Las últimas declaraciones de los dirigentes de la oposición venezolana pretenden desinformar al pueblo sobre lo que ellos insisten en llamar "la aplicación de la Reforma Derrotada el 02 de diciembre de 2007". Nada mas alejado de la verdad.

El Estado Bolivariano, a partir de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de 1999, logró cumplir con todos los requerimientos para enrumbar al país hacia la instauración del Socialismo Verdadero, del Socialismo del Siglo XXI, mediante la aplicación plena de la Democracia Participativa y Protagónica consagrada en la misma, ya que permite garantizar a todos y todas el ejercicio de la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad a través de los mecanismos necesarios que permitan lograr el desarrollo integral, es decir, el desarrollo económico, político, social y cultural de la Nación, todo ello necesario para avanzar hacia el Socialismo del Siglo XXI . En todo el articulado constitucional se establecen las metas y las políticas que debe seguir el Gobierno Revolucionario y Bolivariano para el cumplimiento de sus fines y materializar efectivamente estos valores.

El poder legislativo a través de la Asamblea Nacional venezolana tendrá que promulgar, con carácter de urgencia parlamentaria, todas las leyes necesarias para la práctica efectiva de estos mecanismos de participación, protagonismo y corresponsabilidad consagrados en nuestra Constitución.

En primera instancia resulta imperativo diseñar un compendio de leyes de base y de desarrollo en ese sentido y paralelamente implementar un conjunto de políticas públicas que permitan la materialización efectiva de dichos objetivos para poder cumplir con la misión del Estado Bolivariano, la aplicación plena del Socialismo Bolivariano .

Esta misión se encuentra claramente plasmada en nuestra Constitución, ya que existe una íntima conexión entre los valores constitucionales contenidos en el artículo 2 del texto constitucional y los derechos que garantiza ese texto a todos los venezolanos. Si hacemos una revisión de las disposiciones contenidas en los artículos 19 al 135 de la Carta Fundamental se puede afirmar que vienen a ser el desarrollo de casi todos los valores socialistas que el Estado Bolivariano aspira alcanzar.

En el texto constitucional se disponen de diversas disposiciones para hacer realidad nuestro Socialismo, entre las cuales podemos indicar las normas contenidas en todos los Capítulos del Título III, mediante la cual se impone la obligatoriedad de lograr la igualdad económica y social, permitiendo el disfrute de esos derechos a todos los habitantes independientes del estrato al cual pertenecen y de su condición social.

Particularmente, en el caso de los derechos económicos podemos observar que existen los derechos contenidos en el capítulo VII, en donde se regulan las actividades económicas los cuales garantizan el derecho de todos por igual al desarrollo económico.

Así mismo, el capítulo IX rompe con el dogma del capitalismo depredador al proteger la vida del país y del planeta mediante la promulgación los derechos ambientales.

Por su parte a nivel territorial, es deber indeclinable del Estado la cooperación entre todos los niveles territoriales de gobierno y entre los distintos poderes para el cumplimiento efectivo de los fines del Estado.

Mediante la aplicación plena de la Constitución de 1999, los órganos del Poder Público en los distintos niveles territoriales, tienen que desarrollar los postulados consagrados en los artículos 2 y 3; es decir, tienen que materializar los principios fundamentales de la Democracia, de la Igualdad, de la Justicia, de la Libertad y de la Solidaridad, deben entonces establecer mecanismos para garantizar la construcción de una sociedad justa, promover la prosperidad, satisfacer el bienestar del pueblo y cristalizar por intermedio de las decisiones administrativas, los planes, programas y proyectos en concordancia con lo dispuesto en esa Constitución .

El papel que deben jugar las entidades estadales y locales en la materialización del Estado de Derecho, es importante, toda vez que estas entidades jurídico-políticas, tienen una estrecha vinculación con el pueblo y al conocer la realidad económica, social y cultural, pueden realizar actividades administrativas que redundarían en beneficio del entorno social y lograrían satisfacer las necesidades colectivas.

El hecho de que Venezuela se constituya como un Estado Bolivariano que practica el socialismo verdadero, implica que las distintas entidades jurídico-políticas, tienen que destinar todos sus esfuerzos para lograr la cristalización de estos fines del Estado; y esa es la razón de la existencia del artículo 4 del texto constitucional venezolano que establece la cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Las entidades estadales y locales, en el desarrollo de sus competencias tienen que aplicar estos principios.

Desde el punto de vista constitucional, las entidades estadales quedan obligadas de acuerdo con el artículo 159, a cumplir la Constitución y las leyes de la República Bolivariana; es decir, que los Estados, de acuerdo con las competencias que constitucionalmente tienen atribuidas deben cooperar y ser corresponsables en la materialización de políticas públicas, que traigan como resultado la satisfacción de los intereses sociales.

En el caso de los Municipios es más evidente la corresponsabilidad y cooperación que deben tener con el nivel territorial estatal, por cuanto los Municipios tienen como competencia la solución de los asuntos concernientes a la vida local, lo relacionado con la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y la aplicación de las normas relativas a garantizar, organizar e impulsar la Participación Ciudadana, directa, individual o colectiva, el desarrollo del Poder Popular mediante la plena aplicación de la Ley de los Consejos Comunales y demás mecanismos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, resulta inútil y hasta fútil que los dirigentes de la oposición pretendan evitar que el Presidente Hugo Chávez aplique plenamente la Constitución al impulsar, como es su deber, los valores de la verdadera democracia y del verdadero socialismo en Venezuela.