En las actuales circunstancias históricas de América Latina y el Caribe y, del Planeta Tierra, parecieran estar dadas las mejores condiciones para construir y consolidar una sólida unidad política y económica que convierta a la región, en uno de los Ejes de Poder más influyentes del planeta Tierra, en el presente siglo XXI; por cuanto, coincide en este momento la crisis de legitimidad y poder del imperialismo y sus viejas fuerzas aliadas y subalternas de dominación mundial, con la afirmación de una conciencia superior de identidad e intereses de nuestros los pueblos y de sus plurales liderazgos, que hace de ese proceso de integración y unificación, una consecuencia “natural” de tales situaciones.
Pero construir la unidad de de pueblos, naciones y Estados con grandes coincidencias en sus desarrollos pero lacerados por diversos procesos políticos internos, regionales y, especialmente, por las influencias de políticas de las viejas potencias coloniales y el imperialismo, no deja de ser un extraordinario reto político que exige de los actuales liderazgos latinoamericanos y caribeños, una visión histórica mucho más allá de sus propios tiempos personales y, hasta generacionales, y un compromiso efectivo con el bienestar de sus pueblos y la paz y solidaridad con los demás pueblos de la región.
Uno de los aspectos más sensibles de la realidad regional lo constituye, la permanencia de diversos y antiquísimos conflictos derivados de la determinación incontrovertible de sus límites fronterizos, los cuales, cada cierto tiempo, como consecuencia de situaciones políticas internas o, de manipulaciones de factores externos, se convierten en motivo de crispación en las relaciones entres los gobiernos y pueblos de la región, distanciando sus relaciones políticas y comerciales, afectando el funcionamiento de los organismos de integración donde participan y generando ambientes y acciones xenofóbicas entre los pueblos, que hacen retroceder los importantes avances de convivencia y de cooperación alcanzados.
En esas circunstancias, en la construcción de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, cuya cumbre fundacional habrá de celebrarse el 5 de julio de 2.011 en la ciudad de Caracas, podría considerarse pertinente, la inclusión en su agenda, como voluntad de Estado, el compromiso de todos los liderazgos democráticos de la región, no solo a superar, mediante vías pacíficas de negociación las disputas relativas a la determinación de las fronteras y la soberanía sobre espacios continentales y marítimos, sino también, estudiar la posibilidad de promover la creación de mecanismos, instancias y magistraturas que mejor favorezcan la solución pacífica y legítima de tales litigios, lo cuales pudieran amenazar, como “Espada de Damocles”, los sueños de cooperación, integración y unificación de nuestras Naciones y Estados.
Se ha demostrado en los últimos años, que no es suficiente calmar la crispación política y las amenazas de acción militar de los Estados afectados por una acción unilateral de uno de ellos o de ambos, para defender los que consideran como territorio de su soberanía o, con derecho legal o legítimo a reivindicarlo como propio, sino crear las condiciones que desestimulen la amenaza o el uso de la fuerza, para imponer en los hechos, lo que el Derecho no le ha otorgado; trasladando tal conflicto al interior de la naciente Comunidad de Estados, lo que afectaría la cohesión interna de sus integrantes y el desvío de su atención sobre los problemas fundamentales de la región..
No se trata de negar el valioso aporte de la Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya, ni de rechazar la Facilitación que pudiera promover la Secretaría General de las Naciones Unidas, sino de generar propuestas creativas y realizables que, complementando el sistema universal de Justicia y Arbitraje pueda, técnica y jurídicamente, atender y acelerar la solución del débito político y jurídico de nuestra región que constituyen los litigios fronterizos y, con ello, reducir las posibilidades que los mismos se conviertan en instrumentos de los factores injerencistas, dirigidos a hacer fracasar el más grande sueño bolivarianos de la historia de nuestro continente: La Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe.
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