No es extraño que el presidente Rafael Correa, solidario con las causas justas de este mundo, haya decidido conceder asilo a Julian Assange. Concurre, además, un hecho que los identifica especialmente. Al igual que el fundador de Wikyleaks a escala global, el gobierno de Ecuador, sometido a una lluvia de calumnias mediáticas, trabaja incansablemente en su país por la democratización de los medios de información y rechaza la práctica usual de sus dueños de impedir el derecho ciudadano a una información veraz, plural y no manipulada. Quito ha aprobado incluso una ley ejemplar al respecto.
No fue una decisión festinada. La cancillería ecuatoriana ha hecho su trabajo concienzuda, discreta y prudentemente. Tan pronto Assange ingresó y pidió asilo en su sede diplomática en la capital británica, inició consultas con los países involucrados. De Estocolmo no recibió las debidas garantías de que en caso que el periodista decidiera comparecer voluntariamente ante la fiscalía sueca –como ha dicho que es su disposición- no fuera luego extraditado a Estados Unidos. Tampoco obtuvo respuesta de Washington a la crucial pregunta de si en esa hipótesis se proponía pedir la extradición del comunicador australiano. Ante una solicitud de asilo, son gestiones propias de un gobierno celoso de su soberanía, respetuoso de ese derecho y, en general, de los derechos humanos. Por ello Quito probablemente sopesara el historial de tratos crueles, inhumanos y degradantes en que ha incurrido Washington contra quienes considera sus enemigos, como los que recibe el soldado Bradley Manning, acusado de entregar información a Wikyleaks, sin olvidar las escandalosas torturas en sus centros ilegales de detención. Es natural que un Estado que sienta la enorme responsabilidad de proteger la integridad física de un perseguido político tome precauciones para evitar que caiga en manos de Estados Unidos. Mucho más tratándose de Assange, odiado por Washington por haber puesto al desnudo el incremento de sus tradicionales acciones injerencistas, guerreristas y desestabilizadoras en el mundo entero. Apenas se habla de eso por las vestales de la libertad de prensa pero nada menos que por orden presidencial, la potencia del norte, mediante sus famosos drones y otros medios, asesina diariamente personas alrededor del globo -en muchos casos niños ancianos, mujeres- sin que medie proceso legal alguno y por la simple sospecha de que podrían ser terroristas.
La digna y contundente denuncia del presidente Correa a la brutal amenaza británica contra la embajada ecuatoriana en Londres y la inmediata y firme solidaridad recibida de la Alba y la Unasur demuestran que América Latina y el Caribe, otrora traspatio yanqui, es hoy la región más independiente del planeta. Sin estas actitudes, quién puede asegurar que el asalto a la sede diplomática no se hubiera consumado en cuestión de horas.
Con ellas se constata una vez más la posibilidad y el deber de rechazar la imposición de la nueva tiranía mundial imperialista. De impedir un aventurerismo y un descaro aún mayores en el inventario de crímenes contra la paz y el derecho internacional que desde el 11/S de 2001 vienen acumulando Estados Unidos y sus aliados más cercanos, Reino Unido e Israel en especial. No cabe duda que es Washington quien ha estado todo el tiempo tirando de los hilos que llevaron a Suecia a levantar la ridícula acusación de abuso sexual contra el comunicador australiano y a pedir su extradición a Reino Unido, como más tarde a este a adoptar una actitud francamente gansteril contra Ecuador. La fiscal sueca que conoció primero la denuncia de las supuestas ofendidas no encontró méritos a la acusación y archivó el caso. Fue más tarde que extrañamente una instancia superior decidió desempolvarlo. Es muy revelador que una de las acusadoras de Assange sea diligente activista de la base subversiva contra la revolución cubana establecida por la CIA en ese país.
Ecuador ha reiterado su voluntad de reanudar el diálogo como vía para solucionar el conflicto con las autoridades británicas, aspecto en el que ha insistido Unasur. Pero antes pide que Reino Unido retire la amenaza, conducta elemental de parte de un país que valora su soberanía. A la postre, serán las gestiones diplomáticas combinadas con una gran movilización internacional solidaria las que consigan liberar a Julian Assange de esta injusta situación.
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