¿Anti restitución de qué? De la tierra, a primera vista. La tierra es el móvil primero y más notorio de la violencia larvada que padece el país. Por su tenencia venimos de guerra en guerra desde los albores del siglo XIX, desde los tiempos de Centralistas y Federalistas, y de Supremos.

Por el control de la tierra se han masacrado pueblos y comunidades, y se han cubierto de sangre regiones enteras. Durante el período de la llamada Violencia, hacia la mitad del siglo anterior, las partes más ricas de Colombia fueron rojas o azules según un absurdo partidismo que escondía en realidad una despiadada recomposición de la propiedad sobre la tierra.

Pero ni siquiera es necesario retroceder ese medio siglo. Unos pocos lustros atrás el narcotráfico y el paramilitarismo le dieron vuelta al mapa rural colombiano y elevaron bárbaramente y en pocos años la concentración de la propiedad.

El minifundio, médula durante décadas de la significativa economía cafetera, prácticamente, desapareció. Los escasos supervivientes se hicieron más pobres. Y así con lo demás: pequeñas parcelas ganaderas, reducidas extensiones dedicadas a frutales u hortalizas, minúsculos sobrevivientes de los cultivos de pan coger, cedieron a la pujanza empresarial de los grandes.

Una pujanza que se abrió paso a machetazo limpio, balazos en la sien de los pequeños agricultores tercos y motosierras para coadyuvar en la repartición de las partes a lo largo de los ríos Cauca, Magdalena, Sucre, Catatumbo, Sinú, Atrato, San Juan, con sus riachuelos y quebradas. Algunos de los mismos ríos que distribuyeron la sangre de las setenta guerras civiles de todo el siglo XIX. Y también de los que la llevaron al mar durante buena parte del XX. 

Es el país, sus ríos más secos y contaminados, con sus invariables prácticas sanguinarias: Para causar dolor y escarmentar. Más acá, para desaparecer y no dejar rastro. Algo aportaron las técnicas del Cono Sur y la asimilada Doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense en este aspecto.

No obstante, ni esa larga cruenta guerra casi ininterrumpida que es la historia de Colombia ha logrado el exterminio deseado; la pretendida dominancia genética de prósperos y poderosos. Es cierto que la hegemonía ha sido constante, pero nunca absoluta.

Cuando el adolorido da señas de que todo lo soportado no fue suficiente; si en el escarmentado pesa más el eterno retorno a su lote perdido; si el sucio animal eliminado vuelve vuelto viudas, hijos, familias desamparadas… ¡Los usurpadores precisan soluciones! 

Que están a la mano en un país con miles de sicarios desempleados, miles de paramilitares siempre en rebusque, miles de ex guerrilleros buscando postor, miles y miles de delincuentes que no saben ni quieren hacer otra cosa como no sea delinquir. Vías para “salir adelante” en las que el dinero fácil es el común denominador.

Soluciones adecuadas a los tiempos, que cambian de nombre para que la historia se repita sin que lo parezca. Los Mochuelos godos se transformaron en los “pájaros” de la Violencia, que a su turno se vuelven los sicarios, éstos los traquetos, todos autodefensas o “Convivir”, paramilitares o Bacrim. Y cualquier mezcla al gusto.

Los “Ejércitos Anti Restitución” son otro nombre del mismo mal. El eufemismo de moda. Para hacer lo de siempre: Amenazar, aterrorizar, escarmentar, desplazar, asesinar, violar, poseer. Sobre todo, como me lo expresó el representante Iván Cepeda en un reciente diálogo, porque “son los garantes del despojo”.

Analiza Iván Cepeda tres fases del paramilitarismo en el país: Una primera fue la población y el control de regiones, “el momento del despojo, realizado mediante toda clase de masacres y crímenes de lesa humanidad”. 

Vino después “un trabajo activo para captar las instituciones del estado local”. Esa fue la segunda fase. Y afrontamos ahora una etapa en la que “la estructura paramilitar sirve de guarda y garante de ese despojo”, dice Cepeda.

Lo cierto es que hasta ahora no se le ha restituido nada a nadie. Promete el gobierno colombiano reintegrar al menos cuatro millones de hectáreas a igual número de víctimas. Algo que ponen en duda el senador Jorge Robledo y los representantes Iván Cepeda y Wilson Arias, como fue expuesto en el debate de control efectuado en el Senado al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre la política de tierras. (1)

En otra palabras: Ni siquiera se ve hoy en día clara la idea de restituir cosa alguna, ni se ha movido mucho para crear las condiciones que supone una compleja política de esa clase.

Y si los gestores de la idea, los ponentes, los fervientes promotores, los mañosos ejecutores andan con la Ley vuelta metas, trámites de procesos, gestiones administrativas, casos en diagnóstico… ¿a cuento de qué el estorbo y la oposición de políticos, terratenientes, ganaderos, industriales, multinacionales, hasta de clérigos?

¿Anti restitución de qué, cuando hasta el momento lo que se aprecia es una representación dirigida al contentillo en cifras y al impacto mediático que generan unas cuantas esperanzas, así sean rotas después y remendadas a bala? 

Anti restitución, claro, de la tierra. Quién lo duda. Pero más allá de la tierra que se pisa, anti restitución del respeto y la memoria. La tierra puede ser el símbolo, pero la dignidad es el hecho cierto, más real y tangible que cualquier extensión de terreno sin un peso para cultivarlo y con todos los vientos en contra.

Aclara Iván Cepeda: La política de restitución del presidente Santos es tímida, carece de un alcance serio. “Pero a ese proceso hay que agregar que existen comunidades organizadas, indígenas, campesinas, con largas luchas de resistencia, que han impedido incluso el despojo”. 

Una idea que permite comprender mejor por qué tan férrea oposición a la propuesta por parte de los bandoleros. También hay miedo en el asesino armado hasta los dientes frente a la víctima frágil; lo han elucubrado la psicología y los estudios del comportamiento criminal. En este caso, además, una expoliación preventiva, que daría pábulo a los científicos sociales.

El mapa del control territorial colombiano por parte de los principales actores armados enfrentados nunca ha sido estático. Las fronteras van y vienen según la fuerza y dirección de las corrientes que los nutren: El narcotráfico, las extorsiones, el “impuesto voluntario”, el “auspicio” empresarial, la “colaboración” transnacional, las entradas de “lavaderos” y testaferratos. Y de acuerdo con el impulso, condescendencia o falta de actuación que algunas guarniciones militares dispongan.

Como no lo fueron las mal llamadas “bandas criminales”, tampoco ahora este autodenominado “ejército” lo conforman pistoleros sueltos y sin rumbo. Por el contrario, se trata de armazones constituidos y contratados por familias poderosas y prestantes de las distintas regiones del país adonde el gobierno apunta con su Ley. 

“Ni siquiera son bandas o grupos. Son ejércitos que tienen jerarquía de mando y control”, señala el congresista. Los ejércitos anti restitución son fuertes en departamentos como Cesar, Sucre, Magdalena, Guajira y Nariño, “pero su presencia y expansión está en todo el país”.

Son organizaciones que no difieren de las desmovilizadas durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez porque es la misma estructura, un producto directo de la farsa que fue Ley de Justicia y Paz. Su continuidad: paramilitares con años de trayectoria, como lo han denunciado el propio Cepeda y varias ONG’s, como la Corporación Arco Iris; el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE; la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada, ASOCOL; la Coordinadora Nacional Campesina, CNC, y Fundepaz. (2)

Abriendo el año, la estructura paramilitar y narcotraficante conocida como los “Urabeños” mostró los dientes y paralizó seis departamentos en unas horas. Un paro armado que en realidad era un luto forzado por la muerte de Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del EPL, heredero de Don Mario y uno de los cabecillas más temibles, abatido días antes en el Chocó por la Policía Nacional. Demostraron tanto poder que el año 2012 en aquella vasta región de Colombia no empezó sino hasta después del paro, el 5 o 6 de enero.

Así, pues, sin un metro devuelto, las amenazas que empiezan a llover al norte y al sur niegan la restitución siquiera de un milímetro. Urabeños, Águilas Negras, Machos, Erpacs, Mondongueros, Rastrojos…

El primero de junio, Juan David Díaz, líder en Sucre del MOVICE, hijo de Eudaldo Díaz, el alcalde de El Roble asesinado por orden del entonces gobernador paramilitar Salvador Arana, recibió una amenaza de muerte firmada por el siniestro Ejército Anti Restitución. En la misma zona, no hace mucho, fue asesinado el también líder del MOVICE Rogelio Martínez. 

Meses atrás fue amenazado el líder del proceso de restitución Freddy Antonio Rodríguez Corrales, quien representa a 95 familias que solicitan la apropiación de una parcela en la hacienda Bella Cruz, en el Cesar, de dondefueron desplazadas, en 1996, más de 300 familias por los paramilitares de Juan Francisco Prada Márquez, alias “Juancho Prada”.

El listado de amenazadas con nombres propios es extenso. En las tierras requeridas, mientras el gobierno estampa los sellos, los campesinos aún no cultivan alimentos, pero los victimarios no han dejado de sembrar el terror. Y de cosecharlo.

Colombia es un país donde las vidas ni siquiera pertenecen al rey, como en la Francia de Luis XIV, antes de Montesquieu, sino a ilustres señores feudales del Caribe, los Llanos, Antioquia, el Pacífico, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca. Las prácticas de los siglos IX y X se le cruzaron a las del XVIII y los señores terratenientes quedan rigiéndose por los derechos consuetudinarios que su imaginación perversa a bien tenga. Y en los rebatos entre unos y otros huyen despavoridos o caen muertos muchísimos compatriotas. Nadie protege. El propio señor feudal es quien persigue y ultima.

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