La reforma constitucional venezolanade apoyo al proyecto socialista del presidente Chávez fue derrotada por el más reducido de los márgenes: 1,4% sobre nueve millones de votantes. No obstante, el resultado se vio seriamente perjudicado por la abstención del 45%, por lo que solamente el 28% del electorado votó contra los cambios progresistas propuestos por el presidente Chávez. Si bien esta votación fue un golpe para el intento de Venezuela de liberarse de la dependencia del petróleo y del control capitalista de los sectores financieros y productivos estratégicos, no cambia el 80% de mayoría en la actual legislatura ni tampoco debilita las prerrogativas de la rama ejecutiva. No obstante, la victoria marginal de la derecha sí le proporciona a ésta, sin duda, un semblante de fuerza, influencia y trascendencia en sus esfuerzos para hacer descarrilar las reformas socioeconómicas del presidente Chávez y expulsar a éste del Gobierno o bien conseguir que se reconcilie con las antiguas élites detentadoras del poder.

Ya han comenzado el debate y las deliberaciones en el seno del movimiento chavista y entre los muchísimos grupos que forman la oposición. Uno de los elementos que sin duda estará sujeto a debate es por qué los más de tres millones de votantes que optaron por Chávez en las elecciones del 2006 (en la que venció con el 63% de los votos) esta vez no fueron a votar en el referendo. La derecha sólo aumentó su número de votos en 300.000, por lo que, aun suponiendo que éstos correspondiesen a votantes chavistas decepcionados y no a nuevos votantes de derecha, sigue dejándonos la cifra de 2.7 millones de votantes chavistas que se abstuvieron.

Diagnóstico de la derrota

Cada vez que una transformación socialista figura en primer lugar de un programa de gobierno, tal como Chávez hizo con estos cambios constitucionales, todas las fuerzas de la reacción derechista y sus seguidores de clase media –progresistas-unen sus fuerzas y olvidan por un momento sus enfrentamientos partidistas. Los seguidores y organizadores populares de Chávez se hallaron ante una amplia gama de adversarios, cada uno de ellos dotado de importantes palancas de poder. En este grupo figuraban:

1. las numerosas instituciones del gobierno de Estados Unidos (CIA [1], USAID [2], NED [3] y los funcionarios políticos de la Embajada estadounidense), sus agentes subcontratados (ONG, programas de reclutamiento estudiantil, jefes de redacción de periódicos y anunciantes de los principales medios), las compañías transnacionales estadounidenses y la Cámara de Comercio (que pagaron las campañas de publicidad contra el referendo, además de la propaganda y la acción callejera);

2. las principales asociaciones patronales venezolanas (FEDECÁMARAS [4], Cámaras de comercio, mayoristas y detallistas) que gastaron millones de dólares en la campaña, fomentaron la fuga de capitales y promovieron el acaparamiento y las actividades de mercado negro que produjeron escasez de productos de alimentación básicos en los mercados populares al por menor;

3. más del 90% de los medios de comunicación privados, que desarrollaron una campaña ininterrumpida de propaganda virulenta, incluidas las mentiras más descabelladas (entre otras, la de que el gobierno arrancaría a los niños de los brazos de sus familias y los confinaría en escuelas controladas por el Estado), mentiras escandalosas que a su vez fueron recogidas y repetidas, sin excepción por los medios de comunicación de masas de Estados Unidos;

4. la jerarquía católica en su totalidad, desde los obispos hasta los curas de barrio, que utilizó sus plataformas de intimidación y sus homilías para hacer propaganda contra las reformas constitucionales, y aún más importante, varios obispos convirtieron sus iglesias en centros de organización de la extrema derecha violenta, lo que produjo, en un caso, el asesinato de un trabajador chavista que se enfrentó a sus barricadas en la calle.

Los líderes de este cuarteto contrarreformista pudieron comprar y atraer a pequeños sectores del ala liberal del grupo chavista del Congreso y a un par de gobernadores y alcaldes, así como algunos ex izquierdistas (alguno de los cuales fue guerrillero hace 40 años), ex maoístas del grupo de Bandera Roja y algunos trotskistas, líderes sindicales y sectas. Un número sustancial de académicos socialdemócratas (Edgar Lander, Heinz Dietrich) halló excusas triviales que les permitió oponerse a las reformas igualitarias, proporcionando con ello un brillo intelectual a la rabiosa propaganda de las clases altas sobre las tendencias dictatoriales o bonapartistas de Chávez.

La dispar coalición encabezada por los grupos dominantes venezolanos y el gobierno de Estados Unidos no cesó de martillear un mismo mensaje general: la enmienda que permitía la reelección, el poder de suspender temporalmente determinadas disposiciones constitucionales en momentos de emergencia nacional (como el golpe militar y la huelga patronal de 2002 a 2003), el nombramiento ejecutivo de administradores regionales y la transición al socialismo democrático formaban parte de un complot destinado a importar el comunismo a la cubana. Propagandistas de derechas y liberales convirtieron la reelección por un período ilimitado (una práctica parlamentaria común en todo el mundo) en una usurpación del poder por parte de un tirano autoritario, totalitario y hambriento de poder, según todos los medios de comunicación privados venezolanos y sus socios estadounidenses: las cadenas de radio y televisión CBS, NBC, ABC y NPR, y los diarios New York Times, Los Angeles Times y Washington Post. La enmienda constitucional que otorgaba al presidente poderes de emergencia fue descontextualizada del golpe militar de 2002, apoyado por EE UU, y del boicot empresarial de 2003, del reclutamiento y la infiltración de grupos de escuadrones de la muerte paramilitares colombianos (2005), del secuestro de un ciudadano venezolano-colombiano por los servicios secretos colombianos (2004) en el centro de Caracas, y de los claros llamados a un golpe militar por parte del ex ministro de Defensa, Raúl Baduel.

Cada sector de esta coalición contrarreformista dirigida por la derecha, se centró en grupos específicos y grupos transversales, con llamamientos bien definidos. Estados Unidos se centró en el reclutamiento y la formación para la guerrilla callejera de jóvenes estudiantes, para lo que utilizó cientos de miles de dólares canalizados a través de las organizaciones USAID y NED y destinados a la organización de la sociedad civil y la resolución de conflictos (en un rasgo de humor negro) del mismo modo que antes lo hicieron en Yugoslavia, Ucrania y Georgia. Estados Unidos hizo llegar también sus fondos a sus clientes permanentes: la casi difunta confederación de sindicatos socialdemócratas CTV [5], los medios de comunicación de masas y otros aliados de las clases altas. FEDECAMARAS se centró en el sector de negocios, grandes y pequeños, los profesionales de clase alta y los consumidores de clase media. Los estudiantes de derecha fueron los detonadores de la violencia callejera y se enfrentaron a los estudiantes de izquierda dentro y fuera de los campus universitarios. Los medios de comunicación de masas y la Iglesia católica se dedicaron básicamente a la difusión del miedo entre su gran audiencia. Los académicos socialdemócratas predicaron el NO y la abstención entre sus colegas progresistas y los estudiantes izquierdistas. Los trotskistas consiguieron la división de algunos sectores sindicales con su verborrea pseudomarxista sobre Chávez, el bonapartista y sus inclinaciones capitalistas e imperialistas, incitaron a estudiantes formados en Estados Unidos y compartieron la plataforma del NO con los jefes sindicales de la CTV financiados por la CIA. Éstas fueron las espurias alianzas previas a la votación del pasado domingo.

En los momentos posteriores a la votación, esta inestable coalición mostró algunas diferencias internas. El centro-derecha, dirigido por el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, pide un reencuentro y un diálogo con los ministros chavistas moderados. La derecha dura, personificada en el ex general Raúl Baduel (niño mimado de los sectores de la falsa izquierda) exige aprovechar la actual ventaja hasta llegar al derrocamiento del presidente elegido, Hugo Chávez, y del Congreso por cuanto, afirman, “siguen teniendo el poder de legislar reformas”. ¡Así, así son nuestros demócratas! Las sectas izquierdistas seguirán citando los textos de Lenin y Trotski (que deben de estar revolviéndose en sus tumbas), organizando huelgas en demanda de aumentos salariales… en el nuevo contexto de mayor poder de la derecha, situación a la que ellos mismos han contribuido.

Debilidades estructurales y de campaña en el campo de los reformadores de la Constitución

La derecha pudo conseguir su escasa mayoría gracias a algunos graves errores en la campaña chavista, así como en profundas debilidades estructurales.

La campaña del referéndum adoleció de varios efectos graves:

1) el presidente Chávez, el líder del movimiento de reforma constitucional, estuvo fuera del país durante varias semanas en los últimos dos meses de la campaña, en Chile, Bolivia, Colombia, Francia, Arabia Saudí, Españae Irán, privando con ello a la campaña de su portavoz más dinámico; y

2) el presidente Chávez se vio inmerso en asuntos que no tenían ninguna relevancia para sus seguidores y que pueden haber proporcionado munición a la derecha. Su intento de mediar en el intercambio de prisioneros en Colombia absorbió una gran cantidad de tiempo y condujo previsiblemente a ninguna parte, por cuanto el presidente de los escuadrones de la muerte, Álvaro Uribe, puso fin abruptamente a su mediación con insultos provocativos y calumnias que llevaron a una grave ruptura diplomática. Del mismo modo, durante la Cumbre Iberoamericana y su epílogo, Chávez entró en un intercambio verbal con el fullero rey de España que lo distrajo de problemas internos como la inflación y el acaparamiento de productos básicos alimenticios instigada por la derecha.

Muchos activistas partidarios de Chávez no consiguieron elaborar y explicar los efectos positivos que se proponían con la reforma, o llevar a cabo un debate casa por casa que pudiera contrarrestar la monstruosa propaganda (como la afirmación de que a sus padres les iban a quitar los niños) propagada por los curas y las medios de comunicación. Los activistas pensaron, con demasiada facilidad, que estas mentiras destinadas a crear miedo eran tan poco plausibles que todo lo que había que hacer era denunciarlas. Y, peor aún, algunos líderes, considerados chavistas, llegaron hasta no organizar ningún tipo de apoyo porque se oponían a las enmiendas, en la medida en que reforzaban los consejos comunales a expensas de los alcaldes y gobernadores.

La campaña no consiguió intervenir y exigir un tiempo y un espacio iguales en todos los medios de comunicación privados con el fin de crear una situación equilibrada. Se puso demasiado énfasis en las manifestaciones de masas en el centro de la ciudad y no tanto en los programas de impacto a corto plazo en los barrios pobres destinados a solventar problemas inmediatos como la desaparición de la leche de las estanterías de los supermercados, lo que irritó a los seguidores naturales de Chávez.

Debilidades estructurales

Hubo dos problemas básicos que influenciaron profundamente en la abstención electoral entre los seguidores de Chávez: la prolongada escasez de productos alimenticios básicos y productos domésticos, y la rampante y aparentemente descontrolada inflación (18%) durante la segunda mitad de 2007 que no ha mejorado ni se ha compensado por los incrementos salariales, especialmente para los el 40% de los trabajadores del sector informal.

Alimentos como la leche en polvo, la carne, el azúcar, los frijoles y muchos otros desaparecieron tanto de los comercios privados como de los públicos. Los grandes productores agrarios se negaron a producir y las autoridades del sector al por menor se negaron a vender debido a los controles estatales de precios (establecidos para controlar la inflación) por miedo a ver reducidos sus exorbitantes beneficios. Decidido a no intervenir, el gobierno adquirió e importó productos alimenticios por valor de cientos de millones de dólares, muchos de los cuales no llegaron hasta los consumidores populares, al menos no a los precios fijados.

En parte debido a la mengua de sus beneficios y en gran parte como un elemento clave de la campaña contra la reforma, los vendedores al por mayor y al por menor o bien acapararon y vendieron una parte sustancial de los productos de importación en el mercado negro, o bien no se encaminaron hacia los supermercados de los barrios ricos.

La inflación fue el resultado de unos ingresos crecientes por parte de todos y el resultado asimismo de una mayor demanda de bienes y servicios en el contexto de un descenso generalizado de la productividad, la inversión y la producción. La clase capitalista se dedicó a desinvertir, evadir capitales, importar productos de lujo y especular en el mercado intermediario de bonos y en el inmobiliario (en el que algunos se pillaron los dedos a causa del reciente derrumbe de la burbuja inmobiliaria de Miami).

Las medidas gubernamentales, demasiado cautelosas, de intervención estatal, y su retórica radical fueron suficientemente fuertes para provocar una resistencia por parte de las grandes empresas y un incremento de la fuga de capitales, mientras que eran la vez demasiado débiles para desarrollar instituciones productivas y distributiva activas. En otras palabras, la creciente crisis inflacionista, la escasez y la fuga de capitales pone en cuestión la actual práctica bolivariana de economía mixta basada en una asociación pública y privada que financie un estado de bienestar social a gran escala. El capital ha actuado en primer lugar económicamente mediante el boicoteo y la ruptura de este pacto social implícito con el gobierno de eliminar a Chávez. En él había una propuesta implícita: altos beneficios y tasas de inversión a cambio de crear empleo y fomentar el consumo popular. Con un respaldo poderoso y una intervención resuelta de sus socios estadounidenses, el gran capital venezolano se ha movido políticamente para aprovechar el descontento popular y con ello derrotar las reformas constitucionales propuestas. Su próximo paso es dar marcha atrás en este momento, aprovechando el impasse en las reformas socioeconómicas, mediante una combinación de pactos con los ministros socialdemócratas del gobierno de Chávez y la amenaza de una nueva ofensiva, profundizando la crisis económica y preparando el golpe.

Políticas alternativas

El gobierno de Chávez debe actuar inmediatamente con celeridadcon el fin de rectificar algunos de los problemas nacionales y locales básicos, que condujeron al descontento y a la abstención, y que están socavando su base de masas. Por ejemplo, algunos barrios pobres inundados por las lluvias y las avalanchas siguen sin hogar después de dos años de promesas rotas, y de la creación de una serie de instituciones gubernamentales totalmente incompetentes.

El Gobierno, bajo el control popular, debe también intervenir de inmediato para hacerse con el control de todo el programa dedistribución de alimentos, contando para ello con los trabajadores portuarios, del transporte y de la venta al por menor; contando a la vez con los consejos comunales que deben garantizar que los alimentos importados llenan las estanterías y no los bolsillos de los mayoristas contrarreformistas, los grandes propietarios de las tiendas y los que practican el mercado negro a pequeña escala. Lo que el Gobierno no ha conseguido de los grandes terratenientes y barones ganaderos en materia de producción de alimentos, debe conseguirlo mediante la expropiación a gran escala, la inversión y las cooperativas, que permitan superar la producción para el mercado y las huelgas de suministros. El cumplimiento voluntario se ha demostrado que no funciona. El dogma de la economía mixta, que resulta atractivo para un cálculo económico racional, no funciona cuando están en juego intereses políticos de alto nivel.

Para financiar los cambios estructurales en la producción y la distribución, el Gobierno está obligado a controlar e intervenir los bancos privados más implicados en el lavado de dinero, la facilitación de la fuga de capitales y el estímulo a las inversiones especulativas en lugar de la producción de bienes esenciales para el mercado nacional.

La reforma constitucional era un paso hacia la creación de unmarco legal de reformas estructurales, cuando menos para ir más allá de una economía mixta controlada por los capitalistas. El excesivo legalismo del gobierno Chávez en su planteamiento de un nuevo referendo subestimó la base legal existente para la realización de las reformas estructurales que permitan al Gobierno dar respuesta a las crecientes demandas de los dos tercios de la población que eligieron a Chávez en 2006.

En esta fase post referendo, el debate interno en el seno del movimiento chavista se está profundizando. La base de masas formada por trabajadores pobres, sindicalistas y empleados públicos está exigiendo aumentos salariales que les permita mantener el nivel de vida erosionado por la inflación, que se ponga fin al aumento de los precios y a la escasez de productos básicos. Su abstención se explica por la falta de una acción efectiva del Gobierno, no por la propaganda derechista o liberal. No son derechistas, ni socialistas, pero pueden apoyar el proyecto socialista si se resuelven los tres azotes que forman la escasez, la inflación y el descenso del poder adquisitivo.

En particular la inflación es un enemigo de los trabajadores más pobres, pertenecientes en su mayor parte al sector informal, porque sus ingresos no se indexan con la inflación, como es el caso de los de los trabajadores sindicados del sector formal. Por otra parte, tampoco pueden conseguir un ingreso mayor a través de la negociación colectiva, por cuanto no están ligados por ningún contrato con compradores o empresarios. Como resultado, en Venezuela la inflación de los precios es el peor desastre para los pobres y la razón de su mayor descontento. Aquellos gobiernos, incluso derechistas o neoliberales, que consiguen la estabilidad de los precios o reducen fuertemente la inflación, generalmente consiguen el apoyo, al menos temporal, de las clases populares. No obstante, las políticas antiinflacionistas pocas veces han hallado su lugar en las políticas izquierdistas (en detrimento de éstas) y Venezuela no es ninguna excepción.

En los niveles de liderazgo del Consejo de ministros, del partido y de los movimientos sociales hay muchas posiciones pero pueden simplificarse en dos, polarizadas.

Por una parte, la posición dominante en favor del referendo que defienden los ministerios de Finanzas, Economía y Planificación busca la cooperación con los inversores privados extranjeros y nacionales, los banqueros y los grandes productores agrarios, con el fin de incrementar la producción, la inversión y los niveles de vida de los pobres. Se basa en llamadas a la cooperación voluntaria, garantías a la propiedad, reducción de impuestos, acceso a las divisas extranjeras en condiciones favorables y otras iniciativas, además del control de la fuga de capitales y de los precios, pero no de los beneficios.

Por otra parte, el sector favorable a la socialización aduce que esta política de asociación no ha funcionado y que es la fuente del actual impasse y de los problemas sociales existentes. En el seno de este sector algunos proponen un protagonismo mayor de la propiedad y el control estatal, con el finde dirigir las inversiones e incrementar la producción, así como de romper el boicot y el estrangulamiento de la distribución. Otro grupo propone que sean los consejos de autogestión obrera quienes organicen la economía, e instan a la creación de un estado revolucionario. Un tercer grupo propone un Estado mixto con propiedad pública y autogestión, cooperativas rurales y propiedad privada de tipo medio y pequeño en un mercado altamente regulado.

La fuerza que tenga en el futuro el grupo que propone la economía mixta puede conducir a acuerdos con la oposición liberal más blanda, pero si no se consigue atajar la escasez y la inflación se exacerbará la actual crisis. El ascendente de los grupos más radicales depende, a fin de cuentas, de poner fin a su fragmentación y sectarismo, así como de su capacidad para establecer un programa conjunto con el líder político más popular del país, el presidente Hugo Chávez.

El referendo y su resultado, aunque importante hoy día, es sólo un episodio en la lucha entre el capitalismo autoritario imperial y el socialismo democrático de los trabajadores.

3 National Endowment for Democracy (NED), organización semigubernamental estadounidense creada en 1983 por el gobierno de Reagan. Con carácter complementario a las dos agencias antes citadas, tiene un amplio historial de interferencia política destinada a imponer regímenes favorables a EE UU. (N. del T.)

Traducido para Rebelión por S. Seguí