La posible llegada al palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano, de Juan Manuel Santos, hace presumir que las relaciones futuras con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, no tendrán mayores cambios, dado que su propuesta de electoral esta sostenida en la continuidad y profundización de las políticas desarrolladas por el presidente Alvaro Uribe Vélez durante sus ocho años al frente del gobierno neogranadino, en el cual se desempeñó como Ministro de la Defensa y vocero oficioso de algunas decisiones en materia internacional.
La política desarrollada por el gobierno uribista tuvo como eje principal la “Seguridad Democrática”, dirigida a la victoria militar sobre la insurgencia armada y su deslegitimación como factor político, con una visión que identifica el escenario de confrontación, no solo al interior del territorio colombiano, sino que se extiende hacia los Estados vecinos e, incluso, hacia Estados distantes geográficamente, con el propósito de involucrar a diversos países en el conflicto interno, pero rechazando todas las iniciativas dirigidas a alcanzar un Canje Humanitario que favoreciera la creación de condiciones para una solución política negociada a la cruenta guerra que desangra a este hermano pueblo de Nuestra América.
Articulada y sostenida firmemente con la política contrainsurgente, el uribismo construyó una sólida relación geopolítica con los Estados Unidos, cuyos referentes principales – droga, insurgencia y gobiernos de izquierda – la hizo avanzar, desde el original Plan Colombia al Plan Patriota, hasta la firma, en las postrimerías de su gobierno, del convenio de cesión de siete (7) bases militares para operaciones navales, aéreas y terrestres, que convirtieron a Colombia en un portaviones de los planes de reposicionamiento estratégico de los Estados Unidos en el continente y en su fechada occidental africana.
Sin embargo; contrario al interés de las élites políticas y económicas gobernantes en Bogota, la internacionalización del conflicto interno colombiano y, especialmente las agresiones a Venezuela y Ecuador, tuvieron gravísimas consecuencias para el uribismo, el cual se aisló en el contexto de los países de América Latina y el Caribe y fue afectado en sus relaciones comerciales con sus dos mercados regionales más importantes – Venezuela y Ecuador -, lo que produjo una severa contracción económica con efecto importante en el PIB, la Balanza de Comercial, la recaudación tributaria y en el empleo; lo que pudiera explicar el viraje comunicacional de heredero del uribismo, Juan Manuel Santos, que pasó, de sentirse orgulloso de la agresión militar contra el territorio de Ecuador y declarar, fanfarronamente, su voluntad de repetirlo, a sus recientes declaraciones de querer trabajar para mejorar las relaciones con los gobiernos de
Caracas y Quito.
La verdad de las cosas es que, con un gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, la agenda colombo-venezolana estará, inevitablemente, influenciada por los efectos concretos del convenio sobre el uso de las bases militares, el cual fue promovida y negociado directamente por el mismísimo Juan Manuel Santos, cuando ejercía el Ministerio de la Defensa del gobierno de Alvaro Uribe, por cuanto, la gravísima amenaza que representa esas bases estratégicas para la seguridad de Venezuela y de otros países aliados de la región (Ecuador y Nicaragua, especialmente) y, en general, toda la América del Sur, obliga que Colombia de a Venezuela las suficientes garantías y seguridades que tales instalaciones no serán utilizadas para vigilar, provocar o agredir a Venezuela ni a ningún Estado de Nuestra América.
Solo así, será lógico que el tema comercial y otros temas del interés especial de Colombia, avancen y sean resueltos en el marco de un proceso diálogo franco y abierto, en donde se examinen todos los asuntos pendientes de la agenda bilateral y del contexto regional, pero que apunten a ofrecerle al gobierno y al pueblo bolivarianos la seguridad de nuestras fronteras y la plena soberanía sobre nuestro territorio.
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