El presidente ecuatoriano Rafael Correa otorgó el perdón y solicitó la remisión de la condena impuesta en tribunales por el delito de injuria al diario oligárquico El Universo, sus dueños y al editor de opinión. Ello seguramente no podrá fin a los desmelenados ataques que le prodigan los pulpos mediáticos pero su batalla por la verdad y la democracia informativa deja un saldo político muy positivo en la conciencia de los ecuatorianos y de los latinoamericanos en general. Como también, el precedente del fallo judicial contra uno de los dos periódicos más poderosos del país, perteneciente, se supo por la declaración de los propios dueños, a una empresa ecuatoriano-estadunidense registrada nada menos que en Gran Caimán, célebre lavadero de dinero y refugio de evasores fiscales. Salvo por los países de América Latina cuyos gobiernos procuran democratizar la comunicación, en casi todas partes las corporaciones mediáticas se han encargado de quitarle dientes a la normatividad existente en la materia y con toda impunidad ni así cumplen con ella.
Correa se querelló por infamia contra el citado rotativo de Guayaquil –autor de innumerables calumnias contra su gobierno, especialmente después del intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010- debido a la publicación, a principio de 2011, de un artículo de su editor de opinión en el cual lo acusaba de “criminal de lesa humanidad” y de haber ordenado aquel día “fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Como se pudo apreciar en vivo y en directo por la tele fueron los golpistas quienes lanzaron una lluvia de balas desde el centro de salud contra los uniformados que iban al rescate del presidente, hecho prisionero por aquellos. De modo que Correa ganó el juicio en dos instancias y finalmente en la Corte Nacional de Justicia, que ratificó la condena de tres años de prisión para los tres dueños del diario y el articulista y el pago de una indemnización de 40 millones de dólares al injuriado. Contrariamente a las calumnias de la cofradía desinformativa, los jueces ecuatorianos sí son independientes, integrantes del nuevo poder judicial a donde se llega por concurso de méritos y no como anteriormente por influencias o linaje.
Correa y sus partidarios consiguieron dos grandes victorias estratégicas frente al barraje de desinformación y calumnias de los monopolios mediáticos de América del norte y del sur y varios europeos. Una, demostrar fehacientemente ante el país que El Universo mintió en sus páginas antes y durante el juicio y evidenciar los subterfugios, amenazas y chicanas legales de sus abogados. Dos, desmontar el fariseísmo de quienes alegan defender la libertad de prensa y lo que realmente defienden es la libertad de sus empresas para hacer negocios y manipular a la opinión pública en lugar de brindar un servicio público como establece la nueva Constitución. Encima, la alta popularidad de Correa siguió subiendo durante el proceso hasta sobrepasar el 80 por ciento mientras decrecía la credibilidad de los grandes medios.
El presidente siempre dijo que El Universo podía zanjar el asunto simplemente con reconocer públicamente su falta a la ética periodística y ofrecerle una disculpa y, que en caso de haber una indemnización la donaría al proyecto ecológico Yasuní-ITT. Pero a los demandados y a sus aliados del Departamento de Estado, la Sociedad Interamericana de Prensa y los conglomerados mediáticos internacionales lo que les interesaba era que continuara el pleito y el torrente de calumnias contra el gobierno de la Revolución Ciudadana. Doblarle el brazo al presidente y dejar claro que los “medios” son intocables.
Este gobierno ha disgustado mucho a esos poderes, pues como ninguno otro en Ecuador, ha trabajado incansablemente por la igualdad, la justicia social, la reivindicación de los derechos de los pueblos indios y los pobres. Además, y ya esto es intolerable para la mafia mediática, realizado esfuerzos por democratizar la comunicación, oponiéndose a que los dueños del capital financiero lo sean también de medios. Así que ha entregado más frecuencias de radio y televisión que ninguno anterior, entre ellas 14 a radios comunitarias, de las que asignó 13 a nacionalidades indígenas. Por si fuera poco, ha presentado al Legislativo un proyecto de ley que reservaría gran parte del espacio mediático para medios públicos y comunitarios, impidiendo a la vez los monopolios.
