Desde que se asumieron los retos de las propuestas de reforma nacional, se han venido haciendo una y otras propuestas. Los alcances de este trabajo son limitados, y no pretenden abarcar áreas que no son dominadas por quien esto escribe, como la parte judicial, ni las de seguridad, sino que se limitan a reformas político-administrativas de carácter general para buscar darle más agilidad y celeridad a los procesos públicos, además de darle mayor coherencia y fortaleza al país.

Las que aquí se plantean se refieren a los siguientes:
1) Reforma de los poderes nacionales. Básicamente tiene que ver con la reforma del Poder Legislativo, ampliándolo a 2 cámaras, además de aumentar su número y redefinir sus funciones.

2) A nivel jurídico y administrativo, revisar y hacer un inventario de leyes, reglamentos y organismos, para ver cuáles se solapan, cuáles tienen razón de ser, cuáles deben ser fortalecidos, y cuáles eliminados.

3) Reforma, o mejor, verdadera creación de una estructura regional, que hoy es tan difusa como poco efectiva.

4) Reforma y reestructuración a nivel estadal, redenominando a las entidades federales al llamarlas provincias, que en realidad es lo que son. Se crearían nuevas provincias. Y también se transformaría el poder legislativo provincial.

5) Reforma y reestructuración municipal, que también se multiplicarían, además de, igualmente, ampliar los Concejos Municipales.

6) Reforma y reestructuración de los niveles sub-municipales, redefiniendo las Juntas Parroquiales, darle carácter de nivel público constituido a los Consejos Comunales, eliminar los CLPPP y los CEPPP.

7) Reestructuración total de todo el sistema de registros civiles, mercantiles, notarías, identificación, extranjería, inmuebles, automotores, etc., para hacerlos más ágiles, funcionales y modernos, de manera de utilizar los adelantos tecnológicos, y no seguir con esquemas de la época en que todo se hacía a mano, como en la era colonial.

Como se verá, son reformas que tienen que ver con la parte político administrativa, de frecuente contacto por y para funcionarios de elección popular, y donde el ciudadano común actualmente puede verse frustrado políticamente si no satisface sus aspiraciones, generándose el descontento, que hay que evitar, al tiempo que se fortalece el país.

Para comenzar, este trabajo se inspiró en las propuestas de reformas constitucionales, y al sector público, que propuso el Presidente de la República en el mes de enero del presente año. Llamó a iniciar un debate, y aquí estoy proponiendo unas ideas generales sobre cómo debería ser la estructura gubernamental venezolana.

No todas las propuestas que se formulan irían en una reforma constitucional. Algunas pueden estar en una Ley orgánica, en una Ley ordinaria, en un reglamento, o hasta en actos administrativos. Pero primero debemos hacer este trabajo, de definir en líneas generales qué es lo que queremos.

Por ejemplo, para subdividir los estados y municipios en la actualidad no hace falta modificar ningún artículo de la Constitución, sino comenzar a hacerlo. No obstante, sería bueno que el proceso se diera en el ambiente de una reforma mayor a la Constitución, no por la Constitución en sí, sino que el proceso que la acompaña facilitaría que se produjeran esos cambios que proponemos, y bajaría la resistencia natural a los mismos.

Indudablemente, una reforma parlamentaria como la que se plantea aquí si necesita de una reforma constitucional profunda (no necesariamente una constituyente). Lo mismo vale para los actuales estados y municipios, pues se cambiaría el tamaño de los entes legislativos y los procesos que involucrarían.

Empero, el texto que aquí se presenta no se dedica a diferenciar qué es lo que hay que hacer por cada vía, sino que habla de las bases teóricas en las que se basarían las reformas. Hay propuestas de alto impacto en el modo de vida, y que no requieren de ninguna reforma legal ni constitucional, como lo es la reestructuración del sistema de registros, notarías, prefecturas, identificación y extranjería; es más, para hacerlo podríamos comenzar mañana mismo, como un acto administrativo, sin necesidad de pasarlo por la Asamblea Nacional ni por la base habilitante.

Así las cosas, y sabiendo dónde están buena parte de las fallas que tiene el sector público nacional, es imperativa una reforma profunda, tal y como lo planteó el Presidente Hugo Chávez, y aquí estamos haciendo una pequeña contribución que tiene que ver con la parte administrativa del gobierno (como no es mi especialización, no me estoy involucrando en la parte penal, militar, de seguridad, etc.), y se que tal vez no se oigan todas, pero esperemos que se sumen al debate nacional.

- FUNDAMENTOS DE LA REFORMA DEL SECTOR PÚBLICO

A pesar de los cambios experimentados en Venezuela, especialmente después de la Constitución de 1999, se puede afirmar que el Estado venezolano sigue siendo similar, en líneas generales, que dejó el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, hace unos 130 años. Ha habido pequeños cambios, pero sigue pareciéndose.

Por ejemplo, a las provincias se les sigue llamando estados. A la figura del Presidente de Estado se le cambió el nombre a Gobernador hace mucho tiempo, y desde 1989 estos son electos de forma directa y no designados desde la capital. También, la cantidad de Estados y sus nombres no han recibido mucha alteración, y en los últimos 70 años, tampoco las fronteras (salvo la creación del estado Vargas).

Los Distritos pasaron a llamarse Municipios, y su máxima autoridad ahora es el Alcalde en vez del Presidente del Concejo y el Prefecto o Jefe Civil. Pero la figura del Prefecto sigue existiendo, ya no sabemos para qué, pero está allí, junto a la del Comisario, y los registradores y notarios.

A nivel nacional, el poder sigue concentrado en Caracas, la ciudad más poblada del país, sin lugar a dudas, y cuya principal actividad económica es la burocracia gubernamental, en contraste con las que más aportan dinero al gobierno y a la economía. Fijémonos en algo: las principales actividades económicas de Venezuela son el petróleo (indudablemente, desprendido en el primer lugar), la agricultura (y conexos, como pesca, silvicultura, ganadería, etc.), la minería y metalurgia, y la industria. Dense cuenta que Caracas no es ni centro petrolero, ni agrícola, ni minero, ni industrial, ni portuario, pero es la CAPITAL, y su principal actividad económica es la administración pública.

Por eso, dado que en Caracas no lidera ningún sector económico, pero a través de ella se canalizan los fondos de todo el país, lo único que hacen los funcionarios capitalinos, -especialmente de los niveles medios-, es poner cada día más trabas y condiciones para la tramitación y uso del dinero (el ocio los hace actuar así), volviéndose cada día más pesado e ineficiente el funcionamiento de la administración pública en general.

Por lo tanto, urge hallar una solución para agilizar a la administración pública. Aquí no me encargaré de dar todas las soluciones, pero la tarea completa sigue pendiente.

Hay que recordar que para hacer estas propuestas hemos partido de una base, que es la realidad actual y la historia nacional. No estamos proponiendo exabruptos institucionales, como podría ser que algunas gobernaciones sean hereditarias, ni la creación de condados (con condes y todo), ni las regiones separadas (por ejemplo, poner en una misma región a Falcón con Delta Amacuro). Todo lo contrario, son propuestas revolucionarias, pero racionales.

Y repetimos, estas propuestas van destinadas a fortalecer al estado y perpetuar la unidad nacional en el tiempo. Es cierto que algunas de ellas favorecerán al ejecutivo sobre el legislativo, pero en un futuro, con una estructura similar, simplemente se pueden cambiar los atributos de cada Poder Público para equilibrar un poco las cargas. Implicaría una elección pronta, al aprobarse la reforma constitucional, para renovar y constituir los nuevos cuerpos legislativos, y las nuevas provincias, municipios, parroquias y consejos comunales. Es más, el único cargo que no se tocaría por ahora sería el del Presidente de la República, ni los poderes electoral, ciudadano y judicial. Por cierto, dado que las reformas que proponemos aquí sólo implican a los poderes de elección directa (ejecutivo y legislativo), los de elección de segundo grado (judicial, electoral, y ciudadano) deberían recibir modificaciones menores para adaptar su designación a la nueva estructura legislativa.

Por último, la estructura político territorial que proponemos más adelante se puede mantener en el tiempo, por 100 ó más años, independientemente del modelo socio económico que adopte el país, sea de izquierda, de centro, de derecha, materialista o humanista, por lo que puede tener amplia aceptación de cualquier persona nacionalista,..., salvo de alguien que esté jugando a la división nacional y en favor de intereses de potencias foráneas.

- REFORMA DE LOS PODERES NACIONALES

¿Alguien ha tratado de hacer alguna gestión ante el gobierno nacional, en Caracas? Ya sea tramitar algunos recursos del FIDES o LAEE que pertenecen a los municipios pero que son administrados en la capital, o llevar algún papel para su legalización, cualquiera sufre una vía crucis, y mientras lo hace, insulta y piensa mal de todo el mundo, y a veces jura tomar venganza.

Supongamos que alguien necesita llevar un papel para el exterior. Primero que nada, lo saca en su respectiva localidad (porque hay la absurda costumbre de que los papeles vencen a los 6 meses); luego lo lleva uno al registro principal del estado para legalizarlo. Después al Ministerio del Interior y Justicia. Luego a la cancillería. Y por último, al respectivo consulado. En cada una hay la respectiva cola y espera, más el viaje desde el interior a Caracas. O contratan los servicios de un gestor (como en el FIDES y LAEE, que muchos dejaban de trabajar como asalariados en ellos para dedicarse a ser gestores ante sus antiguos empleadores).

A cada rato, el Presidente ordena tomar tal o cual medida, pero pasa el tiempo y no sucede nada. La única forma de hacer las cosas a veces, es mediante una declaración de emergencia. Hay muchas leyes vigentes, muchísimas diríamos. Todavía hay en vigencia leyes y estructuras del siglo XIX, e inclusive, de la época española (no estamos exagerando).

Por supuesto, las leyes se sobreponen, y lo permite una ley lo prohíbe otra, y se justifica en una tercera. La manera de iniciar un proceso penal es peor que la de hacer un proceso administrativo. Hay que hacer un inventario de leyes, y reformar todas las que hagan falta, y lo mismo con los organismos: ver cuáles existen, hacen falta, se solapan, o los que no tienen razón de ser.

Y hay que acercar el poder público nacional al pueblo común y a las regiones. Hace falta la legalidad, pero sin retardar ni obstruir nada. Por ejemplo, ¿alguien puede decirme para qué sirve el Sistema Nacional de Contrataciones (y su Registro Nacional de Contratistas) y todas las medidas punitivas que tiene? Sabemos la utilidad del SENIAT, del Seguro Social (aunque está muy corrompido e ineficiente), y según el caso, de las medidas sanitarias, pero ¿en qué cambia la vida del ciudadano común lo que pase en el SNC? Es solamente una alcabala más que obstruye y retarda las acciones gubernamentales, especialmente en estados y municipios. (Y hay otros ejemplos que dar, pero nos limitamos a éste).

Ahora, veamos algunas sugerencias básicas de la estructura gubernamental.

1.- REFORMA DEL PODER LEGISLATIVO NACIONAL

En anteriores conformaciones de Asamblea Nacional, y antes, en el Congreso Nacional, dado que los miembros son relativamente escasos, cuando la votación era estrecha, diputados y senadores individuales adquirían un gran peso, y se prestaban para el chantaje. Aunque no deberíamos mencionar nombres, todos recuerdan cuando el senador José Marsicobetre era el fiel de la balanza en el Senado (período 1989-94), a pesar de que era un perfecto desconocido cuando llegó al cargo en una votación indirecta donde se votaba únicamente por la tarjeta grande y la tarjeta pequeña.

Luego, ya en el período 2000-2005, un pequeño grupo de diputados miquilenistas, 6 en total, saltó la talanquera, y tuvo a la Asamblea nacional y al país casi que en sus manos, al borde de cualquier cambio repentino, sin que nadie haya consultado al pueblo para ello. Y todo, por 6 personas.

La experiencia nos dice que, en época de la IV República, en el período de enero a marzo, se producía una gran cantidad de suspensión o expulsión de dirigentes políticos de sus respectivos partidos, por haber negociado con los del partido contrario los cargos o decisiones legislativas importantes, ya sean en el Congreso, en las Asambleas Legislativas, o en los Concejos Municipales. Es decir, los electores decidían una cosa, y ellos negociaban con lo que el pueblo les había otorgado, para sacarle un gran provecho personal.

Ante esto, siempre la corriente de opinión que más suena es la de eliminar los entes legislativos, o de reducirle sus atribuciones o tamaño.

Lo segundo fue lo que se hizo en la Constitución de 1999 (reducción de atribuciones y tamaño).

En cambio, voy a proponer algo diferente, más democrático. En vez de reducirlas, vamos a aumentar su tamaño substancialmente hasta que el peso individual de una sola persona, o de un pequeño grupo, se disuelva, y los parlamentos pasen a ser los que deberían ser, un resumen de todo el espectro político del pueblo nacional.

Ya vistos los fundamentos, paso a plantear las propuestas concretas.

En primer lugar, volver al sistema bicameral, pero con diferencias en cuanto a su constitución y funciones. Habría dos cámaras, que llamaremos provisionalmente la Asamblea Federal, y la Asamblea Popular.

La Asamblea Federal representaría a las entidades federales (estados o provincias, territorios federales). Las entidades se dividirían en 2 mitades, según su población. La mitad más poblada enviaría 8 delegados (llamémosles Senadores, mientras su busca un nombre definitivo), y la mitad con menos población tendrían 6 senadores cada uno. Por ejemplo, los actuales estados Miranda, Aragua y Zulia tendrían 8 senadores cada uno, mientras que Amazonas, Nueva Esparta y Cojedes sólo tendrían 6 cada uno. Es decir, con la actual división territorial del país, esta Asamblea tendría 168 miembros. En la Asamblea Federal se haría el trabajo rutinario y operativo, pero no se sancionaría ninguna Ley ni nada. Todo deberá ser enviado a la Asamblea Popular para su posterior aprobación, negación, o devolución para corrección.

La Asamblea Popular se elegiría en base a la población total por provincia. El país se dividiría en circuitos de 30 mil habitantes cada uno, y por cada circuito irían 2 delegados (llamémosles Diputados, provisionalmente), para permitir que puedan ingresar las minorías. Los diputados serían elegidos por votación directa y nominal, no habría planchas, y mientras la población siga creciendo, con cada censo la Asamblea Popular crecerá en el número de sus integrantes. Los diputados deben ser electores y habitantes del circuito donde serían electos. Como muchos de ellos se acostumbran a Caracas, lo más seguro es que de los circuitos más alejados de la capital, por razones obvias (se desconectan de sus zonas), sean electos una sola vez, así que siempre habría renovación.

En la Asamblea Popular se darían las sanciones y aprobaciones definitivas de los actos emanados de la Asamblea Federal. Cuando un proyecto de Ley sea enviado a la Asamblea Popular, este sería sometido en pleno a las opciones de discutirlo en su totalidad, o por Títulos, Capítulos, Secciones o Artículos. Por votación expresa se escogería la vía preferida. Luego, se sometería a dos alternativas: Aprobar, o Rechazar. Si se rechaza, pasaría a otras sub-alternativas: a) se niega definitivamente, b) se devuelve para su modificación, c) se anula sólo esa parte (en caso de que sea solamente un artículo o parte de la Ley). Si es para modificación, según el carácter del texto a tratar, si se refiere solamente a cambios menores, podrán hacer ellos mismos los cambios definitivos (en ese caso, la Asamblea Federal deberá aprobar o rechazar íntegramente la modificación propuesta), o nombrar una comisión del seno de la Asamblea Popular para que redacte los cambios sugeridos, y los devuelva a la Asamblea Federal, donde el debate se centraría únicamente en las propuestas, y no en el resto del texto.

Ahora, ¿se imaginan una Asamblea Popular de unos 1700 miembros? Si un diputado o grupo de diputados quiere saltar la talanquera, (exceptuando las veces que lo hacen por verdadera conciencia) para hacerse sentir, y para que sus decisiones tengan peso, deberán ser muchos para que lo hagan, y si llegan a hacerlo, será porque el ambiente político nacional hace que se vean obligados al cambio.

Luego, al ser el circuito más pequeño, y si desean mantenerse políticamente activos, deberán estar en contacto permanente con sus electores, así que expresarían mejor su opinión. Es más, el período constitucional parlamentario debería ser de solamente 3 años, para obligarlos a estar en campaña permanente, y a no dormirse ni alejarse de la base que los escogió. Eso a nivel local, porque a nivel nacional tendrían mayor sentido de pertenencia al grupo político de su filiación, y 1 ó 10 entre 1700 no tendrían suficiente peso para chantajear a nadie, como sucede en la actualidad.

Y en la Asamblea Federal, al no poder ellos aprobar definitivamente las Leyes y demás instrumentos jurídicos, saben que tienen sus limitaciones y que están obligados a negociar y estar en sintonía con la Asamblea Popular.

En caso de que repetidamente se tranque el juego, es decir, que comience el peloteo de leyes y que se rompa la cooperación entre ambas cámaras, debería preverse la manera de que se disuelvan. Por ejemplo, pudieran disolverse ambas y convocarse a elecciones anticipadas, (o solamente la Asamblea Federal), y los nuevos integrantes únicamente completarían el período anterior (aunque lo más seguro es que obedezcan a su tolda política y no se dediquen a pelearse una cámara con la otra).

Las leyes deberán fijar las formas de trabajar, de debatir, de aprobar las leyes, etc., y de su remuneración. (Continuará...).



*Abogado y Analista Político. Director de Ideología y miembro del Comando Táctico Regional (CTR) del MVR en el Edo. Bolívar, en proceso de disolución hacia el Partido Socialista Unido Revolucionario de Venezuela (PSURV). jmartoranoster@gmail.com, j_martorano@hotmail.com , juan_martoranocastillo@yahoo.com.ar .