Este fue un acuerdo político que marginó el deseado protagonismo del gobierno usamericano y de su operador político, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, sobre la situación hondureña y permitió superar las importantes diferencias se debatían, “tras bambalina”, entre quienes promovían el reconocimiento inmediato e incondicional del gobierno hondureño de Porfirio Lobo y la reincorporación plena de la República de Honduras a la OEA, la cual era impulsada el gobierno usamericano, México, Perú, Chile, Costa Rica y, por supuesto, Colombia, entre otros y, quienes desde el bloque del ALBA y los países del Caribe Oriental, exigían el cumplimiento de condiciones políticas mínimas para acceder a esta pretensión del presidente Porfirio Lobo.
Esta acuerdo, ratificado por Manuel Zelaya y su Frente Nacional de Resistencia Popular y, por el gobierno de Porfirio Lobo, tuvo el efecto directo de excluir a los golpistas del proceso de negociación y decisión y se convirtió en una nueva derrota a la camarilla golpista y al gobierno usamericano ( las otras fueron la salida de Zelaya de la embajada de Brasil y la suspensión del gobierno de Vásquez-Micheletti en la OEA), al tener que aceptar el regreso triunfante de Manuel Zelaya a Tegucigalpa en un avión de la línea aérea venezolana CONVIASA, rodeado de representantes de gobiernos de la región y de una multitud de hondureño y hondureñas, permitir el regreso de todos los exiliados, la obligación de la Secretaria de los Derechos Humanos se investigar los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante y después del Golpe de Estado, el reconocimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, como fuerza política y, la legitimidad de la lucha por la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente política regional cuya dinámica se desarrolla al margen del viejo poder imperialista.
Los resultados del Acuerdo de Cartagena también representan un importante resultado para la diplomacia bolivariana y del bloque de países de ALBA, comprometidas con los procesos de integración y unificación de los Estados, gobierno y pueblos de América Latina y el Caribe, al desbaratar las maniobras del gobierno de los Estados Unidos de América de utilizar las diferencias regionales sobre el “Caso Honduras”, como un elemento de confrontación y división entre los Estados de la región, dirigidos a afectar el largo proceso de negociaciones políticas sobre el diseño de la arquitectura política de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CEALC, que habrá de reunirse este próximo 5 de julio en la ciudad de Caracas; lo que garantiza que todos los gobiernos estarán presentes, a nivel de Jefes y Jefas de Estado y de Gobiernos, en el acontecimiento político más importante en los 200 años del proceso de independencia de América Latina.
Cierto es que en este acuerdo no existen plenas garantías del cumplimiento de todos los acuerdos y que quedaron otros temas reclamados por el movimiento de resistencia, los cuales no fueron incluidos expresamente, pero la inercia política ha sido golpeada, creando una nueva situación política favorable al proceso de acumulación, organización y movilización de la fuerzas del pueblo catracho, quienes tendrán ahora, en mejores condiciones, la posibilidad de conquistar, con la solidaridad de los demás pueblos de América Latina y el Caribe, un futuro de Paz, Democracia, Soberanía y Justicia social para el combativo pueblo del general Morazán.
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