En un escenario de guerra, sea en Irak y Afganistán, en Filipinas, o en la mismísima Colombia, las elecciones son la continuidad de la guerra por otros medios y, ningún factor interviniente en un conflicto armado renuncia a influenciar un proceso electoral y sus resultados, convencidos que ellos tienen importancia en el curso de la guerra, aunque no necesariamente, en su terminación.
Las elecciones, en general, definen una postura legitimadora sobre el orden político vigente y soporta la conducta de guerra del Estado en contra de quienes desafían su Poder sobre la sociedad, por lo que la lucha electoral, no solo se puede apreciar en un escenario de guerra como la disputa entre partidos y candidatos que pretenden alcanzar los puestos de representación popular o ejercicio del Poder, sino como la posibilidad de debilitar o fortalecer la lucha en contra de ese Estado.
Sea por acción directa, mediante la presentación de candidatos encubiertos en partidos “fachadas”, en la infiltración de partidos grandes o pequeños necesitados de rostros atractivos para su electorado, impidiendo la realización de los procesos electorales en sus áreas de control político o de disputa territorial con los adversarios o, induciendo el voto a favor de candidatos ajenos, pero cuyo resultado beneficioso puede favorecer sus estrategias político-militares; las organizaciones insurgentes diseñan una política electoral cuya incidencia en los resultados finales dependen de variados factores propios y extraños.
En estos escenarios de guerra con procesos electorales, no se trata de simpatías o antipatías personales ni tampoco de identidades o distancias programáticas, porque quien lucha por el poder no puede aceptar la posibilidad de negociar en proceso electoral lo que ha podido conquistar en el campo de batalla, por lo que su pretensión, en todo caso, es ubicarse en una posición tal que, sin representarlo ni tener necesariamente afinidades con un factor politico-electoral, puede profundizar las contradicciones en el campo enemigo y por esa vía, facilitar su estrategia de guerra contra el Estado, lo que haría avanzar sus posibilidades de triunfo sobre las fuerzas contrarias o, favorecer una negociación ventajosa de la Paz.
De las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, se puede afirmar, sin duda alguna, que nunca han estado fuera del escenario electoral; es más, no es exagerado pensar que han estado en todos los procesos electorales colombianos desde 1.964 y han influenciado, de una u otro manera, el desarrollo de tales procesos y, solo, en una oportunidad, luego del proceso de negociación que permitió la formación de la exterminada Unión Patriótica, se puede decir que tuvo candidatos y candidatas provenientes de su propia formación o aliados políticos.
En todo las demás experiencias electorales, las FARC-EP impidieron los procesos electorales en sus zonas de control, sabotearon tales actividades en su zonas de influencia, presentaron Propuestas de Paz y de Canje Humanitario o, ejecutaron Paros Armados para impedir el movimiento del aparato electoral del Estado; todo con el propósito de incidir sobre el escenario electoral.
En las elecciones de Mayo y Agosto 2010, nada hace pensar que sucederá algo distinto, porque las FARC-EP saben que en estos resultados electorales se definen escenarios y posiciones diversas sobre los temas de la Paz y la Guerra y, ello no puede estar al margen de sus consideraciones de orden político y militar. Por eso, las FARC-EP están en “plena campaña electoral”, expresado en sus ataques al uribismo y sus herederos, en el rechazo a la oferta extemporánea de negociación planteada por Uribe a través del Comisionado de Paz, a la operatividad defensiva de sus fuerzas guerrilleras y, a su distancia política de las otras ofertas electorales del oligárquico sistema político santanderiano. Esos votos, aunque no se cuenten, también estarán presentes en el resultado final
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