Aunque se puedan mantener reservas sobre el carácter revolucionario de los acontecimientos desatados el 26 de febrero de 2011, que dieron al traste al gobierno autocrático y represivo del “Rais” Hosni Mubarak en Egipto, debe existir pocas dudas que el sentido de quienes la promovieron y la expresión electoral de la mayoría de los votantes egipcios confirman que se trató de una acción revolucionaria de masas dirigida al derrocamiento de un sistema impopular, tiránico y corrupto y crear otro a partir del cual se pudiera generar un nuevo relacionamiento entre los distintos componentes sociales, religiosos, étnicos y políticos del milenario país de las Pirámides y se mejoraran las condiciones y esperanzas de vida los millones de egipcios atrapados en la miseria y gobernados por minorías de obscena opulencia.
Sin embargo, estaba visto que el infinito arcoíris social y político que se agolpaba día y noche en la Plaza Tahrir, de El Cairo, en los meses de marzo, abril y mayo de 2011, desafiando la acción de la Policía y los grupos de choques del Partido Nacional Democrático de Mubarak y, las maniobras amenazantes de los tanques del ejército, tenía poca coincidencia programática porque, en ese movimiento de movimientos espontaneo y sin concierto, se fusionaban los miembros y seguidores de la Hermandad Musulmana eternamente perseguidos y reprimidos por los gobiernos pos-nasseristas, las corrientes salafistas islámicos de Al Nur, los partidos laicos de la izquierda y el liberalismo egipcio y el movimiento sindical y los grupos juveniles emergentes; cada uno de los cuales tenía su propia reivindicación, dirección y forma de lucha por lo que, luego de la “renuncia” de Hosni Mubarak, era previsible la fragmentación de este cuerpo social en lucha y se abriera un nuevo proceso para construir alianzas y ganar apoyos populares para imponer sus visiones y propuestas para la solución de la crisis del país.
Como un factor inestimable de este cuadro de crisis política y conmoción social estuvo muy activa el Alto Mando de la Fuerza Armada Egipcia; la mejor dotada y entrenada de los Estados árabes y que contaba con el apoyo y financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, para que sirviera de contención del radicalismo islámico, garantizara el respeto a los acuerdos suscrito con el Estado de Israel y sirviera de árbitro ex oficio de las controversias pos-Mubarak que habrían de presentarse y que, pese a todas las presiones, logró mantener su unidad de mando bajo la vieja guardia mubarakista y convertirse en el “Poder detrás del Trono” en el proceso de transición.
Los hechos fueron demostrando que la llamada “La Primavera Arabe” en Egipto de no ha pasado de ser una Revolución Inconclusa porque, casi todo el estamento del viejo Estado corporativo egipcio que en 40 años edificaron los general Anwar el Sadat – asesinado por los Hermano Musulmanes el 06 de octubre de 1.981, en venganza por la firma del acuerdo de Paz con Israel – y sus sucesor, Hosni Mubarak, fue mantenido intacto, por lo que el ejército, la policía, la Judicatura, los sindicatos y los gremios corporativos se convirtieron en factores de contención de los cambios planteados por lo más diversos sectores agrupados en la oposición triunfante, llegando incluso a reclamar la libertad de Mubarak y el cese a de los juicios contra los responsables del asesinato de más de 850 egipcios fallecidos en las protestas.
Aún fraccionados los factores de cambios, era evidente la derrota política del régimen y el ascenso del islamismo militante representado por los Hermanos Musulmanes y el movimiento integrista Al Nur quienes, reivindicando el carácter islámico de Egipto y de la Sharia como ley suprema de los musulmanes, alcanzaron la mayoría aplastante en el Congreso y la Comisión Constituyente frente al laicismo de izquierda y derecha, los cristianos coptos y los restos del mubarakismo, quienes no les quedó otro recurso que replegarse en los tribunales para intentar anular la Constitución aprobada por la mayoría del Parlamento y confirmada por el pueblo mediante referendo, suspender la Asamblea Legislativa y declarar ilegales los decretos supremos aprobados por el presidente Mursi, con el fin de adelantar las medidas de orden público y seguridad, de atención a los agudos problemas sociales y de cambios importantes en la dirección política del gobierno; inicialmente integrado con personajes de los Hermano Musulmanes pero también provenientes de otros grupos y de independientes.
Hoy, luego de un año de gobierno del presidente Mohamed Mursi, la Revolución Inconclusa egipcia entró un proceso de confrontación con los mismos actores del viejo y nuevo establecimiento, las mismas fragmentaciones en la visión del proyecto de país pos-Murabak, un ejército que pretende seguir secuestrando la soberanía popular, jugando el papel de árbitro político en sintonía con el gobierno de los Estados Unidos, mientras los Hermanos Musulmanes se mantienen firmes – aún sin el apoyo de sus aliados salafistas de Al Nur – frente a la pretensión antidemocrática de quienes se reúnen en la emblemática Plaza Taskhir de pedir la renuncia de Mohamed Mursi y la creación de un gobierno de “Unidad Nacional”, lo cual de producirse, lejos de estabilizar el país, abrirá un nuevo ciclo de confrontación y represión que podría sumir a Egipto en una Guerra Civil como la sufrida por Libia y que hoy afecta a Siria; ello con la complacencia del ente sionista israelí que teme al programa arabista e islámico de los Hermanos Musulmanes, su alianza con Irán y su apoyo a la causa palestina.
En el fondo, la crisis egipcia es tan cultural como social y política porque lo que está en medio de la conciencia que moviliza a uno y otro sector del pueblo egipcio es reconstruir la nación egipcia a partir de su milenaria historia de pueblo árabe y religión islámica o, seguir con el proceso de “occidentalización” que la ha llevado a perder parte de su identidad y subordinarse indignamente a los dictados del gobierno de los Estados Unidos y el ente sionista israelí. Y no parece existir hoy, una tercera vía.
Yoel Pérez Marcano
