Para muchos resulta inconcebible que en Brasil ocurran manifestaciones masivas de reclamos populares en un país donde desde hace 10 años se ha reducido la inmensa asimetría entre ricos y pobres, se han puesto en marcha numerosos programas sociales y más de 32 millones de personas salieron de la escala de pobreza en la que se mantuvieron durante décadas,.
Por primera vez en muchas décadas ocurre esa situación en América Latina, es decir, casi un millones de personas, sin ser convocadas por partidos políticos, salen a las calles a exigir mejoras y rebajas en las tarifas del transporte público, en la atención a la salud y la educación de la población, y lo principal, son aceptadas sus demandas por las autoridades.
En la mayoría de los casos las manifestaciones en Latinoamérica, han sido reprimidas con violencia por las autoridades de turno como ha ocurrido recientemente en Chile con los reclamos de estudiantes por una educación gratuita y las de campesinos colombianos que exigen la devolución de sus tierras arrebatadas para beneficio de compañías transnacionales.
El detonante fue el aumento de 10 centavos de dólar en el transporte público que lo llevó a 1,50 dólar, (cancelado tras las demandas) por los gastos en la Copa Confederación de fútbol y los que se realizan para el Mundial 2014.
Grupos de la derecha tradicional que no aceptan los cambios para bien de la población ocurridos en Brasil desde el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva y continuados por el de Dilma Rousseff, se infiltraron en las demostraciones encabezadas por el Movimiento Pase Libre, para crear violencia y tratar de que fueran reprimidas para que el gobierno sufriera un alto costo popular.
Pero los organizadores se dieron cuenta de la maniobra, (impulsada por los medios de comunicación entre los que se sobresale la cadena informativa Globo) e inmediatamente declararon que sus demandas se realizaban solo por vía pacífica y que en ningún momento solicitarían la democión de Rousseff cuya aceptación popular del 75 % resulta un récord nacional.
Dilma, tras las grandes manifestaciones iniciadas el 17 de junio y que fueron citadas a través de las redes sociales, hizo gala de sus condiciones de estadista y ofreció rápidas declaraciones en las que adelantó tres medidas urgentes.
La primera, elaboración de un Plan Nacional de Movilidad Urbana, que priorice el transporte colectivo; segunda, asignar el ciento por ciento de las regalías que se obtienen por la explotación de petróleo para la educación, propuesta que estará sujeta a debate en el Congreso, y tercera, la contratación de médicos extranjeros para ampliar el servicio del Sistema Único de Salud (SUS).
Cuando el gobierno federal planteó esta última medida hace dos meses, fue bloqueada por el Colegio Médico y por las fuerzas de derecha dentro del Parlamento.
El 24 de junio, la presidente se reunió con alcaldes y gobernadores brasileños y anunció que convocará a un plebiscito para buscar una reforma política en Brasil "que tanto se necesita", y combatirá la corrupción.
Dijo que la población debe decidir, a través de un plebiscito, la creación de una Asamblea Constituyente para que sea esta la que se encargue de una reforma política, cuya necesidad se evidenciada por las protestas masivas.
Reveló una nueva inversión para mejorar el transporte público en las grandes ciudades por alrededor de 25 000 millones de dólares.
Tras reunirse ese mismo día con líderes del Movimiento Pase Libre, significó que "Brasil está maduro para avanzar y ya dejó claro que no se quiere quedar parado donde está". Los movilizados advirtieron que, pese a reconocer los avances tras la reunión con Rousseff, no abandonarán las calles. Es decir, mantendrán el apoyo al gobierno y a la par mantendrán la vigilancia para que se cumplan sus pedidos.
Rousseff también aseguró que se debe dar prioridad especial a combatir la corrupción y propuso establecer penas más severas para los delitos relacionados con la malversación de fondos públicos.
El crecimiento de Brasil ha sido constante en los últimos 10 años, y si en 2007 ocupaba el décimo lugar por el total de su Producto Interno Bruto (PIB), en 2008 superó a Canadá, en 2009 a España para alcanzar la octava posición; en 2010 a Italia y a finales de 2012 esta a solo pocos puntos de Gran Bretaña que ocupa la sexta posición.
La administración de Lula, desde su comienzo en 2002, se ocupó de emprender varios proyectos sociales como Hambre Cero, Bolsa Familia (brindan asistencia a núcleos pobres) y Primer Empleo que facilita a los jóvenes el acceso al mercado laboral, además de los subsidios distribuidos y el aumento del 53 % del salario mínimo desde 2003.
Esos programas han permitido que las capas más desfavorecidas de la sociedad hayan aumentado sus ingresos y tengan más poder adquisitivo lo que impulsa, a la vez, el desarrollo de la economía.
Como complemento directo se suma la financiación de la escolaridad infantil y la elevación del número de los puestos de trabajo, para sacar de la miseria extrema a más de 32 millones de brasileños e ir disminuyendo los altos niveles de criminalidad que existían en esa sociedad.
Los índices de pobreza se redujeron desde el 42 % en 2002 a 20 % en 2011, o sea más de la mitad en nueve años; la tasa de desempleo se fijó a finales de 2011 en 5,2 % (la más baja en toda la historia); mientras diferentes instituciones señalan que se continúa reduciendo la desigualdad y disminuyen las migraciones desde las regiones pobres del campo hacia los centros urbanos.
Pero como afirmó el ministro de Hacienda, Guido Mantega, “aun queda mucho camino por andar pues pese a los avances, Brasil requiere aumentar sus inversiones en el área social, mejorar las infraestructuras en muchos territorios y continuar disminuyendo las asimetrías actuales”.
No parece desacertado afirmar que las actuales manifestaciones en Brasil ayudarán al gobierno a continuar el camino emprendido desde la administración de Lula, en aras de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.
