La intensificación del conflicto armado interno en la República de Colombia, ya reconocido en la Ley de Victimas recién aprobada, tendrá un impacto directo sobre la población civil por cuanto ella no solo es el escenario en el que se desarrolla la guerra generalizada entre el Estado y la insurgencia revolucionaria, sino por que, además de fuente de recursos financieros para el sostenimiento de ambos bandos, es la origen fundamental de provisión de personal de tropa de ambos contendientes.
El Estado Colombiano, con base a su Constitución y las leyes militares tiene establecido el Servicio Militar Obligatorio de todos los hombres colombianos a partir de los 18 años de edad, estableciendo una excepción para quienes hayan egresado de la escuela secundaria (bachillerato), quienes solo podrán prestar tal servicio sin uso de armas, en servicios de auxilio a las autoridades de policía o en servicios de intendencia; eximiente legal que le permite al Estado disponer de personal de bajo costo en los servicios civiles de las Fuerzas Militares y de la Policía y, con ello, poder disponer de mayor cantidad de pie de tropa para las acciones de combate.
De manera muy distinta, las organizaciones político-militares colombianas nutren sus unidades guerrilleras y de milicias, de la captación de colombianas y colombianas contrarios a la realidad política y social del país a quienes, como a todo ejército, se les dota de uniformes identificados con los emblemas de tales organizaciones, se les proporciona preparación militar básica y se les destina a sus pequeñas y medianas unidades, en las que deben participar en todas las actividades que las circunstancias de la lucha irregular obligan; desde el combate mismo, hasta protección de mandos, intendencia, logística e inteligencia.
A diferencia del Ejército Nacional Colombiano, cuya Constitución y leyes le impiden el reclutamiento legal de personas menores de 18 años, hasta el pasado reciente, la guerrilla reconocía el ingreso a sus filas a mayores de 15 años de edad, pero en los últimos años, ante las presiones internacionales por tales prácticas violatorias del Derecho Internacional Humanitario y, por la necesidad de darle mayor movilidad y potencia a sus unidades de combate, ha desaplicado tal normativa, lo que no niega que haya todavía muchos menores de edad en las filas guerrilleras, sean por ser miembros de familias guerrilleras, huérfanos de las masacres del Estado y el paramilitarismo o de adolescentes que ven en su incorporación a la guerrillera, una forma de vivir como sus otros amigos del pueblos incorporados a la guerrilla o, simplemente, una opción de sobrevivencia frente al desempleo y la dureza de la guerra.
La exigencia pública del presidente colombiano Juan Manuel Santos, para que la guerrilla de manera definitiva prohíba el reclutamiento de menores de edad y desincorpore de sus unidades combatientes a tales adolescentes, es una reiteración de llamados y denuncias provenientes del gobierno colombiano, de la UNICEF, la Cruz Roja Internacional y la Comisión de la OEA para la Paz en Colombia pero esta vez esta acompañada de la declaración presidencial de que tal gesto sería bien recibido por su gobierno y lo consideraría un gesto de paz de la guerrilla.
En relación con esta interesante declaración, sería importante esperar la clara y firme respuesta positiva por parte de las FARC-EP y el ELN, la cual podría ser respondida por el gobierno colombiano con la eliminación del Servicio Obligatorio Especial para los bachilleres y la amnistía a todos los colombianos que se han negado a prestar el Servicio Militar Obligatorio en estos últimos 20 años; ello como gestos recíprocos de Regularización y Humanización del Conflicto Armado Interno que desangra y averguenza a Colombia y, base de un proceso de diálogo entre el Estado y la insurgencia armada, con el fin de avanzar en la solución de esa guerra fraticida, con verdadera Soberanía, Paz, Democracia y Justicia Social.
Así, ni Mambrú ni ningún colombiano o colombiana tendría que ir a la guerra y Colombia podría dedicar sus grandes sueños y energías a garantizarle a su laborioso pueblo, la mayor suma de estabilidad política, mayor suma de seguridad social y mayor suma de felicidad posible, como lo soñó el Libertador Simón Bolívar.
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