l estallido de la Huelga Nacional Cafetera que hoy afecta a todos los campos de cultivos en 11 Departamentos de la República de Colombia y en el cual están directamente involucrados más de cien mil trabajadores agrarios, pequeños y medianos productores y grandes empresarios, es una inequívoca expresión que la no será posible superar el conflicto social y resolver la lucha armada si ello no está directamente relacionado con la resolución de los problemas estructurales del campo colombiano y, en la particular, con la distribución justa y equitativa de la tierra y sus beneficios.
Y es que la vocación histórica de la economía colombiana ha descansado, desde la misma llegada de los barbaros conquistadores y colonizadores españoles, en la explotación de inmensas sabanas cruzadas de ríos, hermosos valles tropicales de fértil humedad y montañas pródigas en acuíferos y tierras para la agricultura de altura que, con el dominio latifundista de la oligarquía, permitieron un largo proceso de acumulación Capitalista, basada en el robo de las mejores tierras y la sobreexplotación de los campesinos y trabajadores rurales, convirtiendo a Colombia en un importante productor mundial de rublos agrícolas de exportación.
Sin embargo, la continuación y expansión de la agricultura de plantación y con ella, el uso de la guerra como medio de extensión de la colonización capitalista del territorio, trajo consigo un aumento de la conflictividad social y política y con ello, la radicalización del conflicto social que derivó en los últimos 50 años, en el surgimiento y desarrollo inicial de una lucha de autodefensa campesina y, posteriormente, en el surgimiento de movimientos y organizaciones político militares que superaron su etapa inicial de resistencia y pasaron a desarrollar un proyecto de poder dirigido al derrocamiento de la vieja oligarquía heredera de los bárbaros conquistadores, colonizadores y encomenderos españoles y la construcción de un nuevo proyecto nacional democrático, popular, bolivariano, anti-imperialista y anti-capitalista de Justicia Social y desarrollo nacional.
En esta segunda década del siglo XXI D.C., cuando los centros de Poder del Capitalismo mundial se mantienen en una larga y terminal crisis, cuyas fuerza expansivas se extienden hacia toda la geografía mundial, afectando especialmente a quienes en el Capitalismo periférico y neocolonial aplican políticas neoliberales, como es el caso de Colombia; las elites gobernantes sufren los rigores de sus propias formulas anti-nacionales y se aferran a la firma de acuerdos de libre comercio y desprotección y desindustrialización de su propio aparato productivo para abrazar la estrategia minero-energética, la cual, finalmente, llevará a profundizar el dominio del capital financiero especulativo internacional sobre la economía y con ello, a una ruina de la economía nacional y sus productores tradicionales que, inevitablemente traerá consigo, el aumento de la crispación social y las dificultades para la construcción de acuerdos sociales y políticos de las élites, y de éstas con los otros sectores sociales meta-sistema, que mitiguen o resuelvan la confrontación de las diversas clases sociales y sectores sociales afectadas por una locura del Capitalismo global en crisis.
En este marco de conflictividad social, en el cual coinciden hoy cafeteros, carboneros de Cerrejón, plataneros de Urabá, transportistas de mercancías, empleados judiciales, maestros, profesores y empleados universitarios, desplazados reclamantes de sus tierras, comunidades de zonas petroleras, afrodescendientes del Pacífico e indígenas del Cauca y otros, el centro de agenda del actual proceso de negociaciones de Paz, desarrollado en la Habana Cuba, entre altos representantes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. FARC-EP, tiene que ser impactada, por cuanto, no se trata de desmovilizar a unos combatientes sino de buscar fórmulas reales, efectivas y duraderas que permitan superar las causas del conflicto social colombiano, con el fin de crear las condiciones necesarias para acabar, definitivamente, con el conflicto armado.
Mientras la atención a los problemas del pueblo y los trabajadores colombianos no formen parte de la solución del conflicto armado, “el tinto” seguirá amargándole, “supremamente”, la vida a los “señoritos de pumpá” de la oligarquía colombiana.
yoelpmarcano@yahoo.com
