Pocas veces en el escenario político latinoamericano se ha evidenciado la decisión de un expresidente – de origen electoral - de mantener su posición determinante en la política interna de un país y, mas extraño aún, si a quien reemplaza, viene de su gobierno y de su propio partido político, como es el caso del expresidentes de la República de Colombia, Alvaro Uribe Vélez.
Dos períodos consecutivos de cuatro años, alcanzados con una amplia alianza social y política que incluyó desertores del viejo liberalismo y del conservatismo y liderazgos “caciquiles” de Estados y municipios importantes, reforzadas por la incorporación de los grupos narcoterroristas uniformados de paramilitares y revestido de legalidad mediante el fraude y el cohecho, hicieron de este abogado antioqueño, un personaje excepcional de la actual política colombiana, cuyo sello en el país pareciera prolongar, incluso con la posibilidad de su regreso como candidato a la Alcaldía Mayor de Bogota o a la Presidencia de la República en el año 2014.
El caso del exsenador, exgobernador y expresidentes Uribe Vélez, es un caso particular de la política doméstica colombiana, en la que se mezclan una ambición política desmedida para su escaso talante democrático, con un resentimiento personal por el asesinato de su padre por parte de grupos rivales del narcotráfico (aunque él se lo sigue atribuyéndo a las FARC-EP) y un momento político especial en la vida política colombiana en donde el conflicto social y armado interno que dura mas de 60 años agotó todas las capacidades propias del Estado para alcanzar una salida militar, lo que condujo a la perversión genocida del uso del para-militarismo, la incorporación de la capacidad bélica y de inteligencia de los Estados Unidos de América, y el intento fallido para convertir al suelo colombiano en la principal base militar imperialista en suelo suramericano, amenazando con ello, la paz y la seguridad del continente y la continuidad del proceso de cambios soberanistas, democráticos y de Justicia social que se inició con el triunfo electoral del comandante Chávez en diciembre de 2008.
Desde el mismo día de agosto 2010, en que entregó el palacio de Nariño a su exministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, el exmandatario colombiano confirmó que no permitiría que se fracasada política de exterminio de la insurgencia armada y de disciplina social, la cual denominó de “Seguridad Democrática”, fuese modificada, reestructurando al término de su mandato los altos mandos militares y policías que son fieles a su visión guerreristas e imponiendo en el Ministerio de la Defensa a uno de sus mas incondicionales colaboradores, Rivera, cuyas declaraciones evidencian, más una visión uribista del curso de la guerra, que el estilo mediático menos confrontativo que ha querido darle el presidente Juan Manuel Santos, aunque no difieran con el actual “Arreciar, arreciar y arreciar” contra la insurgencia y al asesinato de sus principales mandos militares.
El uso de Twitter y los “Talleres por la “Democracia”, para cuestionar las políticas del gobierno de Santos y, una presencia mediática desproporcionada para su interés informativo real en las principales empresas de comunicación global, son parte del aparataje político e informativo, con el que el expresidente Alvaro Uribe Vélez pretende seguir determinando el curso de la “Guerra y la Paz” colombiana, convirtiéndolo, de Hecho, en una especie de Sub-Presidente, no a la sombra del actual residente del palacio de Nariño, sino frente a sus propias posiciones políticas, como vigilante y auditor de sus ejecutorias, especialmente, si se trata del tema de Venezuela y, particularmente, del comandante Hugo Chávez Frías
El Sub-Presidente “de facto”, de la Republica de Colombia, no solo es un rival de su antiguo Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, sino un enemigo muy importante de la Paz en Colombia y del proceso de integración política y económica de América Latina y el Caribe, por cuanto su visión de los procesos políticos de su país y de la región, esta determinado por su hipoteca política y penal al gobierno de los Estados Unidos, quien, además de darle cobertura diplomática a través de la ONU e inmunidad judicial en los tribunales de los Estados Unidos, seguramente le garantizará que el Tribunal Penal Internacional (aplicado a los pobres y luchadores antimperialista) no admita las múltiples y bien documentadas denuncias en su contra por el largo prontuario de masacres, “falsos positivos” y desapariciones forzadas perpetradas durante su gobierno.
A este señor de la Guerra, instrumento dócil del imperialismo en tierras de Nuestra América, debe tomarse con la mayor seriedad porque, aunque su patética figura y su escaso pensamiento político no supere el circulo de políticos inescrupulosos, oligarcas antipatrias y militares matarifes, por cuanto tiene aún suficiente fuerza externa e interna como para sostenerse como “Sub-Presidente” de la República de Colombia y, con ello, condicionar todo el delicado y difícil proceso de construcción del un nuevo mapa geopolítico de Nuestra América que tiene en la superación del conflicto social y armado interno colombiano, uno de sus aspectos más importantes.
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