Si el presidente Calderón se siente calumniado, más vale que acuda a un tribunal celestial, en lugar de la tremenda Corte. Rayuela
1. Felipe Calderón, presidente ilegítimo de la República, con un arranque de cólera que me recuerda a Hitler cuando despotricaba contra sus enemigos, rechazó tajantemente las imputaciones de “algunas personas, como “falsas y calumniosas” que han realizado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la opinión pública; “imputaciones relacionadas con su estrategia de combate al crimen organizado”, y advirtió que analiza todas las posibilidades “para proceder legalmente en contra de quienes las realicen en distintos foros e instancias internacionales o nacionales”, pues las imputaciones al gobierno de México “son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia”. Insistió, como lo hace todos los días, en que México es una gran democracia donde hay libertad y justicia social y que su gobierno ha estado siempre abierto al diálogo. ¿Por qué entonces el permanente repudio contra él?
2. Por opinión de miles o millones de personas afectadas directa o indirectamente por la guerra de Felipe Calderón; guerra contra el narcotráfico que lleva cinco años de hartazgo por tanto baño de sangre que se ha dado en más de la mitad del territorio nacional, académicos, abogados y personas ligadas a la defensa de los derechos humanos, presentaron esta semana una acusación ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el Presidente y los principales mandos del gabinete de Seguridad, por crímenes de lesa humanidad. Argumentan que México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado más de 50 mil muertos, 230 mil desplazados, alrededor de 10 mil desaparecidos y unos mil 300 jóvenes y niños asesinados, víctimas directas o indirectas de la guerra que le decretó el Presidente hace casi cinco años a los cárteles de la
droga.
3. A esta acusación se suma la constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimados tanto por los mandos y efectivos armados, como por el crimen organizado. Uno de los promotores de la demanda, el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, ha venido explicando que aunque Calderón y sus mandos civiles y militares, así como los capos de la droga “podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes… sí son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la violencia en nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana”. Además se demanda a Genaro García Luna, de Seguridad Pública federal; Guillermo Galván, de la Defensa, y Francisco Sáynez, de la Marina-Armada de México, así como a ‘El Chapo’ Guzmán.
4. Señalan los denunciantes que “para cumplir algunos de los compromisos que Calderón hizo con el gobierno de Bush, sobre todo el combate al narcotráfico y el control de la frontera, el gobierno federal recurrió a una alianza un poco de facto, pero también pactada con algunos cárteles del narco y particularmente con el de Sinaloa. Se sostiene en información dada por el investigador Edgardo Buscaglia y otros analistas que han planteado que el gobierno de Calderón está llevando a cabo una guerra sesgada que favorece al cártel de Sinaloa. Una semana después que Human Rights Watch (HRW) presentó su informe; “Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico” de México, los denunciantes señalaron que desde 2007, HRW advirtió al Capitolio que con esta medida (la Iniciativa Mérida) se daría un cheque en blanco al gobierno de México en materia de violación de derechos humanos
5. Espero que organizaciones sociales (electricistas, telefonistas, universitarios, CNTE, mineros) y partidos políticos (PRI, PRD, PT, Convergencia) se sumen en apoyo a esa demanda para que el mundo se entere de la realidad mexicana que gobierno, medios de información y empresarios han venido silenciando. Calderón y los precandidatos del PAN seguirán revolcándose en su lodo porque tienen la obligación de defender al funesto gobierno que encabezan; pero el pueblo mexicano no puede soportar más gobiernos que cada sexenio les prometen pero terminan hundiendo más al país. Por eso, además de apoyar con todas nuestra fuerzas las demandas contra el gobierno ante la Corte Penal Internacional de La Haya, con más de 23 mil personas firmantes, debemos condenar las amenazas fascistas de Calderón contra aquellos que manifiestan su insatisfacción, descontento y repudio contra su gobierno.
