Pareciera que el gobierno del presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, la tiene difícil la decisión de iniciar un proceso de acercamiento con la insurgencia revolucionaria colombiana, dado que todos los llamados del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP y del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para explorar formas que permitan construir un proceso de diálogo y negociaciones que terminen el fraticida conflicto social y armado que desangra ese hermano país, hasta ahora solo han tenido como respuesta la orden de: “Arreciar, Arreciar, Arreciar” y, la imposición de condiciones que, más parecen capitulaciones imposibles, que ofertas discutibles.
La decisión de liberar unilateral e incondicionalmente a dos concejales retenidos por las FARC-EP, así como tres prisioneros de guerra pertenecientes a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional colombianas, aún cuando fue públicamente relacionado como un desagravio a la decisión del Estado Colombiano de revocar el mandato popular de la “senadora del pueblo”, Piedad Córdova; se evidencia el inocultable sello de un mensaje al gobierno santista de romper con las bisagras de sangre” del período uribista e iniciar una nueva etapa de exploración de soluciones al conflicto armado, que conduzca a la creación de condiciones políticas y militares de desaceleración del enfrentamiento y la solución política de la guerra.
Diversos son los factores que parecieran seguir determinando la actitud inamovible que, en materia de Paz y Reconciliación Nacional, ha mantenido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos: la subordinación de su estrategia de guerra a las líneas estratégicas de los Estados Unidos de América, que tiene interés en mantener un escenario de confrontación en Suramérica que afecte el proceso de integración y unidad de Nuestra América, el control que sobre el Ministerio de la Defensa, los altos mandos de las Fuerzas Militares y el partido oficial de la Unidad, sigue teniendo el expresidentes Alvaro Uribe Velez; totalmente opuesto a todo acercamiento con la insurgencia revolucionaria y; los serios problemas económicos y sociales, agravados por los daños causados por las recientes inundaciones, que haría difícil a un gobierno de elites, con escasa legitimidad electoral como el santista, negociara un conflicto histórico de esa magnitud.
Sin embargo, lo que es inaceptable de un gobierno que se proclama “democrático” y se basa en una Constitución garantista de los derechos humanos, es que no sea capaz de responder a gestos de paz, que hoy permiten la libertad de los cinco (5) agentes políticos, policiales y militares del Estado Colombiano, con medidas humanitarias que sean equiparables a las tomadas por las FARC-EP y el ELN, como por ejemplo, la libertad de presas políticas y prisioneras de guerra en situación enfermedad, embarazo y maternidad de infantes, así como insurgentes lisiados de guerra y personas de la tercera edad.
Dejemos, entonces, que la sabiduría y la experiencia política de las FARC-EP y el ELN y su visión del actual contexto político en Nuestra América y el planeta, les permita sortear los diversos obstáculos que el imperialismo y la oligarquía santanderiana le ponen a la “Paz Necesaria”, persistiendo en el camino de abrir un proceso de diálogo y negociación, que conduzca a la Paz con Justicia y Democracia para el pueblo colombiano, en donde los prisioneros y las prisioneras generados por la guerra puedan, como en todo final de los conflictos armados, reintegrarse a sus familias y comunidades y contribuir a la reconstrucción de su país.
yoelpmarcano@yahoo.com
