Toda confrontación bélica, cualquiera sean los actores y las causas reales o supuestas que la produjeron, terminan por victoria de la acción armada de una de las partes, rendición de la otra, negociación directa o intermediada entre los contendientes e, inclusión, por renuncia unilateral no pactada por quien, en situación de debilidad extrema por sus pérdidas humanas y materiales y desgaste político, se ve obligado retirarse de la contienda, admitiendo con ello su derrota.
Sin embargo, en los últimos años del siglo pasado y lo corrido del siglo XXI, en los conflictos políticos internos de territorios coloniales o separatistas, insurgencias políticamente motivadas por diferencias políticas con los gobiernos o, el impulso de proyecto políticos revolucionarios anti-sistemas; estos tipos de conflictos armados internos han venido siendo superados mediante procesos de negociaciones acordada por las partes, promovida por un tercero aceptado por los contendientes o a través de organizaciones internacionales interesadas en la solución política negociada de tales conflictos, por sus efectos negativos en la paz, la seguridad y la economía de la región donde se ubica.
La mayor dificultad para el desarrollo de tales procesos de paz negociada lo constituye la renuencia de los gobiernos representativo de los Estados en conflicto, de reconocer y legitimar a la fracción nacional, étnica o política levantada en armas, por cuanto ello, no solo supone admitir los insurgente como una Fuerza Beligerante con derecho a activar diversos mecanismos internacionales de reconocimiento y apoyo, sino también, porque tal reconocimiento supone, desde el punto de vista político, pero también jurídico internacional, la legitimidad de la causa que se invoca como razón de la confrontación armada con el Estado.
Ejemplos diversos y emblemáticos de tales escenarios lo constituyeron los procesos la disolución pactada del sistema de “apartheid” racista y colonialista de la minoría blanca en Suráfrica, los acuerdos de paz entre los gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua y las organizaciones armadas para terminar, con mediación internacional, sus conflictos armados internos, los acuerdos temporales entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno mexicano para el Cese del Fuego Permanente, los acuerdos de Paz entre el Sinm Feinm-IRA, las fracciones protestantes lealistas y el gobierno de la Monarquía Británica sobre la paz y el autogobierno en el territorio colonial del Norte de la isla de Irlanda y, muy recientemente, los acuerdos firmados por la República de Sudan con las fuerzas separatistas del Sur, para permitir el referendo que decidió la creación de la nueva República de Sudan del Sur.
Sin embargo, en dos escenarios de conflicto armado – uno en la República de Colombia y otro en el Reino de España –, no ha sido posible que los gobiernos atiendan a esta dinámica de solución política negociada de un conflicto interno, al negarse, con el apoyo de las elites políticas y económicas dominantes, a cualquier tipo de acuerdo que suponga el reconocimiento como fuerza política de las organizaciones armadas y a la legitimidad de las causas que provocaron el presente conflicto; ello a pesar, que en el pasado, de manera directa o, a través de mediadores internacionales, sostuvieron importantes diálogos y negociaciones dirigidas a la solución de esos conflictos.
A pesar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, han mostrado público interés por iniciar negociaciones dirigidas a la superación del conflicto armado y que, la organización independentista Euskadi Ta Askatuta, ETA, de Euskal Herria, ha declarado el cese al fuego y la tregua unilateral y permanente, solicitando la verificación internacional, como paso previo al inicio de las conversaciones dirigidas a la superación del conflicto; los gobiernos del presidente Juan Manuel Santos y del jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se resisten a aceptar esta posibilidad; el primero por cálculo político sobre un mejor escenario futuro para negociar desde una posición de fuerza y apoyo regional y, el otro, chantajeado por el discurso “antiterrorista” del neo-franquista Partido Popular de José María Aznar y por las consecuencias de este importante hecho político en las próximas elecciones del 20 de Noviembre.
La valiente decisión de la izquierda atbertzale de acordar un viraje histórico, asumiendo únicamente formas pacíficas y democráticas de acción política, rechazando expresamente el uso de la violencia y, la manifiesta voluntad de las FARC-EP y el ELN de aceptar un diálogo sin condiciones previas; son dos manifestaciones políticas que no pueden ser despreciadas por los actuales jefes de gobiernos de Colombia y España, motivados por pretensiones de victoria militar o rendición unilateral, porque la historia demuestra que en tales casos se produce la reincidencia del conflicto armado, por lo que, no existe hoy ninguna otra posibilidad política para las parte contendientes, que promover y alcanzar un acuerdo de paz firme y duradera, donde se consideren las causas que provocaron el conflicto interno – el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco y, la Soberanía con Justicia Social en Colombia -, se liberen los prisioneros de guerra, se permita el regreso de los exiliados, se amnistie a los perseguidos y se abran las leyes y las instituciones a quienes quieran canalizar sus proyectos políticos por medios pacíficos, con plenas garantías por parte de sus respectivos Estados; decisión que, no solo favorecerá la vida interna de Colombia y España, sino también, en el sur de Europa y en América Latina.
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