La reciente sentencia de la Juez Penal de la República de Guatemala, Yassmin Barrios, que le impuso al ex-general y presidente dictatorial Efraín Ríos Montt, la pena de ochenta (80) años de presidio por el delito de Genocidio y otros delitos de Lesa Humanidad, no puede concluir con la individualización de la sanción penal contra un individuo, no solo porque es imposible que él solo pudiera ser autor del asesinato sistemático de mas de 1.700 miembros de la etnia itxil, sino porque también, la tales acciones criminales se hicieron en nombre y representación de un Estado cuyos oficiales superiores, oficiales subalternos, clases y soldados de su ejército, lo hicieron como parte de un plan general de exterminio de ese pueblo originario y se cumplió bajo las ordenes de un individuo que, aun siendo ilegítimo su presidencia por emanar de un Golpe de Estado; ejercía plenamente el mando de la Fuerzas Armadas del país y, como tal, era responsable jurídico y político de las ordenes criminales y su ejecución; además de aceptar como legal y legítimo los actos delictivos de sus subalternos.

A pesar de todos los esfuerzos de las élites políticas, económicas, sociales y militares guatemaltecas para impedir en estos 31 años transcurridos desde la sangrienta presidencia dictatorial del general Rios Montt, que se llevara ante los tribunales nacionales e internacionales los crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad perpetrados por este genocida, devenido en “santurrón evangélico” y diputado demócrata del anterior parlamento guatemalteco, la paciente lucha de los sobrevivientes del pueblo itxil, la denuncia internacional de la Premio Nobel de la Paz 1.972, Rigoberta Menchu y la valentía de la Fiscal General de Guatema, Claudia Paz y Paz y la Juez Yassmin Barrios, finalmente fue posible que este sanguinario dictador pudiera ser llevado ante un tribunal y, con el testimonio de las sobrevivientes y familiares de los masacrados, el peritaje forense de los cadáveres rescatados y otros medios irrebatibles de prueba, se condenara una política criminal, cuyos trágicas consecuencias nunca fueron perseguidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ni difundidas por la canalla mediática internacional de la desinformación, salvo por algunos honestos articulistas y una que otra referencia de algún personaje importante en alguna entrevista.

Con la sentencia de primera instancia – todavía queda el largo proceso de impugnaciones de los “mercenarios abogados de la muerte” – no solo se condena a un genocida convicto y confeso, como Rios Montt, sino que se sindica como presuntos responsables de tales crímenes al Estado Guatemalteco en su conjunto, en cuyo nombre y beneficio se ejecutó esas acciones criminales, a la persona de los ministros integrantes del gobierno militar responsable del genocidio, a los oficiales de las Fuerzas Armadas Guatemaltecas – en particular los temibles batallones de “kaibiles” – responsables materiales de tales crímenes, a los mandos superiores de la Policía, a los jueces, fiscales e investigadores judiciales que omitieron cumplir con sus obligaciones de investigar, y juzgar tales crímenes, a los asesores militares y de inteligencia y a los responsables políticos de los gobiernos de los Estados Unidos de América ( de Ronald Reagan) y del ente sionista israelí (Menagen Beguin), quienes armaron, instruyeron y y dirigieron en el terreno el desarrollo de operaciones militares que tuvieron como consecuencia la muerte de los miembros de la etnia itxil y su encubrimiento, porque, todos y cada uno de ellos, en mayor o menor medida, tuvieron conocimiento y/o participación en los hechos que condujeron a tales crímenes y se beneficiaron de sus resultados, sin denunciarlos ante las instituciones correspondientes.

Pero, en lo particular, todo parece indicar que el actual Presidente de la República de Guatemala, general retirado Otto Pérez Molina, identificado con el alias de “Capitán Tito”, quien era capitán del ejército durante el gobierno militar de Efrain Rios Montt y cumplió, en esa época, funciones como oficial de inteligencia en la zona de los itxiles, pudiendo tener algún nivel de participación en los hechos relacionados en la sentencia; la Fiscalía debería iniciar investigaciones penales contra su persona y la de otros altos oficiales que pudieran haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos criminales penados en la histórica sentencia que condenó al temible carnicero, Efraín Ríos Montt; circunstancia que podría afectar su legitimidad como gobernante y por ende, sus relaciones con otros líderes de la región con los tuviera interés de estrechar lazos políticos o de otra naturaleza.

Yoel Pérez Marcano
yoelpmarcano@yahoo.com