Hay unanimidad en el mundo político, económico y mediático para subrayar que el costo del trabajo es demasiado elevado en Francia y que perjudica la competitividad de las empresas nacionales. En cambio hay mucha discreción a la hora de hablar del costo del capital, verdadero obstáculo para el desarrollo económico del país.
Para la mayoría de los observadores de la vida económica de Francia, el principal obstáculo para el desarrollo de la nación sería el costo del trabajo, es decir salarios y cotizaciones sociales demasiado elevadas. Esta realidad impediría que las empresas nacionales fueran competitivas en un mercado globalizado donde la competencia es cada vez más feroz, y sería una de las causas del ocaso del país.[1]
Le Monde, principal diario francés, apunta, por su parte, que “los márgenes de las empresas son mediocres: según los datos del [banco] Naxitis, sus beneficios, tras el pago de los dividendos, representan el 6,8% del producto interior bruto (PIB) frente a un 11,05% en Alemania y un 9,63% en la zona euro”.[2] Entonces, habría que “reducir las cotizaciones sociales” –es decir los impuestos que pagan las empresas– y “flexibilizar el mercado del trabajo demasiado rígido”, es decir, cancelar las conquistas de los trabajadores inscritas en el Código del Trabajo y precarizar el empleo.
No obstante, una lectura meticulosa de la cita precedente permite señalar una anomalía. En efecto, las ganancias se calculan “tras el pago de los dividendos”. Este modo de cálculo es general en Francia y plantea inevitablemente una pregunta: ¿por qué se deducen primero los dividendos pagados a los accionistas –que forman parte integralmente de los beneficios– antes de evaluar la rentabilidad de las empresas francesas?
La razón es sencilla: su costo exorbitante para la economía nacional. En efecto, el problema de Francia no es el costo del trabajo sino el costo del capital, es decir la parte de los beneficios pagados a los accionistas, que han aumentado de modo mucho más rápido que los salarios, y han alcanzado niveles sin igual en treinta años.
En efecto, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE), de 1980 a 2010, la parte de los dividendos pasó del 3% de la riqueza nacional al 9%, lo que representa un alza de 180.000 millones de euros anuales durante tres décadas. En 30 años los dividendos pagados a los accionistas aumentaron en un 200% [3]. En el mismo periodo, en euros contantes, los salarios sólo aumentaron un 20% [4].
En los últimos cinco años, de 2007 a 2011, los dividendos crecieron un 27% mientras los salarios sólo aumentaron un 12%. En 2010, según el INSEE, los accionistas recibieron 210.000 millones de euros de dividendos mientras que sólo se invirtieron 182.000 millones de euros en la producción [5]. Así el costo del capital es superior a las inversiones productivas. De cada 100 euros de riqueza que crean los trabajadores, los accionistas reciben 25 euros de dividendos [6], mientras la parte de los salarios es proporcionalmente similar a la de 1960, al salir de la Segunda Guerra Mundial[7].
Contrariamente al discurso dominante, el principal obstáculo para la competitividad de las empresas francesas no es el costo del trabajo, ni la protección social de los trabajadores, ni el nivel de imposición tributaria que no ha dejado de disminuir en los últimos 15 años. En realidad, la parte astronómica de los beneficios pagados en dividendos a los accionistas constituye un freno al desarrollo económico nacional. En efecto, la rentabilidad bursátil se hace en detrimento de las inversiones, las cuales crearían empleos en un contexto de crisis económica y social generalizada donde la tasa de paro alcanza un nivel record y la pérdida del poder adquisitivo golpea con fuerza a las categorías más vulnerables de la sociedad e incluso afecta a las clases medias.
No obstante, existen soluciones. En efecto, el Parlamento podría adoptar una legislación que estipulara que la parte de los dividendos pagados a los accionistas no superara las cotizaciones sociales pagadas al Estado ni la inversión productiva anual. Eso permitiría mejorar la competitividad de las empresas, crear empleos, aumentar los ingresos del Estado, reducir la fractura social y edificar una sociedad más igualitaria y menos injusta.
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.
Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
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[1] BFMTV, «Dossier: réduire le coût du travail», 2012. http://www.bfmtv.com/
[2] Claire Gatinois, «Compétitivité: électrochoc ou méthode douce? Les experts sont partagés», Le Monde, 5 de noviembre de 2012.
[3] Jean-Luc Mélenchon, «Invité de TV5 Monde», 6 de noviembre de 2012. http://www.jean-luc-melenchon.
[4] INSEE, «Evolution du salaire moyen et du salaire minimum de 1951 à 2009», 2010. http://www.insee.fr/fr/thèmes/
[5] Jean-Luc Mélenchon, «Invité de TV5 Monde», 6 de noviembre de 2012. http://www.jean-luc-melenchon.
[6] Confédération générale du travail, «Et si on parlait du coût du capital», 17 de octubre de 2012. http://www.cgt.fr/Et-si-on-
[7] Céline Prigent, «La part des salaires dans la valeur ajoutée en France: une approche macroéconomique», INSEE, Economie et statistique n°323, 1999, 3. http://www.insee.fr/fr/ffc/
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