El tiempo les ha dado la razón a los presidentes latinoamericanos que en 2005, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, Argentina, rechazaron integrar el Área de Libre Comercio (ALCA) promocionada por Estados Unidos. Hoy sus países estarían en iguales condiciones a las que padece México.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), informó que de una población cercana a los 110 millones, el 51,3 % vive sumido en la pobreza, es decir, 55 millones de mexicanos carecen de los recursos elementales para cubrir sus necesidades básicas.

Según Coneval, la cifra resulta aterradora al incrementarse la espiral de pobreza año tras año sin que existan visos de solución. En el 2008 el número de personas en esas condiciones era de 50,6 millones, principalmente en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Baja California, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Chihuahua y el Distrito Federal.

Desde que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari aprobó en diciembre de 1992 el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en enero de 1994, el hambre y la pobreza se han convertido en males mayores de los aztecas, unido a la enorme violencia de los carteles de la droga en lucha por transportar esa mercancía hacia el mayor consumidor de estupefacientes en el mundo: el vecino Estados Unidos.

Una de las peores consecuencias del TLCAN es la de haber obligado a más de 2 000 000 de campesinos, junto a sus familiares, a abandonar las tierras que arrendaban por los bajos precios de los productos y el abandono gubernamental.

Al acordarse la libre exportación de mercancías, las empresas transnacionales y los agricultores estadounidenses (con enormes subsidios gubernamentales y modernas tecnologías de producción) inundaron los mercados mexicanos en detrimento de comerciantes y agricultores nacionales.

Los campesinos emigran en masa hacia las grandes ciudades donde les resulta sumamente difícil hallar trabajo y pasan a engrosar las filas de los vagabundos, o los más jóvenes tratan de cruzar las custodiadas fronteras norteamericanas en un vía crucis de inmigrantes clandestinos.

Las transnacionales de alimentos que operan dentro del país, se han convertido en las principales productoras, importadoras, exportadoras y prácticamente se han adueñado del control de la economía azteca.

Innumerables fuentes de trabajo se esfuman tras la compra y concentración de tierras por esas compañías, y por la utilización de nuevas técnicas industriales en la agricultura.

Pequeñas granjas han sido eliminadas por enormes emporios como Tyson, Smithfield, Pilgrims Pride que se han adueñado de la producción ganadera a la par que provocan contaminaciones del agua y la tierra por el afán de elevar las producciones sin cuidar el medio ambiente. Como aseguran sus directivos, al final, el país no es de ellos.

El maíz, alimento básico ancestral del mexicano cuya producción nacional abastecía a toda la población y quedaban excedentes para la exportación, ha sido prácticamente eliminado de sus campos desde la entrada en vigor del TLCAN, al cuadruplicarse las importaciones de esa gramínea procedente de Estados Unidos.

Con los aumentos en los precios internacionales de los alimentos, provocado muchas veces por compañías intermediarias (entre las que destacan Maseca /Archers, Daniel Midland y Cargill) que juegan con el hambre de los pueblos para enriquecerse, los precios de la tortilla de maíz son casi inalcanzables para los mexicanos.

Las cifras no mienten. Si antes del TLCAN el país gastaba 1 800 millones en importar alimentos, ahora invierte 24 000 millones con alta dependencia en soya, 95 %; arroz, 80 %; maíz, 70 %; trigo, 56 % y frijol, 33 %.

Gracias al TLCAN, funcionarios del Departamento de Agricultura en Washington señalan que en los próximos años, México deberá adquirir el 80 % de los alimentos en otros países, principalmente en Estados Unidos.
Llevada de las riendas del Tratado de Libre Comercio, muchos analistas consideran a la nación azteca una dependencia de Washington, debido a las leyes neoliberales que permiten a las compañías extranjeras utilizar mano de obra barata para sus producciones, explotar sus recursos naturales, extraer petróleo a precios preferenciales y exportar los excesos de mercancías norteamericanas hacia ese país.

Mientras esta situación ocurre en México, un reciente informe de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) señaló que ese flagelo ha disminuido en la región y actualmente afecta a 168 millones de personas, equivalente al 30 % de la población, aunque, agrega, se trata de la más baja en las últimas tres décadas.

Para la CEPAL, los niveles de pobreza continuarán reduciéndose aunque a un menor ritmo, hasta cerrar el año en una tasa del 28,8%, equivalente a 167 millones de personas, gracias al crecimiento económico y a la moderada inflación.

En los últimos años, varias naciones entre las que destacan Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua y Brasil posibilitaron que las cifras de pobreza se redujeran al llevar adelante políticas sociales a favor de sus habitantes y tomar medidas para que las transnacionales no saqueen sus economías.

El incremento de la desigualdad es otro aspectos que golpea a la nación azteca ya que mientras más de la mitad de la población no puede acceder a sus necesidades alimenticias, educacionales o de salud, solo ocho magnates nacionales poseen una fortuna de más de 90 000 millones de dólares que equivale al 10 % de Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El Tratado ha permitido el enriquecimiento de una minoría criolla, a la par que posibilitó a Washington mantener un mayor control sobre la economía azteca en detrimento de su pueblo.


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