La salida de Alvaro Uribe de la presidencia de Colombia y la entrada de su
Ministro de la Guerra, Juan Manuel Santos, al palacio de Nariño, en lo
fundamental, no constituye un cambio de actores y factores en la dirección del
Estado colombiano y del curso del conflicto social y armado interno del vecino
país, por cuanto el gobierno y los demás Poderes del Estado sigue, bajo la
conducción de los mismos grupos políticos y económicos que representan a
diversas fracciones en que la oligarquía santanderiana se ha dividido como parte
de sus naturales contradicciones de clase y en el marco del largo conflicto que
desangra a este alegre y laborioso pueblo.

Quien ahora dirige el gobierno oligárquico y subalterno del imperialismo
norteamericano es moral, política y jurídicamente responsable de todos los
crímenes cometidos por las Fuerzas Militares y la Policía y por los grupos
paramilitares asociados durante su gestión al frente del Ministerio de la
Defensa y de la aplicación de la salvaje política neoliberal que agudizó las
condiciones de hambre que hoy padece la mayoría de los trabajadores y demás
sectores populares colombianos, lo cual promueve en importantes sectores el
desplazamiento, la emigración y la actividad delictiva como forma de
sobrevivencia.

Sin embargo, en la Colombia del 07 de Agosto de 2010, existen realidades frente
a las cuales el cambio en la dirección del gobierno no se puede responder con
posiciones preconcebida o actitudes del pasado, sino atendiendo a la realidad
dictada por un nuevo reagrupamiento de fuerzas políticas y sociales, los
condicionantes económicos que afectan a tales grupos y al conjunto de la
sociedad, a la baja legitimidad democrática del Congreso y el Ejecutivo por la
elevada abstención electoral, a la situación de prolongación estratégica de la
guerra, a los procesos políticos progresistas y de integración que se aceleran
en Nuestra América y, por supuesto, a la visión que sobre estos escenarios
tiene el gobierno de los Estados Unidos: condicionante de la soberanía política
y militar del Estado Colombiano.


Son muchos, entonces, los "nudos gordianos" que el “inquilino” del palacio de
Nariño tiene frente así y parece que sus primeros pasos están dirigidos a
enfrentarlos mediante decisiones políticas que se apartan de la "posición de
barricada" que sostuvo Alvaro Uribe durante su derrotado gobierno: un consejo de
ministro políticamente “variopinto”, con pretensiones de reconstruir del Frente
Nacional Liberal Conservador del período de los años 50’s y 60’s, un
acercamiento respetuoso a las Cortes tan vituperadas por el uribismo, la oferta
de confrontación pero aceptando el diálogo con la insurgencia, el silencio
frente a las enloquecidas denuncias de Uribe en la OEA, la CIDH y la Corte Penal
Internacional en contra del comandante Chávez y Venezuela y, lo que parece un
paso muy importante para normalizar las relaciones con Ecuador: la entrega de
la “Lámpara de Aladino” del supuesto computador del comandante Saúl Reyes, de
donde su antiguo gobierno extrajo “cuanto lo dio la gana”, para incriminar
personas y gobiernos y justificar sus acciones desestabilizadoras de la unidad
de Nuestra América.

Estos pasos, en el mejor de los casos, manifiestan que el gobierno de Juan
Manuel Santos necesita un largo período de operación política interna e
internacional para deslastrarse del fardo dejado por Alvaro Uribe y su propia
gestión como Ministro de la Defensa, construir su propia direccionalidad
política frente a los retos y dilemas planteados y asegurarse de contar con una
base política propia que impida que el antiguo “inquilino” de palacio de Nariño
pueda condicionar sus decisiones políticas e, incluso, construir un gobierno
paralelo al legalmente constituido, como parece ser la intención del saliente
gobernante con su prematura pretensión de lanzarse de candidato a la Alcaldía
Mayor de Bogota.

Tres son los ejes que determinarán los cambios que se podrían producir en este
gobierno oligárquico: la fracción oligárquica industrial-financiera dominante
que impone una agenda de diálogo y negociación interna e internacional para
evitar la crisis estructural de la economía colombiana. Los intereses
geopolíticos que el gobierno imperialistas pretenden imponerle a Colombia en su
pretensión de derrotar los cambios soberanistas y de Justicia Social en Nuestra
América y, la capacidad política de la insurgencia para imponer una agenda de
diálogos y negociaciones de paz sin “inamovibles” que impidan la maduración de
un proceso que necesita Colombia y los Colombianos y el resto de los pueblos de
Nuestra América, para avanzar con mayor rapidez y seguridad hacia la integración
y la unidad del proyecto estratégico bolivariano de “una sola Nación integrada
por Repúblicas hermana”. Amanecerá y veremos.

yoelpmarcano@yahoo.com