Un Magistrado Penal es la expresión más genuina de los instrumentos de coacción y represión de un Estado sobre sus ciudadanos y extranjeros que constituyen amenazas al orden establecido, al llevar investigaciones, dictar medidas y pronunciar sentencias relacionados con actos que atentan contra la seguridad de las personas, bienes e instituciones y, especialmente, sobre aquellos actos que ponen en peligro la seguridad del Estado y amenazan o lesionan a sus altas autoridades o, a los agentes que garantizan el orden público y su seguridad interior y exterior.
Un modelo de tal visión y práctica judicial del Derecho Penal lo constituyó el abogado Baltazar Garzon, quien se formó al interior de la magistratura construida por el dictador Francisco Franco y cuya carrera destellante lo llevó a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, en donde, además de combatir – como todo agente de un Estado – las acciones ilegales de la organización armada independentista ETA -, se convirtió en un efectivo perseguidor de toda la disidencia política y social de Euskal Herria (País vasco dentro del Esdado Español), a quienes les negó sus derechos a organizar sus partidos y presentar candidaturas, les cerró sus periódicos, desautorizó sus manifestaciones pacíficas, clausuró sus tradicionales bares y desautorizó festividades nacionales vascas, el uso de su bandera y el reclamo de sus presos.
En el caso de la lucha de la Monarquía Española contra ETA, el magistrado Baltazar Garzón fue especialmente severo al aceptar, permitir y justificar las leyes de secuestro temporal por cinco (5) días y las prácticas de torturas aplicadas de la Guardia Civil y la Policía Nacional de los presuntos miembros de esa organización armada, el enjuiciamiento y condena de militantes independentistas vascos por presunción de pertenencia a esa organización y dispersar muy lejos del territorio vasco de todos los militantes independentistas y combatientes de ETA; convirtiendo tales decisiones, en penas adicionales no previstas en la ley, pero que forman parte de la política penitenciaria de los gobiernos pesoistas y pepesistas del Reino de España, dirigidos de derrotar a ETA, y que aún se mantienen, pese a la decisión de esa organización de declarar una Tregua Unilateral y Permanente y plantear las negociaciones para la solución política definitiva del conflicto.
Esta impresentable historia del exmagistrado Baltazar Garzon, que para muchos lo asemejan a los venales jueces de Nuestra América que legitimaron con sus omisiones y decisiones el genocidio de los gobiernos dictatoriales y las seudodemocracias burgueses contra los luchadores sociales y combatientes revolucionarios de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, se ha venido tratando de relativizar por el hecho de haber dictado una medida de búsqueda y captura contra el dictador Augusto Pinochet, la apertura de juicio contra represores de las dictaduras argentinas responsables del asesinatos de ciudadanos españoles, el inicio de una investigación sobre la ubicación de tumbas de las víctimas del franquismo – por cuya causa fue destituido -,su aparición como defensor del fundador de portal Wikileak, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su juicio en los Estados Unidos , su contratación como asesor del fiscal argentino Moreno Ocando, del Tribunal Penal Internacional, TPI, y ahora, por su designación como asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la República Argentina, razón por la cual, el gobierno argentino le acaba de otorgar la residencia temporal en ese país.
La naturaleza humana es compleja y por ello, es posible que se puedan producir cambios fundamentales en la conducta de los individuos que lo distancien de actos que inicialmente realizó en un contexto histórico diferente y convencido de la justeza de los mismos, para luego adoptar una posición diateralmente opuesta pero, lo que llama la atención del caso del abogado Baltazar Garzón, es que no existe ninguna prueba en la que se pueda afirmar que haya asumido críticamente su pasado como juez represor de la Audiencia Nacional del Reino de España y ejecutor de las leyes y acciones represivas de ese Estado, las cuales han sido objeto de cuestionamiento por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea; por lo que es cuestionable que el hoy presunto defensor de Derechos Humanos tenga una conciencia jurídica y política distinta a la que asumió en sus tiempos de juez que le negó a los independentistas y luchadores socailes vascos sus derechos civiles y políticos, en nombre de las leyes de un Estado colonial e imperialista, que ha sido condenado por violaciones graves y continuas de los derechos humanos de los ciudadanos vascos.
Sea por vedetismo internacional, protección de su libertad personal amenazada por sus pares de la Audiencia Nacional, interés crematístico o, como parte de una operación de inteligencia para penetrar espacios gubernamentales en Nuestra América; la nueva faceta Latinoamérica del abogado Baltazar Garzon debe ser objeto de examen cuidadoso por sus nuevos aliados y por los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, quienes pudieran aceptar como bueno, un comportamiento sostenido en hechos relevantes pero que no estan asociado a la ruptura ideológica, política y jurídica con su pasado y de oposición a los centros de poder mundial violadores de los derechos humanos que ahora dice defender.
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