Contrario a los que ya han salido a lanzar sus dardos cuestionadotes sobre el avance que representó el acuerdo en Cartagena de India, República de Colombia, firmados por los presidente Santos y el comandante Hugo Chávez Frías, sobre el proceso de recuperación de la normalidad democrática en la Republica de Honduras; el auto privativo de la libertad dictado en contra del exministro del gobierno de Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza, es una evidencia de la necesidad de confirmar y sostener el contenido del acuerdo y profundizar la educación, organización y movilización de las luchas del pueblo catracho por la recuperación de sus derechos políticos, civiles económicos, sociales y culturales violados, no solo por la dictadura de Vásquez- Micheletti, ni por sus sucesor Porfirio Lobos, sino por la oliburguesía y el imperialismo, que siguen siendo los factores fundamentales de poder en esa hermana republica centroamericana.
No podría ser considerado sino como una ingenuidad pensar que la firma del Acuerdo de Cartagena era un “acto perfecto”, que llevaría automáticamente a los golpistas, aliados y financiadores, a cumplir, en su letra y espíritu, el contenido de ese acuerdo que solamente implicó a una sola de las fracciones que se unifica al lado de Porfirio Lobo, su gobierno y parte del Partido Nacional, en la búsqueda de una salida a la gobernabilidad del país y, especialmente, a los efectos económicos que sobre el Estado y la sociedad viene teniendo la aventura golpista; la cual tiene evidente contradicciones con quienes se encuentran más comprometidos con la ejecución y sostenimiento del Golpe de Estado y participaron en la dirección del gobierno del empresario mafioso Roberto “Gorileti” Micheletti y el general contrabandista Romeo Vásquez.
Todo acuerdo político, siempre se basa en la voluntad de las partes, la interpretación que cada uno le da a lo suscrito, el desarrollo del escenario donde se aplicará, la conducta de los actores con posterioridad a su firma y, las posiciones que asuman quienes no lo suscribieron pero lo apoyan e, incluso quienes no lo suscribieron y están dispuesto a hacer todo lo necesario para que éste no sea aplicado, por ser contrario a sus propios intereses; razón por las cual, la cumplimiento de la totalidad de un acuerdo depende, no tanto de la letra y espíritu del mismo, sino de la coincidencia de una serie de circunstancias que lo hagan favorable en el tiempo, lo cual dependen, como todo en política de “la Razón y la fuerza”.
Reaccionar emocionalmente a una provocación, como lo es la detención del exministro zelayista y miembro de la Comisión Política del Frente Nacional de la Resistencia Popular, FNRP, Enrique Flores Lanza, sería altamente contraproducente para el desarrollo de la agenda política del FNRP, por cuanto es aceptar el escenario y la agenda de violencia que pretende el golpismo y sus aliados internacionales; por cuanto ello les permitiría desviar del debate central de la agenda democrática y social, constituida por la convocatoria a la Constituyente y la atención a los problemas de la crisis económica, los despidos de empleados públicos y maestros, la lucha por la tierra y las violaciones de los derechos humanos.
Es más, la dirección política del FNRP, si quiere llevar al pueblo catracho a la victoria, tiene que prepararse para resistir provocaciones aún mayores y muy dolorosas, por cuanto el aparato militar y policial golpistas se encuentra intacto y sus apoyos de la CIA, el Mossad israelí y la contrarrevolución anticubana de Miami, podrían realizar operaciones contra la dirigencia del Frente, e incluso, infiltrar grupúsculos de frentistas radicales con ganas de intentar el uso de la violencia” revolucionaria” o, realizar operaciones encubiertas contra elementos del Estado y sus fuerzas de seguridad, con el fin de atribuírselas al; Frente con el fin de desacreditar la línea democrática de masas que, con mucho esfuerzo, acordó el FNRP y que es, junto con el apoyo internacional, la única garantía de triunfo de la revolución democrática, soberanista y de Justicia Social a la que aspira el pueblo del general Morazán.
La maniobra político-judicial que el golpismo ejecutó contra el movimiento por la democracia, la paz y la Justicia Social hondureña, privando de la libertad – con arresto domiciliaria - a Enrique Flores Lanza, debe tener su adecuada y oportuna respuesta, en el lugar y en los términos que los escoja el FNRP y no donde lo pretenda la agenda provocadora y divisionista impulsada por los elementos del golpismo incrustados en el aparato del Estado Hondureño y ella hoy tiene que ver con la más amplia denuncia nacional e internacional, instar a las partes suscribientes del Acuerdo de Cartagena de Indias - Venezuela y Colombia – a que se pronuncien sobre el carácter violatorio del acuerdo por parte de un órgano del Estado hondureño, la incorporación de esa decisión judicial en el programa de difusión y movilización por la Constituyente que impulsa el FNRP y además, la creación de una Comisión Internacional de Juristas que, como en el caso de los Cinco Antiterroristas Cubanos, apoye el trabajo judicial de los abogados hondureños para defender a Flores Lanza y a toda la dirección del Frente y del Movimiento Por la Constituyente Soberna, Democrática y Resolutiva.
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