Los resultados electorales del 6 de diciembre de 2006 que dieron el contundente triunfo electoral al comandante Hugo Chávez Frías, fueron una inequívoca manifestación de respaldo a la propuesto de aceleración y profundización de revolución bolivariana, incorporando el objetivo histórico del Socialismo como parte integrante del proceso político iniciado en 1998.

La voluntado popular mayoritaria, interpretada acertadamente por el liderazgo del presidente Chávez y su propuesta de avanzar hacia el Socialismo del Siglo XXI como única vía para definitivamente liberar a la Nación del vasallaje político, económico y cultural del imperialismo, trajo consigo la imperiosa e impostergable necesidad de modificar substancialmente el texto constitucional aprobado en 1999, introduciendo nuevas instituciones, ampliando los derechos humanos y estableciendo procesos que permitan reemplazar las viejas estructuras coloniales de la dominación burguesa-oligárquica-imperialista, por nuevo Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia de contenido bolivariano, antimperialista y socialista, al servicio de las grandes mayorías nacionales y, articulado con el proceso de recuperación del hilo histórico del Libertador y su proyecto de edificar una Republica de Naciones que abarque desde México hasta la Patagonia.

El diseño y desarrollo de ese proyecto histórico exige la unidad política de la dirección revolucionaria y el pueblo bolivariano bajo la conducción de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el la cohesión de todos los Poderes Públicos en el común propósito de promover en el ámbito de sus competencias, las políticas y acciones dirigidas a desarrollar ese proceso político, sin que ello suponga declinaciones u omisiones en el cumplimiento de las funciones, atribuciones y competencias que la Constitución y la Ley le otorga a cada rama de la Administración Pública.

Tales consideraciones son pertinentes en momentos en que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 279 de la Constitución de la República, el llamado Consejo Moral Republicano integrado por los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República, designó a un grupo de ciudadanos, presididos por el diputado Roberto Hernández, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, como integrantes del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano , el cual se encargará de recibir las propuestas provenientes de los ciudadanos y las ciudadanas y elaborar una terna por cada organismo del Poder Ciudadano para que la Asamblea Nacional, decidida., mediante el voto calificado de las tres cuartas partes de sus integrantes, quienes ejerceran tales cargos en los próximos siete años.

Este proceso se realizará en medio de una erosión de la credibilidad de tales instituciones públicas, derivadas de la impunidad de los crímenes cometidos durante el Golpe de Estado de Abril 2002 y el Paro Petrolero de Diciembre 2002-Febrero 2003 y el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad ciudadana, la fallas en la aplicación efectiva de las leyes en contra de funcionarios y empresarios involucrados en diversos delitos en contra del patrimonio público y, la persistencia de graves e impunes violaciones de derechos humanos atribuidas a los cuerpos policiales, fiscalías, tribunales y organismo militares, a pesar de la declara voluntad de los titulares de tales organismo de enfrentar tales flagelos que afectan n la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos en el proceso bolivariano y socialista que estamos impulsando y sirven de “artillería de ataque” de la oposición interna y externa en contra del gobierno revolucionario.

La elección del Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República es la oportunidad que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas y nuestros voceros y voceras en la Asamblea Nacional, de poner al Poder Ciudadano a tono con el proceso de cambios revolucionarios que vive el país e integrarlo, en el marco del proyecto revolucionario que lideriza nuestro comandante Hugo Chávez Frías, en el común propósito de afirmar la plena e indiscutida vigencia del Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia, acelerar y profundizar los cambios políticos, económicos y sociales y culturales en la transición hacia el Socialismo, elevar los niveles de calidad y expectativa de vida de las ciudadanas y los ciudadanos y avanzar en el proceso de integración y unión con las hermanas naciones y pueblos de América Latina y el Caribe.

Sin conciliaciones con la contrarrevolución ni vacilaciones ante sus desafíos, debemos escoger a quien tenga la voluntad y decisión revolucionaria de defender al pueblo, castigar severamente y sin discriminaciones a los delincuentes y, perseguir sin contemplaciones a los defraudadores del erario público. Solo así se sentirá que hay un solo Estado, una sola revolución, un solo gobierno y un solo liderazgo.

Patria. Socialismo o muerte. ¡VENCEREMOS!