Aunque pudiera sorprender que en una reunión binacional se introdujeran temas y personajes directamente con la agenda oficial, lo cierto es que ya viene siendo un situación acostumbrada que en la reuniones y negociaciones entre representantes de dos Estados aparezcan formal o informalmente, pública o encubiertamente, temas que parecieran excluidos de tales escenarios pero que la realidad geopolítica mundial y su desarrollo interconectado y acelerado, obliga a provechar tales reuniones para atender, al más alto nivel de los gobierno, asuntos de la mayor sensibilidad política que pudieran ser del interés de ambas partes.
No se trata de “monedas de cambio” o contraprestaciones políticas por asuntos estrictamente bilaterales, sino situaciones políticas que por su incidencia en la realidad política regional o mundial, pueden ser incorporadas al “portafolio” de asuntos acordados de común acuerdo entre los mandatarios de las naciones, lo cual no supone acuerdos previos ni obligaciones de compromisos de acciones conjuntas sobre esos temas, pero si la posibilidad de unificar visiones sobre tales temas y, si las condiciones así lo indican, poder tomar decisiones que favorezcan el desarrollo de situaciones políticas pueden estar afectando el escenario regional de los reunidos e, incluso, las relaciones internacionales de uno o ambos estadistas.
En el caso de la República de Honduras, se trata de un asunto del interés de toda la comunidad de Estados del continente americano, por cuanto en el seno de la OEA se votó la suspensión de su presencia en sus organismos, a causa del Golpe de Estado de junio/2009 perpetrado por el general contrabandista Romeo Vásquez y el empresario mafioso del transporte y jefe del Partido Liberal Roberto Micheletti, con el apoyo de la oligarquía hondureña y la Alta Curia de la Iglesia Católica y el conocimiento y apoyo del embajador de los Estados Unidos de América y de de la unidad Delta de ese país estacionada en la antigua base militar de Palmerola; acción antidemocrática realizada con el fin de impedir una consulta popular no vinculante promovida por el presidente constitucional Manuel “Mel” Zelaya, sobre la posibilidad la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado y fortalecer los derechos y garantías sociales del pueblo catracho.
Tales hechos llevaron a Venezuela y Colombia a posturas claramente diferenciadas por cuanto, mientras el gobierno de Uribe, del cual formó parte el actual presidente Santos, hizo causa común con Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Perú para impedir la suspensión del gobierno de Honduras en la OEA y, después de verse obligados a apoyarla, reconocieron los resultados espureos de las elecciones y al gobierno de Porfirio Lobo; el gobierno bolivariano ha sido consistente y consecuente en cuestionar la legalidad y le legitimidad de tal gobierno surgido de una dictadura y ha sostenido que la reincorporación de la República de Honduras a la OEA y a otros organismos y procesos políticos multilaterales, de integración y de concertación política como la Comunidad de Estados América Latina y el Caribe y la Comunidad Iberoamericana, requiere del cumplimiento de mínimos políticos como el regreso incondicional del ex presidente Manuel Zelaya a su Patria, y la investigación independiente de los crímenes cometidos por la dictadura de Vásquez Micheletti y el procesamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Sin conocer las interioridades de las conversaciones entre los presidentes Santos y Chávez sobre el tema Honduras, debe destacarse la importancia que el bloque de países que apoyan al aislado gobierno de Porfirio Lobo (Estados Unidos, Canadá, Perú, Panamá, México y Perú) le atribuyen a la decisión del gobierno bolivariano para la reincorporación de la República de Honduras a la OEA, vista su vocería de ALBA y su relevancia en la UNASUR, además de sus estrechas relaciones con los países del aérea del Caribe
Por lo demás, al pueblo catracho en resistencia y, en particular, la dirigencia del Frente Nacional de Resistencia Popular, que coordinan Zelaya y Barahona, debe tener la seguridad de que tales conversaciones, en ningún caso implicarían para el gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez Frías, negociaciones o sacrificios de sus luchas democráticas, antes por el contrario, podrían estar dirigidas a fortalecer el apoyo internacional para una solución política negociada al conflicto hondureño, en el que el FNRP participe como actor, en pie de igualdad, como representante de la mayoría del pueblo del general Morazan.
(*) No se remitio el correo electrónico del autor
