Un juzgador, sobre todo si es elevado a la condición de magistrado de un alto Tribunal de un país o, de la Jurisdicción Internacional, debe poseer, además del profundo conocimiento del Derecho y del sentido de la Justicia, una gran integridad personalidad y valentía personal, porque el ejercicio de tan elevado Ministerio tiene exigencias que solo la reunión de tales virtudes y fortalezas, le permitirán cumplir, en cualquier circunstancia, la delicada función que el Estado le ha encomendado.
Pero además, como supremo dador de Justicia, disponiendo del patrimonio, la honra, la libertad y, en algunos casos, de la vida de las personas, los juzgadores deben tener la supremacía moral sobre la sociedad, que le permita enfrentar con la ley, todo hecho o acción que estuviera dirigido a menoscabar su poder o cuestionar su integridad de hombre de Estado, a cuyo imperio están sometidos todos los ciudadanos, dotados o no de poder civil, militar, eclesiástico o económico.
Por eso, no puede ser calificado sino como sorprendente y escandaloso, el que el juez de la Audiencia Nacional del Reino de España, Baltazar Garzón, acosado como esta por los grupos franco-facistas españoles, haya aceptado la invitación del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Ocando, para ser “asesor” de ese órgano de investigación, con el inocultable propósito de evitar o, por lo menos, dilatar, el inicio del proceso que, por el delito de Prevaricación, le inició el mismo Tribunal en donde ejerce su judicatura.
Pero si constituye un acto indigno de su mejor causa el que Baltazar Garzón utilizara una maniobra leguleya, con el fin de evadir el enfrentamiento a la injusta e infamante acción de los círculos francofacistas españoles, mucho más grave aún, es la decisión del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España que, contrariando sus reiteradas y pacíficas jurisprudencias sobre la materia, decidió “proteger” al magistrado Garzón, autorizando su traslado temporal a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional.
Estas argucias, más propias de abogados mafiosos que de un renombrado magistrado de la Audiencia Nacional del Reino de España, cuestiona la majestad de ministerio judicial del que ha sido investido, al tener que apelar a tales maniobras y al apoyo de otros órganos del Poder del Estado Español, para no tener que enfrentar en el Estrado, a quienes injustamente lo acusan del delito de Prevaricación y que, no están motivados por otro propósito que el de impedir que los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por Francisco Franco, sean investigados y sancionados y, que la vergüenza de la sentencia caiga inclemente sobre quienes hoy siguen reivindicando el levantamiento fascista contra el pueblo y la República Española y el criminal exterminio de miles de prisioneros de guerra, fusilados mucho después de concluida la guerra.
El hombre, Baltazar Garzón, que tuvo la valiente decisión de enjuiciar a los carniceros de la dictadura argentina, que persiguió la persona y las fortunas malhabidas del dictador Pinochet y su mafiosa familia, que le abrió investigación por corrupción a altos personeros del neofranquista Partido Popular que gobiernan en la Comunidad Valenciana y que, durante 22 últimos años ha dirigido el enfrentamiento judicial del Reino de España contra la ETA, pareciera que esta vez, careció de la hidalguía y valentía personal, profesional y política para, enfrentar en el foro de la Justicia a sus acusadores y demostrar, frente a ellos y el mundo, la justeza de sus decisiones de magistrado, derrotando con la fuerza de la doctrina, la ley y la jurisprudencia, las canallescas maniobras de sus enemigos, dándole con ello una ejemplarizante lección a los ciudadanos del valor del imperio de la Justicia y el sometimiento al imperio de la Ley. De
aquí en adelanten, sus justiciados serán incrédulos ante su fama de juez incorruptible y de ciudadano obediente de la Ley.“Jus Semper”.
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