Muchas personas de forma errónea, creen que la diferencia entre una Democracia y una Dictadura es que en las Democracias se hacen elecciones, y en las Dictaduras no. Esa concepción es un error, porque lo cierto es que las Dictaduras también hacen elecciones. En el ámbito electoral, la diferencia entre una Dictadura y una Democracia no es si hacen elecciones, o no… Si no las condiciones bajo las cuales se realizan esas elecciones. 

Por ejemplo, el Dictador Marcos Pérez Jiménez realizó procesos electorales, los hizo como se hacen en Dictadura: con candidatos autorizados, partidos ilegalizados, dirigentes opositores exiliados o encarcelados, y con censura a los medios de comunicación. 

Si eso se le asemeja a lo que estamos viviendo en la Venezuela actual, no es casualidad. 

Lo primero que hay que tener presente es que en Venezuela todos los partidos políticos que han sacado más de 200.000 votos en los últimos 15 años, todos fueron intervenidos por el gobierno madurista a través del Tribunal Supremo, y se les nombró directivas títeres, totalmente serviles a la cúpula gobernante. ¿Cómo puede si quiera insinuarse que vivimos en democracia cuando todos los partidos fueron intervenidos por el gobierno? 

PPT, REDES, TUPAMARO, AD, COPEI, VP, PJ y el PCV todos fueron intervenidos, o ilegalizados, como podemos ver, aquí hay tanto partidos de derecha como de izquierda. En la actualidad casi todos son controlados por el gobierno, incluyendo sus tarjetas electorales, salvo el caso de Primero Justicia, único partido que fue devuelto a su verdadera directiva, y Redes, partido de Izquierda que quedó ilegalizado.

Menciono a estos partidos por ser los más significativos en los últimos años, pero el arrase del madurismo contra la pluralidad político-partidista también dejó fuera del juego a partidos más pequeños como OPINA, el PRT, Nuvipa, Bandera Roja, Avanzada Progresista, o incluso Marea Socialista, partido al que ni siquiera han dejado registrarse. 

Más recientemente, el CNE excluyó 15 partidos más, entre ellos el Movimiento al Socialismo (MAS), con lo cual, todos los partidos de Izquierda en Venezuela han sido ilegalizados. 

Tampoco se puede registrar nuevos partidos políticos, un acto sumamente sencillo en el gobierno de Chávez, e incluso durante la cuarta república, ahora con el madurismo se ha convertido en una hazaña imposible de realizar. Solo registran algún partido nuevo si al gobierno le conviene en función de sus estrategias, de lo contrario es imposible, lo cual es un atropello a los derechos del Pueblo. 

Las inhabilitaciones a los candidatos constituyen otra violación a los derechos del Pueblo. El gobierno centra su defensa comunicacional en María Corina Machado, pero la realidad, es que no se trata solo de María Corina, la realidad es que las inhabilitaciones, discrecionales, sin ninguna justificación jurídica y sin siquiera explicación alguna se han vuelto algo común para el gobierno madurista. 

En estas elecciones, desde la Izquierda y los movimientos populares están casos como el del conocido periodista y militante de Izquierda, Manuel Isidro Molina, a quien el gobierno le negó su derecho a participar en las elecciones y se amenazó al partido que lo que quería postular. Otro caso es el economista Andrés Giuseppe, quien incluso milita en el PSUV, pero que al igual que la gran mayoría de los venezolanos, es crítico a la gestión de gobierno, y bastó que dijera que se pensaba postular a la presidencia para que lo inhabilitaran sin razón ni explicación alguna.

A casos como estos, se suma el de la señora Corina Yoris, a quien, igual que los otros mencionados se le niega el ejercicio de sus derechos políticos, sin ninguna explicación, y con campaña sucia incluida, diciendo primero que la señora tenia doble nacionalidad, en este caso uruguaya, y fueron tan torpes que se les olvidó revisar el hecho de que Uruguay es un país que no acepta la doble nacionalidad. Una vez que quedan ridículo, sencillamente guardan silencio y el propio presidente en trasmisión de tv se jacta de que no van a dejar inscribir a la señora. Y aquí es donde entramos en un terreno extremadamente peligroso, que es el de justificar el Despotismo, y la destrucción del Estado de Derecho “porque fulana es de derecha” o “es esto o aquello” ¿pero que locura es esa?  Los derechos políticos del Pueblo son derechos constitucionales y no están sujetos a condicionamientos de ningún tipo, son derechos establecidos en nuestra carta magna, si una persona no ha cometido ningún delito y no tiene ninguna sentencia firme en su contra, está en pleno ejercicio de todos sus derechos, y un gobierno no puede abrogarse la potestad de decidir quién puede ejercer sus derechos y quien no: un gobierno que hace eso es una Dictadura. 

Y la verdad es que estos hechos son solo la tapa del frasco, haría este escrito interminable si menciono más personas que fueron inhabilitadas de hecho, como el exministro Miguel Rodríguez Torres, quien bastó que hiciera críticas al gobierno para que se lo llevaran preso y luego de varios años lo exiliaran a España, siendo que la figura del “exilio” no existe en la jurisprudencia venezolana. Por cierto, al hermano de Rodríguez Torres, el CNE también le negó el derecho a participar en las elecciones parlamentarias del 2015 por el estado Apure. Al igual que Eduardo Samán, exministro de Chávez, quien está completamente vetado para participar en cualquier elección, sin que exista una causa para eso. Nótese, como el gobierno fascista de Maduro persigue con saña cualquier expresión de la Izquierda o Chavismo no madurista, el propio Rafael Ramírez, exministro de Chávez, apenas realizó críticas al gobierno, y manifestó aspiraciones presidenciales, tuvo que irse del país antes de que lo metieran preso. El gobierno sabe que Maduro no tiene liderazgo mayoritario ni siquiera a lo interno del Chavismo y la única forma que tiene para sostenerse es la imposición. 

En su reciente discurso, Manuel Rosales, candidato opositor “autorizado” por el gobierno, admite claramente el talante dictatorial del madurismo, al momento que declara a quienes no están satisfechos con su candidatura, que si encuentran otro candidato que logre pasar las “trabas y obstáculos que coloca el gobierno” él entrega la candidatura. De esta forma acepta que el gobierno madurista es quien selecciona a los candidatos “opositores”, es decir, que en la Venezuela de Maduro no importa lo que digan la Constitución ni las leyes, sino lo que digan quienes están en el gobierno: para quienes no lo sepan, eso se llama Dictadura. 

El gobierno se llena la boca diciéndole al mundo, que su circo pseudo-electoral es legítimo y democrático porque hay “12 candidatos opositores” como si le gente fuese imbécil. Al menos aquí en Venezuela todo el mundo sabe que los flamantes 12 candidatos son autorizados por el gobierno, y le tributan de forma directa o indirecta. De los 12 solo unos 3 o 4 son realmente opositores, y ninguno tiene el peso para ganar, mucho menos sin el consenso opositor. Cualquiera que sea candidato lo es, porque el gobierno sabe que no puede ganar, si alguno pudiera ganar ya lo hubiesen inhabilitado. Para que la elección sea realmente legitima debe permitirse que se inscriba como candidato todo el que lo desee, y no solo los que el gobierno elige.

Por otro lado, con lo demostrado hasta ahora, si María Corina Machado le llegase a levantar la mano a alguno de los candidatos inscritos, existe la gran posibilidad de que el gobierno inhabilite a ese candidato. El gobierno madurista solo quiere hacer elecciones que pueda ganar. 

Las estrategias sucias del gobierno -y hay que definirlo como lo que son, porque son estrategias sucias- pasan por un lado, por llenar las contiendas electorales con tarjetas de partidos supuestamente “opositores” pero cuyas tarjetas electorales siguen órdenes del gobierno, conjuntamente con la censura, lo cual a su vez hace que mucha gente ni siquiera se haya enterado de que estos partidos fueron intervenidos, de esta forma, hay gente que sale a votar por tarjetas de partidos como AD o Copei, pensando que vota contra el gobierno cuando realmente está desperdiciando su voto. A esto se suma el veto absoluto a cualquier candidato que pueda ganar, y por supuesto, el veto a cualquier candidato que provenga del Chavismo o la Izquierda, y que tenga una posición firme contra el madurismo y su Paquetazo Neo-Liberal que impone por la fuerza contra el Pueblo. 

El obvio resultado de semejantes procesos electorales ha derivado en un gobierno totalmente hegemónico, que maneja los recursos de la nación como si fueran propiedad privada de quienes están en el gobierno, y una supuesta “oposición” como la que vemos en la Asamblea Nacional, que cada vez que hablan lo único que hacen es hablar mal de otros opositores, pero al gobierno jamás lo tocan ni con pétalo de una rosa. Estos son la “oposición” que existe en toda dictadura: servil y complaciente. La verdadera oposición en Venezuela, tanto de Izquierda como derecha está completamente borrada de forma despótica e ilegal por parte de la dictadura. 

Así, un gobierno que tiene el rechazo ampliamente mayoritario del Pueblo venezolano, viene ganando elecciones, pero no por contar con la mayoría, sino por movilizar -de forma de coaccionada y clientelar- a una minoría que vota. Dinamitar la credibilidad del sistema electoral ha sido parte fundamental en esta estrategia sucia. 

La verdad de Venezuela es que todos los procesos electorales que se han realizado a partir de la elección de la denominada “Constituyente” de Maduro en el 2017, todos estos procesos están absolutamente viciados de delitos electorales y carecen de toda legitimidad. Todos han venido siguiendo el mismo patrón de abusos e irregularidades que violentan nuestra Constitución Bolivariana y nuestra legislación en materia electoral. 

Graves delitos electorales contra el Pueblo, que el madurismo pretender vender como algo “normal”, como el cambio de fechas electorales, cuyos lapsos están establecidos en nuestra Constitución, pero que el gobierno atrasa o adelanta según le conviene, dejando las fechas en el misterio y luego las lanza de sorpresa para tomar a todo el mundo desprevenido, a fin de que a nadie más le dé oportunidad de establecer candidaturas. Esto lo han venido haciendo con elecciones regionales y presidenciales, según le convenga a la cúpula gobernante.  

También tenemos la reducción arbitraria de los lapsos de campaña. Esto es que, toda la vida en Venezuela las campañas electorales tenían una duración amplia, de varios meses, sobre todo si eran presidenciales. Ahora con el madurismo las campañas las acortan, para que duren muy pocos meses, un solo mes o hasta días. Esto hace que a nadie le dé tiempo de preparare para la elección, ni de exponer plenamente sus propuestas, mientras los candidatos del partido de gobierno, empezando por Maduro aparecen día y noche en canales públicos y privados, en una clara competencia desigual.  

Las sustituciones discrecionales, esto es que solo permiten sustituir candidatos en los tarjetones electorales cuando les conviene, por ejemplo, al candidato Chavista independiente Eduardo Samán nunca le dejaron colocar su nombre en las tarjetas del PCV y el PPT en las elecciones municipales del 2017, pero su contendiente Erika Farias, candidata del partido de gobierno si le hicieron la sustitución de su nombre en la tarjeta del MEP en esa misma elección. 

El voto indígena, que era una de las conquistas de Chávez, el madurismo lo eliminó, y ahora los Pueblos indígenas tienen que “elegir” a sus representantes, en asambleas publicas dirigidas por funcionarios del gobierno. 

Hablando de conquistas democráticas de Chávez, está uno de sus más grandes legados, que es el Referéndum Revocatorio, el cual el gobierno madurista también destruyó, aplastándolo por completo y censurándolo. En el año 2016, con complicidad de parte de la dirigencia opositora –esa misma que hoy es autorizada para participar en elecciones-, el gobierno de forma irregular ralentizó todo el proceso hasta desechar en referéndum, y luego en el 2021, solicitado por un grupo de dirigentes, el gobierno censuró por completo todo lo relacionado con el referéndum y colocó condiciones absurdas que hicieron imposible su realización, para nuevamente desechar el referéndum, sin que la mayoría del Pueblo se hubiese enterado. El legado de Chávez destruido por quienes dicen gobernar en su nombre.   

Otra violación a las leyes, han sido las “migraciones,” que ha sido el cambio de centro electoral que el CNE ha realizado a votantes, siempre en aquellos centros donde el PSUV pierde, reubicando a los votantes en lugares de difícil acceso y hasta zonas de alta peligrosidad, muchas veces sin siquiera informar del cambio. 

Según la ACNUR, hay más de 7.7 millones de venezolanos en el extranjero, pero de toda esa gente, solo 107.000 están legalmente habilitados para votar. El gobierno en lugar de facilitar el voto a nuestros compatriotas en el extranjero, dificulta y obstaculiza el proceso, hasta el punto que fue una de las condiciones en el “Acuerdo de Barbados”. El gobierno sabe muy bien que la mayoría de ese voto sería en su contra, obstaculizarles el voto es otro acto de suciedad contra el Pueblo de Venezuela.

Otro delito electoral ejecutado por el madurismo, ha sido el uso del denominado “Carnet de La Patria” y la “Plataforma Patria” como instrumentos de control y coacción social, colocando de manera ilegal y descarada, mesas del partido de gobierno frente a los centros electorales para censar quien vota o no por ellos, bajo cualquier clase amenaza o coacción. Esto está claramente prohibido en nuestra legislación electoral, y siempre lo hacen sin el más mínimo reparo. 

Todo esto por su puesto, con la más descarada censura, otro ingrediente que no le puede faltar a una Dictadura. ¿Que tienen en común actores políticos tan distintos como el Partido Comunista, el histórico dirigente de la Izquierda venezolana Rafael Uzcategui, con militantes de la oposición como María Corina Machado? Que a ninguno de ellos usted los va a ver jamás en una entrevista en un canal de televisión de Venezuela, ellos son parte de una lista larga de la que forman parte dirigentes como Eduardo Samán, la candidata “sustituta” Corina Yoris, y cualquiera que pueda derrotar al gobierno en alguna contienda electoral, o simplemente decir cosas que al gobierno no le interesa que se digan. Usted jamás verá un vocero de Marea Socialista en un canal de tv de Venezuela, en cambio verá a personajes como Claudio Fermin, o Luis Ratti, personajes que no representan a nadie y que son el tipo de “opositor” que jamás dice nada negativo sobre la cúpula gubernamental. Para la tv venezolana no existe nadie que tenga alguna queja contra el gobierno, nadie puede denunciar lo que en la calle todo el mundo piensa y comenta, y si alguien lo hace, lo botan como hicieron con el periodista Seir Contreras en Globovision, nada de esto sucede en Venezuela para los canales de tv, nada de esto existe…

Como tampoco existe la pobreza extrema, ni los millones de migrantes que tuvieron que salir de Venezuela. Protestas casi todos los días en cualquier rincón del país, los canales de tv cubren alguna, pero solo de manera superficial, en cambio usted jamás verá a alguien en un canal de tv denunciando la más que evidente corrupción de alto gobierno civil y militar, que se excusa en las sanciones gringas mientras viven en la mayor opulencia de manera pública, ante los ojos del Pueblo: no hay un alto funcionario civil o militar del gobierno de Maduro que pueda justificar el estilo de vida que llevan, ellos, sus familiares y allegados, con los salarios que tienen.

Aquí en Venezuela por hacer una publicación sobre algún funcionario del alto gobierno en tus redes sociales te pueden llevar preso. Con Maduro eso es legal, aquí aprobaron una Ley similar a la legislación que aprobaron en España que prohíbe hablar mal de los reyes, con penas de cárcel, solo que en Venezuela de quien no se puede decir nada es de la oligarquía madurista, ellos son intocables, si usted dice lo que piensa puede ir preso por el delito de “instigación al odio”, mientras varios de esos mismos altos funcionario hasta tienen programas de televisión en los que se dedican a insultar a quien les plazca: que ellos lo hagan es legal, que usted lo haga es un delito. 

Eh aquí otra característica absoluta de una Dictadura: cuando usted ve que todo el mundo comenta algo en la calle, todo el mundo se queja de la falta absoluta de los servicios públicos, todo el mundo se queja de la falta de agua potable, de la falta de electricidad, de la falta de gas doméstico, de la falta de gasolina, de la evidente corrupción… pero usted enciende la tv y no ve absolutamente nada de eso, es por la censura gubernamental, esa es otra característica de una Dictadura. 

La misma censura se aplica a los medios informativos web, muchos de los cuales no abren en Venezuela, bloqueados por Conatel. Este mismo medio Aporrea.org ha venido sufriendo desde hace años un bloqueo rotativo que hace que muchas veces no pueda abrirse dentro del territorio nacional. 

En el gobierno de Chávez usted veía a todos los canales privados con programación en la que continuamente aparecían todo tipo de denuncias y voceros contra el presidente, y en contrapartida lo que veías era la respuesta oficial, Chávez les respondía, los canales estatales contra-atacaban, había pluralidad comunicacional, había debate, había diatriba. En cambio, en el gobierno de Maduro usted no encuentra un solo canal de televisión que diga ni pio contra el gobierno. Usted en la Alemania de Hitler no iba a encontrar nunca un medio de comunicación que dijera nada contra el gobierno, tampoco en la Chile de Pinochet, ni en la Argentina de la Junta Militar, ni en la Venezuela de Pérez Jiménez o en la Italia de Mussolini, esto es una característica de las Dictaduras. 

Y vamos vas allá, porque es muy común en las vocerías gubernamentales, centrarse en el tema político cuando defienden los atropellos de su gobierno, justifican todo diciendo que los opositores son esto o aquello, pero lo que padece el Pueblo en su día a día va mucho más allá: este es el único país en el que una persona anda con 5 kilos de harina en una bolsa y se siente como si estuviera realizando una acción clandestina, en todos los puestos de control policial y militar lo que se escucha es el discurso criminalizante contra el Pueblo, con el cual justifican la violación de los derechos y el robo a las personas. Si usted es un pequeño comerciante o un campesino comunero que lleva frutos producidos por usted en un vehículo suyo, en todos los puestos de control le van a tratar como un delincuente, y en todos le quitan parte de la mercancía. El mejor ejemplo está en el estado Táchira: entre la ciudad fronteriza de San Antonio y la ciudad de San Cristóbal -capital del estado- en un trayecto de 45 minutos hay decenas de alcabalas y puestos de control. Y en todos hay que pagar para que no le quiten lo que lleva, incluso si usted hizo una compra en Colombia y pasó legalmente su mercancía pagando sus impuestos en la Aduana, aun habiendo hecho eso, de todas maneras va a tener que dar dinero en todos los puestos de control que hay en la vía. El que crea que en Venezuela no estamos en Dictadura, que se vaya a San Antonio del Táchira, compre alguna mercancía para vender y trate de llevarla a Caracas a ver cómo le va.  

Es el drama de muchos venezolanos, que viven en países cercanos como Colombia, Perú y Ecuador, que vienen a traerle dinero o regalos a su familia, pero cuando los agarra la GN les quitan su dinero y las cosas que traen. 

El robo permanente de que quienes se suponen son los “cuerpos de seguridad” contra el Pueblo, no solo existe en las vías, sino también adentro de las ciudades. Desde los negocios más grandes, hasta la señora que vende empanadas en la esquina, todos tienen que soportar el azote permanente de policías, colectivos y guardia nacional, Juanita la de Mecedores tendrá que darle empanadas gratis al comandante y a todos los policías a su mando si quiere que la dejen vender empanadas para poder llevarle sustento a su familia. Ninguna actividad económica es rentable cuando lo que debería ser tu ganancia se la tienes que dar a funcionarios del estado. Y ni te ocurra denunciar, porque tú serás quien corra peligro: en Venezuela no hay Estado de Derecho. Ninguna economía de ningún país puede salir a flote mientras quienes producen tienen que dejar su ganancia al funcionariado corrupto civil y militar. 

Siempre con el discurso criminalizante contra el Pueblo, vivimos en un país tan controlado, que si vas al banco a retirar de tu dinero un monto pequeño, como equivalente a 50 o 100 dólares, te hacen pasar a la oficina del gerente y tienes que explicar el “origen de los fondos” y el “uso” que le vas a dar, a veces te hacen llenar una planilla, todo esto no por petición de los bancos, sino por orden de Sudeban, que es el ente regulador de la actividad bancaria. Mientras el discurso y el pensamiento represivo y policial del gobierno pretende criminalizar permanentemente y hacer sentir culpable al Pueblo, por cosas básicas como comprar comida, o retirar montos ridículos en el banco, los altos funcionarios del gobierno se la pasan viajando por el mundo a cuenta de nuestro bolsillo, sin rendirle cuentas absolutamente a nadie, y ellos y sus familiares viven un estilo de vida opulento similar al de la más rancia oligarquía.

Vivimos en un país en el marco de la perdida absoluta del Estado de Derecho, no hay reglas económicas claras, nadie sabe a qué atenerse sino que es lo que el presidente o el ministro de turno diga en cualquier momento, cambiando las reglas una y otra vez. Hoy pueden nombrar un ministro que dice que tener dólares es una maravilla y dan la orden a los bancos que le abran cuentas en dólares a la gente, mañana nombran otro ministro que dice que el dólar es criminal y mandan a bloquear todas las cuentas bancarias, toda le gente pierde su dinero, y no pasa nada. Esto es un hecho real: en Venezuela hay miles de cuentas bancarias bloqueadas, no son unas pocas cuentas, hablamos de miles de cuentas bancarias que fueron bloqueadas en varias ocasiones distintas por orden del gobierno, sin que hubiese investigación en cada uno de los casos, lo cual es otra violación a los derechos. 

En la Venezuela de Maduro, en gran parte del país el servicio de agua potable no funciona, hay localidades que pasan meses enteros sin agua. En la mayor parte del país les hacen cortes de electricidad todos los días, y ni siquiera informan la hora a la que lo harán, de manera que si se le queman sus electrodomésticos es problema suyo, el gobierno jamás le va a responder por eso. Tampoco hay gas doméstico, y para rematar, estamos en el país con las mayores reservas petroleras del mundo, pero hay que hacer colas inmensas, a veces de un día entero, para poder surtir gasolina, incluso hay estados como el Táchira, donde usted solo puede surtir gasolina unas 2 veces por semana, por número de placa, y solo puede hacerlo hasta las 5 de la tarde, y no puede surtir gasolina los domingos: controlan al Pueblo con si tratara de un jardín de infancia ¿se supone que vivir de esta forma es vivir en libertad? Siempre con el cuento criminalizante hacia la gente, diciendo que esto es para prevenir el “contrabando” ¿con decenas de puestos de control militares y policiales en una vía de 45 minutos hacia la frontera que persona normal va a poder contrabandear algo? Es un secreto a voces quienes son los que realmente contrabandean y no es precisamente el Pueblo. A todo esto, súmele el salario miserable que Maduro y su gobierno Fascista y Neo-Liberal imponen contra Pueblo, el cual siempre es equivalente a unos 3 dólares mensuales. 

En un país con condiciones tan duras de vida, es lógico que la gente proteste… pero el derecho a la Protesta es otro derecho humano violentado por el gobierno fascista del presidente anti-obrero. Aquí, protestar es delito: jamás va a escuchar ni al presidente ni a ningún alto funcionario admitiendo que alguna protesta es justa, no importa si son amas de casa de alguna zona popular protestando por falta de gas, o trabajadores protestando por un salario justo: si usted protesta el gobierno va aplicar la estrategia creada por el asesino George W. Bush, de denominar “terrorista” a cualquier cosa que se oponga a sus intereses. Para el gobierno, un grupo de personas protestando en una calle por falta de servicios son “terroristas”, y para los terroristas, alborotadores, agentes de la CIA y demás, el gobierno tiene, además de la Policía y la GN -esos mismos que se la pasan robando al Pueblo- también están los grupos Para-Policiales y Para-Militares al servicio del gobierno, que el mejor estilo de los escuadrones de la muerte que usaba la narco-oligarquía colombiana por allá en los años 80, estos sujetos en motos de alta cilindrada y con armas largas, llegan de inmediato apenas se les avisa que deben reprimir y disolver cualquier protesta, sin importar el motivo de la misma, esto es terrorismo de Estado. 

En la cuarta república lanzaban a la gente de helicópteros, en el gobierno madurista los lanzan de un piso 10, como sucedió con un Concejal opositor. O lo desparecen como hicieron con Alcedo Mora, o si se le ocurre denunciar a un alto funcionario corrupto lo meten preso como hicieron con los compañeros que denunciaron la corrupción de Tareck El Aissami, o también lo pueden masacrar en vivo y directo como hicieron en el Junquito. El caso de Oscar Pérez es gravísimo: en un país con Estado de Derecho, Oscar Pérez hubiese sido detenido y colocado a la orden de las autoridades, pero en el gobierno de Maduro no, estas personas fueron masacradas en una trasmisión en vivo y directo en redes sociales, mientras expresaban su rendición, asesinados con armas de guerra cerca de una zona urbana, Terrorismo de Estado, para dejar claro el mensaje de lo que le puede ocurrir a quien se oponga al régimen madurista.   

Desde las vocerías gubernamentales dicen que lejos de ser una dictadura en realidad son muy permisivos, tan permisivos que dejaron a Juan Guaidó cometer delitos contra la nación sin nunca meterlo preso. La verdad es que no lo tocaron por miedo a los gringos, pero además, si bien es cierto que no lo metieron preso, a todo el que andaba con él si lo encarcelaban. La misma táctica usan ahora con María Corina Machado: no la tocan a ella por miedo a los gringos, pero todo el que ande con ella lo agarran preso. Esto es intimidación, esto es sembrar el temor. 

En Venezuela no solo existen presos políticos, en nuestro país hay más de 150 trabajadores presos por el “delito” de pedir un salario justo y condiciones de trabajo dignas, algunos incluso, siendo procesados en tribunales militares, lo cual es otra violación al Estado de Derecho. Nuestra Constitución Bolivariana establece que el salario debe cubrir la canasta básica, pero exigir eso es un delito para Maduro y su gobierno. 

La dictadura madurista ha violentado todos los derechos humanos al Pueblo: el derecho al trabajo, el derecho a un salario digno, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la protesta, el derecho a la información, el derecho al voto y hasta el derecho a la identidad, con el pasaporte más caro del mundo, por encima de los 200 dólares, mientras se impone un salario de 3 dólares mensuales. 

Si usted está esperando que el gobierno le anuncie que estamos en Dictadura sepa que eso no va a ocurrir. Eso de anunciarse como Dictador quedó por allá en los tiempos del Imperio Romano y de la Primera República, en el siglo XIX. En la actualidad ninguna Dictadura se presenta como tal, ningún Dictador te dice “Yo soy Dictador”. Hitler nunca afirmó ser Dictador, Pérez Jiménez nunca dijo ser Dictador, las Dictaduras contemporáneas se presentan como gobiernos defensores de una causa, por lo general “La Patria” y en función de esa “defensa” anuncian que han de “tomar medidas” para detener el avance de un enemigo, ese enemigo, llámese los “comunistas”, los apátridas”, etc. Y luego con esas medidas van cercenando los derechos y las libertades del Pueblo. Algunas incluso comienzan ganando una elección, como Hitler por ejemplo, que comenzó ganando una elección y poco a poco fue imponiendo medidas que restringían los derechos. 

Por mucho menos que lo que estamos viviendo ahora, en su momento Chávez se levantó contra el statu quo de la época, pero si Chávez hubiese aparecido en este gobierno de Maduro, no hubiese podido ser candidato porque hubiese estado inhabilitado, tampoco hubiese encontrado un partido que los postulara porque todos están ilegalizados o controlados por el gobierno, tampoco hubiese podido registrar un partido propio porque no se lo hubiesen permitido, y muy posiblemente lo hubiesen dejado preso o en el exilio.