El terrible conflicto social y armado interno que durante los últimos 60 años le ha impuesto el Estado oligárquico-burgués colombiano, en alianza con el imperialismo norteamericano, al pueblo y sus organizaciones revolucionarias, con el fin de perpetuar un orden social de represión política, explotación económica y exclusión social, ha tenido diversos intentos de solución pacífica negociada, teniendo como base la exigencia popular de que las élites del Poder acepten la realización de profundas reformas al sistema político y transformaciones económicas y sociales que permitan sacar de la miseria a millones de colombianas y colombianos, junto con las garantías de seguridad para los luchadores populares y revolucionario y respeto al libre ejercicio de la política de las organizaciones populares.
Sin embargo, durante los gobiernos de Barcos, Betancourt, Gaviria y Pastrana, tales acuerdos solo fueron parciales y no tuvieron mayores resultados por cuanto, en primer lugar, no todas las organizaciones insurgentes aceptaron las condiciones que pretendieron imponer el Estado colombiano, en segundo lugar, las reformas de la Constitución de 1991 no produjeron cambios reales en la democratización y transformación económica y social del país y, en tercer lugar, el aparato mafioso de las Fuerzas Militares, en alianza con el narcotráfico y los grupos latifundistas, desataron un guerra de exterminio contra los dirigentes y militantes de las organizaciones populares y revolucionarias que llevaron a la extinción al Movimiento 19 de Abril y a la Unión Patriótica, incluyendo el asesinato de tres de sus candidatos presidenciales, Pardo Leal, Jaramillo Ossa y Pizarro Leóngomez.
La actual profundización del conflicto social y armado colombiano ha adquirido una dimensión internacional, por cuanto además de las históricas fuerzas beligerantes: el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se han incorporado al lado del Estado colombiano, Estados Unidos de América, con el financiamiento, asesoría, entrenamiento, apoyo de inteligencia y operación de siete (7) bases militares colombianas y el ente sionista de Israel, con apoyo de entrenamiento en operaciones especiales y espionaje a tales Fuerzas Militares quienes, expropiando la soberanía colombiana, pretenden convertir el conflicto interno en campo de ensayo de sus ejércitos, medios de agresión a la República Bolivariana de Venezuela, la República de Ecuador y la República de Nicaragua y bases estratégicas de operaciones de su proyecto de dominación global del planeta.
Pero además, a diferencia del contexto geopolَítico donde originalmente se desarrolla el conflicto armado interno colombiano, caracterizado por la confrontación Este-Oeste; en este siglo XXI, en América Latina y el Caribe se viene desarrollando un amplio e integrador proceso de rescate de la soberanía, afirmación de la independencia y de profundas transformaciones sociales y económicas, teniendo como base, no la insurgencia militar revolucionaria, sino la construcciٕón de amplias alianzas sociales y políticas que, reivindicando el proyecto histórico de nuestros primeros Libertadores, apuntan a refundar y construir nuevas Repúblicas que desmonten los viejos Estados oligárquicos dependientes del imperialismos y avancen hacia un proceso de integración y unificación de América Latina y el Caribe, que deslastre nuestros pueblos de la maldita dominación del imperialismo; propósito estratégico de difícil alcance teniendo la “cuña” del conflicto colombiano en medio de Nuestra América.
En este contexto, las FARC-EP y el ELN han dado muestras, reiteradamente, de su voluntad política de contribuir a una solución pacífica y negociada del conflicto social y armado interno, aunque, debe reconocerse, existen diversas evidencias de su limitada capacidad para manejar algunos asuntos importantes de la misma, como fueron aceptar la provocación para que se terminaran las negociaciones del Caguán, la dilación en liberación de los agentes civiles del Estado colombiano, sostener la negativa a la internacionalización de las negociaciones de paz y mantener frente al gobierno colombiano condiciones inconvenientes para la negociación del Canje Humanitario de los cautivos civiles y los prisioneros de guerra de las fuerzas militares, la policía y los agentes de la CIA.
No obstante, los nuevos elementos del conflicto armado interno y la geopolítica regional determinan que el proceso de construcción de una verdadera “Vía colombiana a la Paz”, no puede desarrollarse, al igual que en el proceso centroamericano sino, mediante una efectiva construcción de escenarios de dialogo, concertación y negociación de distintos factores políticos e instancias de integración regional, que den suficientes garantías políticas y de seguridad al Estado Colombiano y a las fuerzas insurgentes, como para emprender el desmonte del aparato represivo que soporta la conducta criminal del Estado colombiano en el presente conflicto, la salida del territorio colombiano de todas las tropas, agentes de inteligencia y mercenarios extranjeros, la concertación Estado-insurgencia de una política contra cultivo, procesamiento y tráfico de drogas, la participación del pueblo colombiano en la construcción de una nueva institucional democrática que supere el control mafioso de las élites oligárquicas y narcoparamilitares de los órganos del Estado y la aplicación de una amplia reforma económica y social que convierta la tierra y sus riquezas en patrimonio de todo el pueblo colombiano, garantizándole a la población el goce y disfrute de todos sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. “Inventamos o erramos”.
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