas".
Estas definiciones dejan ver que la función del Estado bajo esta nueva perspectiva es relativamente distinta a la que venía realizando hasta poco tiempo atrás. El Estado debe dejar de controlar taxativamente para convertirse en quien propicia las situaciones y relaciones para que se den los acuerdos y consensos. La gobernanza implica un gobierno con estructura horizontal basado en redes, cuya gestión pública hacia el ciudadano y la sociedad, así como la puesta en práctica de su ejercicio, les corresponde a las organizaciones públicas en las cuales deben coexistir estrategias de adaptabilidad y de legitimidad.
Gobernar con falsa gobernanza, es hacer uso del discurso "politiquero" para ganar adeptos y pensar que mintiendo el pueblo podrá aguantar, con su dosis de fé, por un tiempo, pero lo que descuida el funcionariado es que eso no permanecerá todo el tiempo. Se suele prometer mucho sin tener nada real que mostrar ni seguridad de lo que se podría contar para dar; esas ofertas engañosas van contra todo el criterio de gobernabilidad que busca promover la gobernanza en su papel de promover un proceso de toma de decisiones, de negociación de prioridades, de utilización del poder, en resguardo de los valores expresados en la intencionalidad de gobierno que busca promover esa salida del conformismo para elevar la capacidad de respuesta del funcionariado de en cuanto a las necesidades de las comunidades.
Se hace necesario vincular con la gobernanza la voluntad política y el acato a los principios de norma que establecen que la administración pública es objetiva y fomenta la relación entre el Estado y los ciudadanos para generar el bienestar común; ese bienestar común y colectivo que se dá al asumirse la prestación de las diligencias de gestoría como una tarea para servir y no para ser servido. El insulto, la violencia gestual y verbal, solamente alimenta una gobernanza falsa, mezquina y altamente volátil, cuya permanencia no podría llegar a tener largo alcance, si no que su expectativa de vida es a corto o mediano plazo, perdiendo su euforia y carisma en el marco de las políticas públicas que definen una gestión de carácter institucional.
