Mientras celebra en Miami un juicio de deportación a un represor salvadoreño con el cual pretende limpiarse de su fama de protector de los represores, Estados Unidos sigue ignorando las solicitudes de varios países de América Latina que reclaman la extradición de unos de los peores asesinos de su historia, refugiados en territorio imperial.


El Departamento de Seguridad Interna (DHS) “armó el show” en Miami – ciudad donde está hospedo el terrorista Luis Posada Carriles – ante el juez de deportación Michael Horn solicitando al funcionario que ordene la deportación del ex ministro de la Defensa de El Salvador, general José Guillermo García en virtud de una ley del 2004 que “permite” que un extranjero vinculado a torturas y ejecuciones sea deportado.


Acusado de haber participado en masacres y violaciones a los derechos humanos, García pretende que nunca logró controlar sus soldados, que torturaban y asesinaban, porque –dice- las fuerzas armadas estaban “divididas entre derechistas e izquierdistas que no obedecían sus órdenes”.


El juicio es por cierto mediático.


En un momento de la audiencia donde García iba a contestar a un pregunta del juez Horn, ocurrió una escena inspirada de un guión de Hollywood cuando un hombre que se dijo salvadoreño, intentó intervenir.


Al contrario de lo que ocurre en las películas norteamericanas del género, donde el testigo sorpresa siempre se expresa y revela la “verdad”, el testigo que solo logro decir que conocía a García, se vio ordenar, bajo amenaza de expulsión, de sentarse y callarse la boca.


“UN CAMBIO POLITICO HISTÓRICO”, DICE EL HERALD


Para el Nuevo Herald de Miami, diario afiliado a la inteligencia norteamericana y a la mafia cubanoamericana, el juicio es “el más reciente ejemplo de un cambio político histórico para el gobierno de los Estados Unidos”.


Esta afirmación algo gratuita es acompañada de una confesión: “Durante gran parte del siglo pasado, las administraciones estadounidenses estaban del lado de los dictadores o comandantes militares de derecha en América Latina, viéndolos como baluartes contra el comunismo”.


Contrario a lo que pretende el Herald, la realidad no corresponde a estas afirmaciones.


Para quienes tienen mala memoria, la guerra civil de El Salvador (1980-1992) dejó 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos. Muchos militares se jubilaron y emigraron a Estados Unidos, incluso después de haber sido denunciados por organizaciones de derechos humanos a asesinatos, secuestros o tortura.


Nada ha cambiado. EEUU sigue como siempre del lado de los políticos que se sometieron al dominio imperial y de los exalumnos de su siniestra “Escuela de las Américas” y demás academias regionales del terror: torturadores, secuestradores y asesinos.


MASACRES CON ASESORES


Tres casos recientes demuestran el tradicional cinismo con el cual se descartan las solicitudes de extradición venidas del Sur.


En octubre pasado, en Argentina, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut, condenó a prisión perpetua a tres imputados por los hechos conocidos como la “Masacre de Trelew”, un hecho de la dictadura militar que costó la vida a 16 jovenes revolucionarios.

En este juicio NO fue juzgado el más repugnante cómplice de este crimen: el ex teniente de corbeta Roberto Bravo, aunque fue localizado en Estados Unidos en 2009 por el diario argentino Página/12.

Detenido en febrero de 2010 después de una denuncia de Argentina, Bravo fue rápidamente liberado bajo fianza y sin indicios de que prospere nunca el pedido de extradición presentado luego.

Bravo es el oficial que se encargó de rematar a los 16 jóvenes revolucionarios. Actuaba a nombre de una dictadura militar cuyas técnicas de represión se inspiraban obsesivamente de los instructores y manuales del norte.

Página/12 también reveló cómo este asesino en serie manejaba en Miami el RGB Group Inc, una empresa que vende servicios médicos… al Pentágono y al DHS.

Muy recientemente también, la justicia chilena anunció la petición de extradición del oficial retirado del Ejército Pedro Barrientos, radicado en Estados Unidos, y protegido por el asilo que le fue otorgado por el Departamento de Estado.

Barrientos es acusado de nada menos que el asesinato del cantautor Víctor Jara.

Barrientos y el oficial Hugo Sánchez Marmonti son coautores del homicidio perpetrado el 16 de septiembre de 1973, a menos de una semana del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende.

En Bolivia, se cumplirán diez años de la huida del ex presidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada a Estados Unidos y de la ‘masacre de octubre’ de 2003, que ocasionó 67 muertos y centenares de .heridos.

Bolivia ha solicitado repetidamente la extradición de “Goni”. Con su arrogancia acostumbrada, el Departamento de Estado apenas contestó que “estudiaba” el pedido.

El ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, interpretó hace poco la actitud de Washington y de sus representantes en su país.

Quintana reveló un dato esencial: “La masacre del 17 de octubre de El Alto estuvo dirigida por Gonzalo Sánchez de Lozada, pero por detrás estaban las manos siniestras de Estados Unidos. El dato que se debe recordar al país es que los funcionarios del grupo militar de Estados Unidos operaron como los asesores de la masacre del 17 de octubre en El Alto”.

Insistió: “Fueron los gringos los que tomaron el mando en el Estado Mayor del Ejército cuando se produjo la masacre pero eso no lo dice ni Juan Ramón Quintana, ni el Gobierno, ni el presidente Evo Morales, lo dicen los oficiales que ese momento vivieron esta penetración vergonzosa del grupo militar de Estados Unidos durante la masacre”.

En Miami, el juicio del exgeneral García tiene las características de una cínica farsa hasta en sus posibles conclusiones. Si el quién manejo esta guerra de exterminación que ensangrentó El Salvador sería deportado.. se beneficiaría de la amnistía que protege todos los ex militares.

Pero con sus 79 años de edad, García tiene poco que temer: ya se prevé que el juez Horn NO anunciará su decisión al término del juicio. Esta aparecerá meses más tarde.

Si el magistrado decreta la deportación, García acudirá a la Junta de Apelaciones de Inmigración en Washington cuya decisión puede apelar al tribunal federal de apelaciones de Atlanta.. Si le falta la suerte, siempre le quedará la Corte Suprema de Justicia.

Entretanto, le sobrará el tiempo para jugar domino. Tal vez con Luis Posada Carriles.

jean.guy.allard@gmail.com