La presentación de la Procuraduría y la Fiscalía de la Monarquía Española de sendos escritos, en los que solicitan al Tribunal Constitucional no aceptar la legalización de la formación política vasca SORTU, recientemente fundada por los independentistas vascos y, la decisión del alto tribunal de suspender el trámite de legalización de dicho partido que aspira participar en las próximas elecciones locales de mayo/2011 podría definir, no solo una postura en favor de la continuación de la violencia en el Estado Español, sino el quiebre definitivo del supuesto talante democrático de las elites españolistas que gobiernan en Madrid.
Pretender como fundamento del rechazo a SORTU que parte de sus dirigentes vienen de la ilegalizada Batasuna no puede sino ser calificada de una estupidez política, si se toma en cuanta que, precisamente, lo que se quiere es permitir que todos y todas las independentistas vascos, independientemente de sus anteriores posturas políticas, puedan participar libremente en la vida democrática de Euskal Herria, superando definitivamente el sangriento ciclo de violencia que ha afectado la vida vasca durante los últimos 40 años.
Para ello, la formación SORTU ha declarado, reiterado y ratificado, sin ningún género de dudas ni resquicios antidemocráticos, su voluntad de transitar caminos estrictamente políticos y desarrollar sus actividades conforme a la Constitución y la vigente ley de partidos de la Monarquía Española, rechazando todo tipo de violencia como instrumento de acción política, señalando expresa y taxativamente, la que pudiera provenir de la organización armada independentista vasca Euskadi Ta Askatuta, ETA.; posición que satisface, en extremo, las elevadas exigencias de la Ley de Partidos para obtener el registro electoral y, en consecuencia, poder participar en el venidero proceso electoral.
Pero más allá de esa apuesta – sin retroceso – por la Paz y las luchas democráticas del pueblo vasco por la autodeterminación y la independencia, a esa voluntad de normalización de la vida política del país vasco y de todo el Estado Monárquico Español, los pueblos integrados al Estado Español y del resto del planeta, conocen de las recientes declaraciones de ETA, en la que deciden, no solo declarar un Alto al Fuego unilateral, indefinido e internacionalmente verificable sino, que además, manifiestan su firme voluntad de iniciar negociaciones con el Estado Monárquico Español, con acompa]miento internacional, con el fin de finalizar esta difícil etapa de la milenaria historia del pueblo vasco, caracterizada por la violencia armada y callejera, la cual ha producido cerca de mil personas muertas, cientos de heridos, ochocientos combatientes y activistas no armados presos e, importantes daños materiales.
Frente a esta clara posición de solución política y democrática propuesta por las organizaciones atberzales de Euskal Herria, las elites que gobiernan la Monarquía Española y sus instituciones, no puede, sin desconocer sus propias iniciativas de paz desarrolladas en el escenario centroamericano los años 80’s y 90’s del siglo pasado, mantener una postura cerrada a un proceso que podría darle al pueblo vasco y a los demás pueblos incorporados al Estado Monárquico Español, la posibilidad de superar un conflicto armado, especialmente, en momentos en que la crisis global del Capitalismo se abate sobre la economía española, produciendo la mayor suma de desempleo de su historia y el desmantelamiento de la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras en favor de los 25 grupos financieros globales que dominan la economía de ese Estado plurinacional.
Aunque los franquistas del Partido Popular lo rechacen, la Audiencia Nacional lo deseche, la Fiscalía lo niegue, la Procuaraduría del Estado lo desconozca y el gobierno de “socialista” de Rodríguez Zapatero lo pretenda ignorar, los pueblos integrados al Estado Monárquico Español y el resto del planeta conocen que la Guerra en el País Vasco Español ha terminado porque ETA, una de las partes en el conflicto armado, ha decidido, unilateralmente, renunciar a la lucha armada para alcanzar sus objetivos políticos, por lo que cerrar las puertas a la lucha política y democrática de los independentistas vascos y mantener las operaciones de persecución internacional y de captura de activistas y dirigentes para judicializarlos, solo retardará pero no impedirá, que nuevamente en Euskal Herria y en sus gobiernos forales y locales, la mayoría del pueblo vasco, con sus votos, exprese su voluntad de reivindicar su Derecho a la Autodeterminación y a conquistar – como lo hicimos los latinoamericanos hace 200 años - su soberanía e independencia.
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