La decisión soberana del gobierno argentino de nacionalizar la compañía petrolera y la gasífera YPF, exacerbó a las fuerzas que representan al 1% de los ricos en el mundo, los cuales abrieron inmediatamente fuego contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El presidente español, Mariano Rajoy, junto a su ministro del Exterior José Manuel García-Margallo han desatado una alucinante ofensiva diplomática e impuesto medidas de “represalia” con el objetivo de que Argentina revoque la expropiación del 51 % de las acciones petroleras de YPF, que se amplió a YPF Gas, distribuidora de gas butano y propano, ambas controladas por la compañía “española” Repsol. El 49 % restante se distribuirá entre las provincias productoras.
La Repsol YPF Gas se dedica a fraccionar, envasar, transportar, distribuir y comercializar gas licuado de petróleo (GLP) y pertenece a Repsol Butano S.A. (84.997 %), a Pluspetrol S.A. (15 %) y a accionistas particulares (0,003 %).
La presidenta Cristina había advertido en enero pasado que las empresas petroleras deberían invertir en el país en vez de llevarse las riquezas de los recursos naturales a sus casas matrices.
"Que tengan claro, significó, que el subsuelo es de los argentinos y está concesionado a ellos. No podemos volver a las épocas del virreinato donde las compañías se llevaban todo y no dejaban nada".
No es que se elimine la inversión extranjera, sino que a la par que obtengan beneficio, también ayuden al desarrollo económico de las naciones donde laboren.
Una de las primeras represalias de España ha sido reducir la compra de biodiesel a la Argentina, una nación que produce anualmente 3 000 000 de ese producto y exporta casi 2 000 000.
La respuesta de Buenos Aires ha sido mesurada al señalar que la nación sudamericana no tendrá dificultades en absorber las 400 000 toneladas que compraba Madrid y que el problema va a ser para España, envuelto en una grave crisis y a quien Irán también le cortó el suministro de crudo por seguir la política estadounidense de bloqueo contra Teherán.
Ante la medida tomada por Buenos Aires de recuperar el sector petrolero y por ende, parte de su soberanía económica, Rajoy y García-Margallo se lanzaron a pedir “auxilio” a todos los que en este mundo globalizado apuestan por el neoliberalismo y las privatizaciones en contra del bienestar de los pueblos.
Han celebrado reuniones con los diez miembros europeos del Grupo de Berlín, con el Grupo de los 20 (algunos no lo apoyan), con el Club de París, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y con la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton, entre otros.
Clinton dio inmediato apoyo a España y dijo que laboraría intensamente para echar atrás la nacionalización; el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, durante una reunión con el FMI, calificó de decisión argentina de “error” y llamó a vigilar ese síntoma pues bajo la presión económica “los países responderán con más populismo, con más proteccionismo".
En América Latina le viraron la espalda a Cristina Fernández, los países más cercanos a Estados Unidos y que han firmado o tienen previsto Tratados de Libre Comercio con esa potencia mundial: el gobierno colombiano de José Manuel Santos, el mexicano de Felipe Calderón, el chileno de Sebastián Piñera y el panameño de Ricardo Martinelli.
En cambio, los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), los cinco miembros del BRICS, así como Brasil y Uruguay, han apoyado las expropiaciones.
Las economías emergentes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han manifestado su interés por invertir en Argentina y sobre todo en YPF, mientras que dirigentes de la empresa venezolana PDVSA declararon que estan en la mayor disposición de trabajar junto a YPF y trasmitirle experiencias y know how. La brasileña Petrobrás marchó en el mismo sentido.
Pero analicemos qué y a quiénes defienden Rajoy-García Margallo pues en realidad ya la Repsol ha dejado de ser española para convertirse en una poderosa transnacional, aunque no es menos cierto que en las nóminas de la compañía aparecen los nombres de ex autoridades del Estado y varios actuales ministros españoles.
Los accionistas de Repsol son mayoritariamente extranjeros. Los españoles solo cuentan con el 27 % repartido en La Caixa, 13 %; BBVA, 4 % y la constructora SACYT, 10 % (adquirido con un crédito de 46 bancos entre los cuales aparecen el Santander, la banca francesa, británica y holandesa).
El 42 % de los 62,21 % de las acciones denominadas “free float”, o sea, capital flotante que se cotiza en la bolsa, pertenecen a inversionistas norteamericanos y británicos (JP Morgan Chase Bank National Association y State Street Bank and Trust de Estados Unidos y Chase Nominees Ltd. de Gran Bretaña, a lo que se suma el 10 % de la mexicana PEMEX (razón del disgusto del presidente Calderón) y el 3,32 % del banco francés BNP-Paribas, entre otros.
Como explicó Cristina Fernández al hacer el anuncio de la expropiación, Repsol compró YPF por 13 158 millones de dólares en 1999, durante el gobierno neoliberal de Carlos Ménem y actualmente, tras considerar las ganancias obtenidas y acciones vendidas, la compañía ya recuperó su inversión inicial y se retiraría con un saldo positivo de 8 813 millones de dólares. Es decir, aunque no recibiera dinero para compensar la expropiación, en 12 años extrajo un pingüe capital, sin casi invertir en la nación sudamericana.
Más del 80 % de las ganancias de Repsol fueron sacadas sin reinvertir en el territorio lo que provocó la caída sistemática de reservas y producción. Por ese motivo, Argentina importó el pasado año 9 400 millones de dólares (por primera vez en 17 años un saldo negativo en la balanza comercial en esa materia) y para 2012 se estima en 12 000 millones.
Con los mercados de crédito cerrados tras el default de 2001, debido al sistema neoliberal y de privatizaciones que llevó a la Argentina a la más violenta crisis económica de su historia, el gasto para la compra de hidrocarburos representa una seria presión para el gobierno que depende sobre todo del superávit comercial para obtener divisas.
La medida, por tanto, constituye una decisión soberana del Estado que se encamina a salvar sus riquezas de las rapiñas de las transnacionales y emplearlas en beneficio de los programas sociales y del consumo interno de su población.
Continuarán las presiones de los ricos y poderosos neoliberales para que Buenos Aires revoque la decisión, pero la medida cuenta con el apoyo de más del 60 % del pueblo, a la par que otros países progresistas la apoyarán en aras de lograr y preservar la soberanía sobre las fuentes petroleras argentinas.
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