El personaje, víctima de este hecho, además de haber sido miembro del gabinete uribista, es miembro del Partido Conservador y político inhabilitado por la Procuraduría General de ese país por casos de corrupción ligados al ejercicio de su cargo como ministro. Pero además Londoño, sigue siendo hombre cercano a Uribe y férreo opositor al proyecto de “marco jurídico para la paz” propuesto por el gobierno de Santos y que abriría la puerta a una salida política negociada al conflicto armado que vive la hermana República.
Dándonos un poco de contexto.
El “marco jurídico para la paz” es una propuesta de justicia transicional que se pretende adelantar a fin de encontrar salidas viables a una paz duradera y estable a la guerra extendida por más de cinco décadas en la querida Colombia. La justicia transicional –llamada así por darse en épocas de transición- es un mecanismo, si se quiere holístico, que busca propiciar métodos mediante los cuales, según las propias realidades del país en conflicto se pueda buscar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de dicho trance, entendiendo éste como un proceso multifactorial y cuyos hechos no se pueden aislar a fin de evitar venganzas políticas y exclusión de la nueva sociedad e institucionalidad que se pretende construir. (Para conocer más de la justicia transicional http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf)
Sin embargo dicho acto legislativo, ha sido fuertemente criticado por la ultraderecha de ese país, alegando que se patrocinaría la impunidad, debilitando al Estado y entregándoselo a los “terroristas”. Entre los intelectuales que apoyan tal argumente se encuentra el archiconocido por los venezolanos, Plinio Apuleyo Mendoza.
Ahora bien, ¿qué es lo que tanto irrita a la ultraderecha uribista de dicho acto legislativo? En primera instancia el congreso promueve una enmienda constitucional del artículo 122 de la carta magna colombiana, que permitiría a los ex guerrilleros ser elegibles a cargos públicos y de votación popular. Así como un artículo transitorio con medidas de justicia transicional que facilitaría la desmovilización de los guerrilleros. Para ello el congreso se abrogaría el derecho de cesar los procedimientos penales y suspender la ejecución penal de los procesos que éste tenga a bien considerar. Lo cual no niega la posibilidad de investigar la verdad de cualquier crimen y la justa reparación de las víctimas, pero sí abre la puerta a que quien se halle culpable no sea penado, dando la posibilidad, en términos prácticos y principalmente, a que cabecillas de grupos armados puedan participar tranquilamente en la vida política y abandonar las armas, pues lo que se pone como fin supremo es la paz duradera.
¿Por qué deben participar políticamente los grupos insurgentes?
En primer lugar porque los motivos de su nacimientos son políticos, porque son fruto del asesinato de Gaitán y el bogotazo, porque el discurso que sostienen está fundamentado en unas realidades sociales y económicas existentes. Y su levantamiento fue contra un Estado que les segregó de la política y exterminó a la Unión Patriótica que se erigía como fuerza política alternativa y que hubiese significado la adhesión de las Farc a la vida política e institucional del país dejando la vía armada para el logro de sus metas. Porque sus objetivos son políticos, la toma del poder es un objetivo político y porque si los políticos quieren detener el baño de sangre que hasta ahora ha significado la guerra, son las compuertas de la política las que se deben abrir, para decirles a unos señores ¿ustedes quieren tomar el poder? La vía es la democracia y sea entonces el pueblo colombiano quien con su voto determine su grado de legitimidad.
Pero además porque la vía militar no ha sido la solución, después de 12 años de aplicación del Plan Colombia y más de 60mil millones de dólares gastados en derrotar la insurgencia han servido quizá para menguarla, pero no para acabarla, podrá, como no, dificultar las operaciones de la guerrilla, dar muerte a algunos líderes, pero muerto uno surgirá otro, porque las causas que la sustentan están en la política y no en la guerra.
Tras 12 años de Plan Colombia el cultivo de droga sigue creciendo, el procesamiento de cocaína y otras sustancias persisten y el consumo en el primer mundo ha aumentado generando grandes dividendos. Porque el Plan Colombia y su reimpulso con la llamada “Seguridad Democrática” del Sr. Uribe, ha redundado en parapolítica, en falsos positivos, en espionaje corrupto de un DAS al servicio del paramilitarismo, en fosas comunes, en desmovilizaciones fraudulentas y en una justicia y paz que distan mucho de haber juzgado y haber pacificado.
Al parecer esto lo ha venido comprendiendo el propio Santos y la gran mayoría del Congreso de la República de tendencia progubernamental. Al punto que ya había pasado cinco debates previos y el día del atentado se disponía a pasar el sexto y así continuar su discusión que aspira pasar hasta la octava para convertirse definitivamente en ley de la República. Tal cual ocurrió con mayoría aplastante (127 a 4) los representantes aprobaron el texto.
Sin embargo el atentado le dio alas al Dr. Barito quien inmediatamente y sin esperar a que se esclarezcan los hechos, salió con sus candentes tweets a criticar al gobierno de su país pero principalmente al acto que se discute en el Congreso, acusando a priori a las FARC.
En este escenario sólo nos hacemos varias preguntas ¿a quién le convenía más un hecho de estas magnitudes para justificar su discurso? ¿Por qué atacarían las Farc a un político inhabilitado que sólo tiene un par de columnas y un programa de radio? ¿Estaremos en presencia de la construcción de otro falso positivo con la finalidad de desechar los esfuerzos por la paz?
Si el acto terrorista lo ejecutaron las FARC, le estarían enviando una señal muy mala al mundo y principalmente a la región latinoamericana, deteriorando aún más su ya mellada imagen. Pero de lo contrario, si cabe la posibilidad de que sea acto del paramilitarismo o bandas criminales vinculadas a la ultraderecha, se confirmaría lo que hace tiempo se ha venido señalando, que en Colombia hay sectores que no quieren la paz. No la quieren porque no les es rentable económica y políticamente, en primer lugar porque se lucran del aparato industrial militar y el Plan Colombia y en segundo lugar, porque su discurso político perdería vigencia e influencia en la vida política e institucional del país. Pero además porque la permanencia de la guerra permite a las fuerzas imperialistas norteamericanas mantener su injerencia y presencia armada en la región.
Por lo pronto y esperando al desenvolvimiento de los hecho, rogamos para que haya paz y prosperidad en Colombia, lo cual redundará en paz y prosperidad para Venezuela y sobre todo para los pueblos y ciudades de la frontera venezolana, que somos grandemente afectados por el conflicto armado que vive el vecino país y para el cual la única salida posible y definitiva, está en la política.
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